Los exrectores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Juan Ramírez Silva y Juan Varona Echeandía, se declararon culpables ayer por su participación en el fraude del programa Crece-21.
Varona Echeandía, exrector de la UPR en Cayey, hizo alegación de culpabilidad ante el tribunal en cargos por Infracción al Artículo 192 del Código Penal de 2004 (apropiación ilegal menos grave, debido a la cuantía). Se benefició de $300.00 y restituyó $1,000.00. Tiene pautada la vista de sentencia para el 11 de abril de 2019, según informó en un comunicado de prensa la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei).
Ramírez Silva, exrector de la UPR en Arecibo, hizo alegación de culpabilidad en tres cargos: uno, por infracción al Artículo 255 del Código Penal 2004 (aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios) otro por, infracción al Artículo 192 (apropiación ilegal menos grave, debido a la cuantía).
Además, aceptó su responsabilidad por haber infringido el Artículo 4.2 (q) de la Ley de Ética Gubernamental. Dicho artículo estipula que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.
De acuerdo con las acusaciones, el exrector se benefició ilegalmente de $40.00 y deberá restituir $1,000.00. La vista para dictar sentencia en su contra quedó señalada para el 2 de mayo de 2019, de acuerdo con el comunicado de la Opfei.
Se informó, por otro lado, que bajo el acuerdo Ramírez Silva tendría que cumplir tres años de probatoria, mientras que Varona Echeandía, 270 días.
Otra de las acusadas en este caso, Adaliz López Hernández, quien fungió como coordinadora del Proyecto Crece 21 en Arecibo y Utuado y ayudante especial de Ia exrectora de la UPR en Utuado y actualmente acusada en este esquema de fraude, Yanaira Vázquez Cruz, llegó a un preacuerdo para declararse culpable en 18 cargos graves, por infracciones a los Artículos 255 y 193 del Código Penal de 2004.
Igualmente, aceptó su responsabilidad por una infracción al Artículo 4.2 (q) de la Ley de Ética Gubernamental. El acuerdo le exige la restitución de los $6,600.00 en que se benefició.
La vista de alegación de culpabilidad quedó pautada para el 19 de marzo de 2019, ante el Tribunal Superior de San Juan.
Por su parte, la exrectora de Utuado, Yanaira Vázquez Cruz, enfrenta 13 cargos graves y tiene pautada una vista de estatus el próximo martes, 26 de febrero de 2019. A la fecha, no hay ningún preacuerdo sobre las acusaciones que enfrenta, según informó la Opfei.
Estos funcionarios enfrentaron cargos por los delitos de fraude, malversación de fondos públicos y apropiación ilegal agravada del programa de Certificación y Re-Certificación, mejor conocido como Crece-21.
Este programa fue desarrollado, durante la presidencia de Miguel Muñoz (2011-2013), entre la UPR y el Departamento de Educación con el objetivo de adiestrar a maestros en materias de difícil reclutamiento.
El esquema consistió en defraudar al programa Crece-21 con compras que realizaban los acusados para su uso personal, pero haciendo creer –mediante falsificación de documentos y ayuda de empleados del hotel Caribe Hilton– que estas estaba relacionadas con los talleres de certificación para maestros que se realizaron en la hospedería.
Las compras incluyeron servicios de spa, cenas en restaurantes, gastos en barras, pago de habitaciones, compra de ropa y calzado de marcas reconocidas, fiestas, y productos para la piel y el cabello, entre otras. El Departamento de Justicia estimó que $73,000 fueron malversados como parte de los hechos ocurridos entre junio del 2011 y noviembre del 2012, según reportó Diálogo en Julio de 2017.
Los cargos fueron presentados por los fiscales Emilio Arill García y Manuel Núñez Corrada de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.
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