Una nueva propuesta de reorganización para la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha vuelto a poner en primera plana la discusión de una posible reforma para el sistema de enseñanza pública de educación superior del País. Durante los últimos años la UPR ha experimentado cambios en algunas de sus estructuras que han sido avalados por unos y rechazados por otros. Sin embargo, el informe preparado por el Comité Asesor del Gobernador propone cambios trascendentales al sistema de la UPR.
Desde la publicación en el mes de enero del informe “Cambio de Rumbo para dar Pertinencia a la Educación Superior en el Siglo 21”, múltiples sectores de la comunidad universitaria han discutido y opinado sobre el escrito, que por el momento, continúa bajo evaluación.
No obstante, todavía hay muchos que han mostrado desconocimiento del documento que presenta una visión de lo que podría ser la UPR.
Pero, ¿qué implicaciones tendría su implantación? ¿Qué opinan los diferentes componentes de la comunidad universitaria? ¿Cuándo se debería instaurar una reforma en la UPR? Antes de conocer qué tienen que decir los estudiantes, los profesores y la administración, vale la pena repasar las distintas instancias en que han ocurrido cambios en la estructura de la UPR a través de su historia.
Trasfondo histórico
La Universidad de Puerto Rico es considerada como el primer centro docente del País. Desde su fundación, en el año1903, se ha dedicado a educar a la ciudadanía puertorriqueña. De ser un sistema de escuelas y departamentos se ha convertido en una gran academia con once planteles alrededor de toda la Isla. Precisamente, ese crecimiento es lo que ha ocasionado la reorganización de la Universidad en distintas instancias.
Tal y como señala la historia de la UPR, publicada en la página electrónica de la Universidad, su primera reorganización ocurrió en el 1923. Para aquel entonces la Ley Universitaria de 1923 independizó a la UPR del Departamento de Instrucción Insular. Además, estableció la Junta de Síndicos como junta de gobierno y creó el puesto de rector.
Más adelante, para el año 1966, la Ley Núm. 1, conocida como la Ley de la Universidad de Puerto Rico, convirtió a la UPR en un sistema de tres recintos (Río Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas) y una administración de colegios regionales bajo la dirección de un presidente. Además, creó una Junta Universitaria con representación de todos los recintos y los colegios regionales existentes y cambió el nombre de la junta de gobierno a Consejo de Educación Superior. Luego, para el 1967, se crearon los colegios regionales de Arecibo, Cayey y Humacao. A éstos le siguieron los colegios de Ponce (1969), Bayamón (1971), Aguadilla (1972), Carolina (1973) y Utuado (1978). Ya para el 1993 la Ley Núm. 16 del 6 de junio divide las funciones del Consejo de Educación Superior y delega las funciones de gobierno de la UPR a “una Junta de Síndicos de nueva creación”.
Uno de los cambios más recientes efectuado a la Universidad fue introducido por la Ley Núm. 186 del 7 de agosto de 1998, la cual otorgó autonomía a los colegios regionales (según disponía la Junta de Síndicos), convirtiendo la UPR en un sistema universitario de “once unidades autónomas”.
Finalmente, la reorganización más reciente de la Universidad fue efectuada a través de una enmienda introducida por la Legislatura de Puerto Rico a la Ley de la UPR. En junio del año 2010, mientras la Universidad confrontaba uno de los más recientes conflictos estudiantiles y administrativos, se aumentó la cantidad de síndicos de la Junta de 13 a 17, estableciendo un término de servicio de 10 años para sus integrantes.
Esa última reorganización en el sistema universitario levantó grandes críticas por parte de varios sectores de la comunidad universitaria y en estos momentos los roces por la diferencia de opiniones no parecen detenerse.
La redacción de un informe en el cual se propone una nueva reorganización del sistema de la UPR ha puesto en el ruedo la discusión de un tema que, aunque se esperaba, no parecía ser inminente.
Reforma universitaria, ¿ahora?
No es el momento para introducir una reforma en el sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR). A esa conclusión llegaron varios integrantes de la comunidad universitaria que fueron entrevistados sobre el informe “Cambio de Rumbo para dar Pertinencia a la Educación Superior en el Siglo 21”. El documento fue elaborado por el Comité Asesor sobre el Futuro de la Educación Superior en Puerto Rico tras la aprobación de la Orden Ejecutiva 15 del 29 de abril de 2011, del gobernador, Luis Fortuño Burset.
