Mientras la incertidumbre por las miles de cesantías de empleados públicos es palpable en diversas agencias del gobierno de Puerto Rico, el Primer Ejecutivo, Luis Fortuño reiteró que no tenía más alternativas y que los despidos no responden a la capacidad de trabajo de los desplazados, sino a una crisis general. Manifestaciones, amenazas de bomba y el despliegue de la Policía fueron escenas que se vivieron en varias instalaciones gubernamentales donde se despedirían empleados. En total, el gobierno cesanteó a 10,401 empleados públicos durante la primera ronda de la segunda fase del Plan de Estabilización Fiscal y Económica adoptado por la administración Fortuño. “Que quede bien claro para cada una de estas personas que puedan verse envueltos en esta fase que esta decisión de ninguna forma es un reflejo de su capacidad profesional y de la capacidad de trabajo de nuestra gente. Creemos en la productividad y el talento de cada uno de los puertorriqueños y puertorriqueñas, y por tal razón es que queremos continuar actuando con la mayor sensibilidad hacia cada uno de ellos y sus familiares para que la transición pueda ser una ordenada”, expresó el Gobernador en conferencia de prensa desde La Fortaleza. Una vez más, insistió en que Puerto Rico atraviesa por una crisis y culpó a la pasada administración del opositor Partido Popular Democrático por la situación que atraviesa el país. “Nos tocó a nosotros recoger los platos que rompieron otros”, dijo. Fortuño reiteró que la alternativa a los despidos era aumentar los arbitrios a la gasolina., el impuesto de ventas y uso (IVU) y otras contribuciones a la clase media. De los 10,400 empleados públicos cesanteados, 6,797 son trabajadores transitorios, 210 empleados por contrato y 809 empleados de carrera. Las agencias más afectadas con los despidos son: Educación, Salud, Hacienda y la Administración de Familias y Niños. En la Autoridad de Energía Eléctrica también quedó cesante un centenar de trabajadores. En el caso de Educación, donde se despidieron a 5,000 maestros transitorios, se anticipó que el número no es definitivo, pues en agosto necesitarán educadores en las aulas. Sin embargo, el número a reclutar dependerá de la matrícula. Fortuño dijo que uno de los roles prioritarios del gobierno en la ejecución de este plan es “dar apoyo a las familias”.“Por supuesto que este proceso es uno difícil para todos los envueltos incluyendo, definitivamente, a cada uno de nosotros”, sostuvo el Primer Ejecutivo. En la conferencia se argumentó que los empleados regulares en el gobierno tienen más derechos que los transitorios. Fortuño anunció una serie de programas para brindar ayudas psicológicas y económicas a los despedidos. Las críticas a los despidos por el golpe a las familias y a la economía no se hicieron esperar. Líderes sindicales, políticos y cívicos criticaron la acción del gobierno. En diversas agencias hubo manifestaciones, mientras que en lugares como el Departamento de Hacienda y Salud hubo amenazas de bomba.