El informe del Comité Asesor del Gobernador fue redactado por siete integrantes entre los que se encuentran la expresidenta de la Junta de Síndicos, Ygrí Rivera, el expresidente de la Universidad, José M. Saldaña, y el director del Centro de Recursos para Ciencias e Ingeniería de la UPR, Manuel Gómez.
Según se expresa en el documento, “Puerto Rico necesita urgentemente un nuevo modelo económico para adelantar su desarrollo y ese nuevo modelo tiene que estar basado en el conocimiento”. Por ende, entienden que el eje central de ese conocimiento debe ser “la innovación basada en la ciencia, la tecnología y la investigación”.
Con ese objetivo como norte, el Comité Asesor del Gobernador definió la UPR como una compleja “Multi-Universidad” con un esquema organizativo, una gerencia académica, gobernanza y administración que “no resultan apropiadas para los retos del Siglo 21”.
Así, luego de evaluar tres posibles escenarios para reformar la Universidad decidieron dirigirse por “El Golpe de Timón”. Esta alternativa propone la división de la UPR en tres recintos graduados (Mayagüez, Río Piedras y Ciencias Médicas) y el resto para estudios sub-graduados. Esta posibilidad fue escogida tras comparar a la UPR con el sistema de educación superior del estado de California.
Además, se contempla la posibilidad de crear una “Unidad de Educación a Distancia”, la eliminación de la Junta Universitaria (cuerpo constituido por un representante de los senados académicos de cada recinto) y su remplazo por la “Junta Asesora del Presidente”. En este caso, el cuerpo estaría conformado por el presidente de la UPR, los rectores del sistema, el director de finanzas, los vicepresidentes de asuntos académicos e investigación y estudios graduados, dos miembros de la facultad y un estudiante del sistema universitario
De otro lado, proponen la eliminación del Sistema de Consulta para seleccionar al presidente de la Universidad y su sustitución por un proceso de “Búsqueda, Evaluación y Selección”.
Asimismo, el informe sugiere la creación de líneas de plazas de profesores con opción a permanencia presentando tres alternativas para la contratación de catedráticos: permanencia incondicionada, permanencia condicionada y contrato.
Por otra parte, el Comité recomienda que se continúe utilizando la fórmula del 9.6 por ciento para allegar fondos a las arcas de la Institución. Sin embargo, proponen la inclusión de estrategias que diversifiquen las fuentes de financiación de la Universidad.
Finalmente, el informe señala el problema de gobernanza que ha tenido la Institución por “un choque de visiones encontradas”. A esto le llaman el “co-gobierno universitario”. El Comité indicó que las universidades “generalmente hablando” cuentan tradicionalmente con un nutrido grupo de profesores y estudiantes de ideologías de izquierda y que durante las pasadas décadas grandes sectores de las humanidades y de las ciencias sociales han adoptado una filosofía postmodernista, no simpatizante con las ciencias.
“Desde un principio en la Universidad de Puerto Rico ha existido un grupo sustancial del profesorado que es de esa misma persuasión, particularmente en las facultades de Ciencias Sociales y Humanidades. (…) La realidad es que por décadas estos grupos llevan promoviendo un proceso de latinoamericanización de la UPR”, esboza el documento en sus páginas 12 y 13.
Por eso, el Comité Asesor del Gobernador recomienda que la nueva ley de la UPR debe poner énfasis en “la misión de preparar seres capacitados para la altura de los tiempos” y recalca que “el nacionalismo extremo, aislacionista y culturalmente exclusivista no tiene cabida en la Universidad del Siglo 21”.
Pero, ¿qué opina la comunidad universitaria de esta propuesta para reformar la UPR?
“La reforma debe salir desde la Universidad”
Para René Vargas Martínez, presidente del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras, la reforma debe salir desde la comunidad universitaria. “El CGE logró crear una propuesta estudiantil alterna al informe del Comité Asesor a través del Comité de Reforma Universitaria (CRU). Esto se hizo en el caso que la Legislatura presentara un proyecto de reforma universitaria en los próximos dos meses”, indicó.
La creación de una propuesta por parte del CGE de Río Piedras permitió la discusión de la comunidad estudiantil en ese recinto de lo que podría ser una reforma para la Institución. “Entiendo que lo que debe surgir es una propuesta unitaria de la comunidad universitaria y sería algo más contundente hacia la Legislatura o a los poderes políticos del País”, señaló.
Vargas Martínez, quien también fungió como síndico estudiantil, argumentó que el informe del CGE es uno bastante completo en donde se discuten diversos aspectos de la Universidad. De otro lado, una de las grandes preocupaciones del presidente del CGE es la concepción de la Universidad que presenta el informe del Comité Asesor.
“Me preocupa su concepción de universidad y cómo a través de una reforma se quiere imponer. Otra de las cosas que más preocupa a los estudiantes es la eliminación casi total de la poca participación que teníamos en los distintos foros de gobernanza, entiéndase Junta de Síndicos, Junta Universitaria y los Senados Académicos”, manifestó.
El estudiante de la Escuela de Derecho explicó que en el caso de los senados académicos pasarían a ser totalmente consultivos y no tendrían jurisdicción absoluta de los asuntos académicos. “Básicamente se le echa la culpa al sistema actual de gobernanza, en donde hay participación estudiantil y claustral, de los problemas actuales de la UPR cuando en realidad los estudiantes y los profesores son una ínfima parte de la estructura de gobernanza”, explicó. Vargas expresó que la mayoría de las decisiones tomadas por la administración se han hecho por líneas partidistas a través de los síndicos que dirigen el sistema.
“Hablan de co-gobierno y en la UPR no hay co-gobierno. Aquí nosotros no gobernamos en igualdad con los administradores, al contrario, tenemos una participación nominal que nos permite llevar asuntos de la comunidad universitaria. Ahora mismo no es ni efectiva porque simplemente la mayoría de lo que uno presenta es descartado en la Junta de Síndicos por su mayoría avasalladora”, acotó.
Vargas Martínez dijo que la visión de universidad que se quiere implantar sería detrimental para el País. No obstante, coincide en que es necesario reformar la UPR. “Todos estamos de acuerdo con que hace falta reformar la UPR. Tal vez un tiempo razonable sería un año o año y medio para que la comunidad discuta y presente una propuesta. La estructura actual no sirve y por eso es que precisamente nosotros presentamos nuestra propuesta, la cual todavía está abierta a discusiones, sugerencias y cambios”, esbozó.
De otro lado, para la estudiante de estudios graduados, Nerivaliz Villafañe Colón, el informe está un poco incompleto y cree que le hace falta abundar en algunos temas. “Por ejemplo, cuando habla de que los recintos de Río Piedras y Mayagüez pasarían a ser recintos graduados y de investigación creo que falta abundar un poquito más en qué va a ocurrir con los estudiantes sub-graduados. Hay que ver si los estudiantes se moverán a otros recintos, simplemente dice que se va a fomentar la investigación a nivel graduado pero no entran en muchos detalles”, enunció.
Villafañe Colón, estudiante del programa graduado del Recinto de Río Piedras, dijo estar de acuerdo con la promoción de la investigación y que se cree una cuenta en la UPR en donde se alleguen los fondos de las investigaciones. “Creo que eso es una manera de independizar la Universidad fiscalmente del gobierno y crearía una verdadera autonomía universitaria”, señaló.
La expresidenta del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Humanidades dijo que está de acuerdo con la eliminación del “actual co-gobierno” de la universidad latinoamericana. “Yo sé que muchos lo defienden pero, a mi entender, creo que los profesores y los estudiantes no deberían estar interviniendo con las decisiones administrativas”, enfatizó. La joven añadió que no debería haber estudiantes y profesores tratando de obstaculizar la labor a pesar de que cree que se debe considerar la opinión de éstos sectores.
De otro modo, la estudiante favorece que se “emule” el sistema universitario estadounidense porque cree que ha sido uno muy próspero. No obstante, Villafañe Colón opinó que el informe del Comité Asesor debería considerarse como un bosquejo y no un proyecto final porque “habla muy por encima de muchas cosas y no se detalla debidamente como se supone”.
¿Y qué opina el claustro?
Para la profesora Carmen Centeno, de la UPR en Bayamón (UPRB), el informe no toma en cuenta a todos los sectores de la Universidad. “Toda universidad que se precie de serlo tiene que estar gobernada por estudiantes, profesores, el personal que allí trabaja y sobre todo debe estar despolitizada”, dijo.
“Así se hace en los Estados Unidos, cada vez que hay un presidente nuevo no se cambian los rectores o los presidentes de las universidades”, agregó.
Precisamente, la educadora del Departamento de Español señaló que la comparación del sistema puertorriqueño de enseñanza pública con el californiano obedece a una ola de neoliberalismo y privatización. “Las directrices de las Naciones Unidas a través de la UNESCO son que debe haber mayor inversión en la educación en todos los niveles y mayores vínculos sociales por parte de las instituciones educativas”, comentó.
Por otro lado, cree que la posibilidad de separar los recintos en graduados y sub-graduados centraliza la investigación. “Existimos investigadores en los demás recintos que no tenemos recursos para la investigación. Si la investigación se divide equitativamente en los distintos recintos habrá un florecer de la Universidad”, mencionó.
“Yo creo que éste no es el momento para una reforma universitaria”, dijo el profesor Carlos Colón de Armas al ser cuestionado sobre el informe del Comité Asesor. Para el catedrático, el mayor problema que enfrenta la Universidad en este momento es una “falta grande de confianza entre los componentes de la comunidad y cree que ha habido unas grandes fallas en los altos niveles administrativos de la Institución”.
El profesor de la Escuela Graduada de la Facultad de Administración de Empresas del Recinto de Río Piedras (UPRRP), entiende que ahora no hay el ambiente para impulsar una reforma y que primero se debe buscar la armonía y la confianza para discutir la posibilidad de reformar la UPR. “En un clima en donde no se están claras las intenciones de quienes están sentándose a la mesa a una reforma no es el momento”, puntualizó.
Colón de Armas fue más enfático y dijo que el informe no debe ser utilizado como base para elaborar una reforma universitaria. “Ese informe demuestra un craso desconocimiento de la UPR, una animosidad de quienes lo redactaron hacia la Universidad y ese no puede ser el punto de partida de una reforma universitaria”, acotó.
El excandidato a rector del recinto riopedrense indicó que no cree que el informe sea un ejercicio honesto y sincero de una reforma. “Eso tiene otros propósitos que no son la base de una reforma universitaria”, añadió.
Al conversar sobre la propuesta de financiamiento para la UPR, Colón de Armas apuntó que la división de recintos graduados y sub-graduados es una estrategia cuya finalidad es fiscal. “Fíjese que una de las cosas que se plantea desde hace un tiempo es que hay que buscar fuentes alternas [de financiamiento]a la Universidad y entonces han estado mirando hacia fuentes privadas de fondos para nutrir las arcas de la UPR. Entonces, la investigación allega fondos externos, pero eso está dirigido a ciertas áreas académicas. El problema es que hace poco la Fundación Nacional de Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés) tomó una acción bien negativa hacia la UPR en términos de detener los fondos que recibe la Institución y en gran medida poner un alto a toda consideración de propuestas de investigación de la UPR. Yo creo que cuando uno mira los señalamientos que esa Fundación hace, demuestra que esa estrategia de mirar hacia las propuestas como la forma de financiar las actividades ordinarias de la UPR es la equivocada”, puntualizó.
“Si las personas que redactaron el informe fueran verdaderamente sinceras en lo que plantean, estarían planteando aumentos salariales al personal docente, reducciones en carga y un cambio en la forma en que se nombran los síndicos y no lo están planteando. No están planteando una verdadera reforma, están molestos con la Universidad y lo han reflejado en un informe que no contribuye en nada al debate”, finalizó.
Con él coincidió la profesora Ana Matanzo, de la Escuela de Derecho de la UPR. Precisamente, una de las mayores preocupaciones de la licenciada Matanzo, es que la propuesta “parte de una visión prejuiciada de lo que es la Universidad”. La letrada entiende que el informe tiene unas serias deficiencias ya que solo se nutre de una particular visión de cuáles son los problemas de la Universidad.
“Están patentemente resaltados esos prejuicios y esa visión tan sesgada en la página 12 y 13 del informe cuando identifica como uno de los principales problemas la diversidad de credo político, visión de mundo y filosofía, como uno de los principales defectos de la Universidad, cuando debe ser todo lo contrario”, enunció.
Para la licenciada Matanzo el informe está copiando el modelo gerencial empresarial “donde las decisiones se toman desde arriba y se ejecutan por la base”. “El arrebatarle a la comunidad el poder hacer la toma de decisiones en los temas de su particular conocimiento para centralizar en una gerencia esa toma de decisiones no es buena idea pues atenta contra la excelencia del proyecto”, aseveró.
“En realidad el informe es tan deficiente que la única razón por la que lo estamos discutiendo es porque viene del poder. Los senados académicos sostuvieron una asamblea sistémica el 28 de abril en Ponce y el resultado del cónclave fue el rechazo unánime al informe”, anunció Matanzo.
Otra de las personas en desacuerdo con el contenido del informe del Comité Asesor lo es la profesora Elsa Arroyo, del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM). “No se puede legitimar ni siquiera como un punto de partida para una discusión por la forma en que fue creado.
Sobre todo, nos ha molestado bastante que ese informe niega la calidad académica y el prestigio de la UPR del cual nos hemos sentido orgullosos los docentes a través de la historia”, abundó.
Arroyo dijo que el documento no tiene la profundidad pedagógica y administrativa al exponer unas posturas prejuiciadas hacia lo que ha sido la universidad pública. “La división de recintos en estudios graduados y sub-graduados son propuestas que hace tiempo personas han lanzado y han recibido el rechazo de la comunidad porque creemos que no resuelven nada”, sostuvo.
La catedrática del Departamento de Estudios Hispánicos señaló que el informe lo que representa es el deseo de tener un mayor control sobre la UPR. Del mismo modo, Arroyo opinó que se pretende establecer un grupo élite de profesores que tendrían permanencias y ganarían más e incluso podrían ser reclutados fuera del País. “Proponen aumentar el tiempo de las permanencias cuando en la UPR es donde más tardamos para tener permanencia. Cinco años les parece poco, hablan de aumentarlas a siete y eso es para quienes tengan el privilegio, porque habría otro grupo mayoritario que sería como una casta inferior que estaría trabajando sin ciertos beneficios y con menor salario”, advirtió.
Al igual que en el RUM el descontento con la propuesta del Comité Asesor se extiende hasta integrantes de la comunidad universitaria en el Recinto Universitario de Aguadilla (UPRAg). El doctor Nelson Vera dijo estar en contra de la posible eliminación de la Junta Universitaria por ser el cuerpo regente en donde los profesores y los estudiantes tienen la oportunidad de presentar sus necesidades y fiscalizar todo el proceso administrativo universitario. “Me parece que es un retroceder a todo lo que ha sido la lucha de las instituciones de educación superior a través de la historia, en especial la de la UPR”, explicó.
De otro lado, Vera opinó que las sugerencias presentadas para la contratación de personal docente tratan de incorporar una nueva categoría laboral que va en contra lo que han sido las luchas obrero-patronales a través de la historia. “No pueden haber permanencias parciales y permanencias completas: o es permanencia o no es permanencia”, denunció. El profesor del Departamento de Ciencias Sociales dijo que en el sistema hay compañeros que llevan más de ocho años trabajando por contratos anuales o contratos semestrales, lo que también dificulta la contratación de personal de calidad.
Finalmente, para el profesor del campus riopedrense, José Garriga Picó, el informe del Comité Asesor se debe considerar como una propuesta para partir hacia la construcción de una nueva reforma para la UPR. “En este momento no hay un proceso de reforma universitaria.
Hay una opinión más de las muchas que yo he escuchado a través de los años sobre cómo debe reformarse la Universidad”, opinó.
Garriga Picó estuvo de acuerdo en que es necesario crear una reforma universitaria para la Institución, pues desde hace mucho se tenía que hacer una reorganización. “La Universidad necesita una reforma que sea profunda y que se lleve a cabo de la manera más expedita posible”, comentó.
El catedrático del Departamento de Ciencia Política dijo que la reforma no debe discutirse durante este año pues ésta tiene que ser un ejercicio fundamentalmente académico y no debe llevarse a cabo dentro de un clima políticamente cargado. “Mi opinión es que esa propuesta debe permanecer ahí y el año que viene debe establecerse un proceso por el cual se discuta de manera profunda una reforma dentro de la Universidad y Universidad”, indicó.
Ve más de este tema en la edición de abril-mayo 2012.
Ve el informe aquí:
