El director de Centro de Recursos e Ingeniería (CRCI) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), doctor Manuel Gómez, negó en entrevista a Diálogo haber recibido pagos por sueldo y compensación ascendentes a $300 mil dólares, aparentemente provenientes de los $6.9 millones de dólares que aprobó la Junta de Síndicos de la UPR el pasado mes de enero para continuar proyectos de investigación que se vieron afectados, tras la suspensión de fondos de la National Science Foundation (NSF).
“Yo garantizo que Manuel Gómez no ha cobrado un centavo de esos $6.9 millones, garantizo que no he gastado un centavo de los $6.9 millones para mi compensación. Todo mi dinero se ha pagado de fondos que ya había recibido el Centro a través de lo que se llama costos indirectos”, sentenció Gómez.
El monto de $6.9 millones de dólares proviene de la línea de crédito que tiene la UPR con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). En el voto explicativo de los síndicos Ana Matanzo, Carmen Ana Miranda, Christopher Torres Lugo, Isabel Picó y Carlos Pérez, argumentaban las razones por las cuales habían votado en contra de la enmienda al presupuesto funcional de la UPR para autorizar la otorgación de ese dinero a varios de los proyectos que se les había suspendido fondos de la NSF.
Según Cristopher Torres, síndico estudiantil de la UPR, a los miembros de esta junta no se les entregó ningún documento que desglosara de manera específica cómo se iba a gastar la suma de dinero.
“Aunque de la certificación se desprende que es para correr las investigaciones, por lo que incluye el salario de los investigadores”, explicó Torres.
Sin embargo, Gómez insistió en que no había recibido sueldo ni compensación alguna proveniente de ese dinero, que se aprobó, según el investigador, para salvar varios proyectos investigativos y el trabajo de estudiantes post doctorales, doctorales y graduados.
“Se usaron para materiales, para viajes esenciales de investigadores y estudiantes, no son viajes de placer, son viajes a conferencias, se usaron para pagar ayudantías de investigación, becas graduadas y ayudantías de investigación a loa estudiantes post doctorales”, explicó el director del CRCI, que recibe $67 millones al año de agencias federales para investigación.
Uso de fondos de costos indirectos
Los síndicos destacaron y denunciaron un mal uso de los fondos generados de costos indirectos de los proyectos investigativos. Según el documento que explica el voto, gran parte de los fondos de costos indirectos retenidos por el CRCI y que se originan en proyectos subvencionados tanto por la NSF, como por otras agencias, le corresponden en justicia al Recinto de Río Piedras y al Recinto Universitario de Mayagüez. El fin de estos costos es, según los síndicos, cubrir los gastos de apoyo a la infraestructura asociada a los proyectos subvencionados con fondos federales, como agua, electricidad, mantenimiento de las instalaciones y pago de personal no docente, entre otros.
“Basado en estos precisos criterios es que periódicamente la Institución negocia con el gobierno federal el por ciento de costos indirectos que se aprueba por propuesta. En el caso del CRCI, esos fondos no parecen llegar a los recintos que albergan los proyectos que generan los gastos, sino que se retienen en el CRCI, impactándose así negativamente los presupuestos de esos recintos, que tienen que continuar sufragando los costos de la infraestructura necesaria para sostener los proyectos”, sentenciaron los síndicos.
No obstante, según Gómez, parte del dinero de costos indirectos que pasa al fondo general de la UPR, se le devuelve al CRCI con el fin de incentivar la investigación y continuar preparando propuestas. El investigador asegura que se trata de dinero que él ya había generado por méritos de sus proyectos.
“Lo cobro todo de los fondos generados de los costos indirectos, que no son los costos indirectos, por lo tanto, no le cuesta nada a la universidad porque no salen del fondo general regular, sale de algo que yo lo traje, que me lo devuelven y la prueba de que somos exitosos es porque tengo tantas propuestas, y, ¿para qué es ese dinero? Para que traiga propuestas”, defendió Gómez.
Los miembros claustrales de la Junta de Síndicos denunciaron este esquema argumentando que el director del CRCI era el propio administrador del dinero de costos indirectos que se le otorgaba al Centro, es decir, que él mismo se asignaba sus compensaciones, lo cual representaba un conflicto de intereses. Gómez respondió que todos sus pagos estaban autorizados por el Presidente de la UPR, Miguel Muñoz.
Esta forma de pago de compensaciones provenientes de costos indirectos, explican los síndicos, no es contabilizada en la Forma 125-B, documento que debe firmar Gómez y que es requerido por la NSF para constatar cumplimiento con las normas de tiempo y esfuerzo.
Este esquema se torna invisible para la NSF, y según admitido por miembros de la Vicepresidencia de Investigación y Tecnología (VIT) en reunión con la Junta de Síndicos, si la Fundación conociera de estos pagos de compensación provenientes de fondos indirectos, se podrían afectar todos los esfuerzos para revertir la suspensión de fondos de la NSF.
“Es preciso señalar que la VIT no aprobó el esquema de remuneración del Subject 1(dr. Manuel Gómez) para el 2012 por considerar que el mismo no estaba en cumplimiento con las Certificaciones 14, 15 y 16 de 2011-2012 de la Junta de Síndicos”, indicaron varios miembros de la Junta en el documento de voto explicativo.
¿Demasiado trabajo para un solo investigador?
Por otro lado, para los síndicos claustrales era preocupante el tiempo que un investigador podía dedicarle al gran número de propuestas y proyectos atribuidos a una misma persona, en este caso, el doctor Manuel Gómez, quien además debe distribuir su tiempo y esfuerzo para dirigir el CRCI y ofrecer sus cursos.
Gómez atribuyó a su experiencia sus múltiples labores y distribución de tiempo para cada tarea.
“¿Cuánto tiempo yo llevo enseñando? 43 años. ¿Cuánto tiempo me toma preparar una clase de física general que es mi favorita? Media hora. ¿Cuánto me tomaba cuando empecé? Tres horas, eso es experiencia”, indicó Gómez, añadiendo que sus pagos eran producto de su conocimiento.
El doctor expresó no entender cuál era el problema con que él dirigiera diez proyectos, argumentando que si el no tuviera la capacidad de dirigirlos la NSF no se los hubiera aprobado, no le habría dado el dinero, o de haber fracasado en alguno, la Fundación no le habría financiado ningún proyecto, como lo ha hecho de forma concurrente desde 1974.
“Desde 1974, yo he sido financiado en forma continua por la Fundación Nacional de Ciencias y he traído 165 millones a la Universidad, y te aseguro que no hay nadie más en la Universidad de Puerto Rico que pueda decir eso, es más, te puedo garantizar que hay muy pocas personas en todo Estados Unidos que lo pueden hacer”, aseguró el investigador.
De otra parte, los Síndicos se preguntan cómo y por qué Gómez recibió un incremento en la compensación por dirigir el CRCI de $24 mil dólares en el 2010 a $48 mil dólares en el 2012, cuando esencialmente está realizando las mismas tareas.
Según el director del CRCI, se trató de una negociación con el Presidente de la UPR, en la que se llegó a un acuerdo razonable. “Es obvio que si yo dirijo un centro que tiene $67 millones yo necesito una bonificación más allá de mi sueldo como profesor, y yo no me lo asigno, yo le digo al Presidente, yo creo que me merezco cuatro mil dólares mensuales por esto, y el qué me dice, sí o no, y lo que yo estoy pidiendo es razonable”, puntualizó Gómez, quien también es líder académico y científico del Instituto de Nanomateriales Funcionales (IFN, por sus sigles en inglés) de la UPR, el cual recibe $27 millones al año de la NSF. Este Instituto llegó a Puerto Rico en el 2010, luego de que el mismo Gómez escribiera una propuesta a la NSF y esta fuera aprobada.
Por otro lado, el profesor señaló que le problema en los informes de tiempo y esfuerzo se encontraba en las Oficinas de Recursos Externos de cada Recinto, donde se maneja toda la documentación relacionada al “Time & Effort”. Estas oficinas han trabajado durante años como entes individuales, produciendo, en ocasiones, informes de un mismo profesor u investigador con datos distintos.
Como consecuencia, el proceso es más tedioso, lento y requiere muchas correcciones antes de ser enviado a la NSF. Según Gómez, de ahí surgen los señalamientos de ineficiencia que indica la NSF. Es por eso, que la UPR ha invertido en un sistema electrónico que reconcilie las Oficinas de Recursos Externos de todos los Recintos y hacer el proceso más eficiente.
No obstante, el profesor denunció que los rectores no habían sido eficientes en la supervisión del trabajo de estas oficinas, así como el vicepresidente de Investigación y Tecnología (VIT), José A. Lasalde, había fallado en la pronta implantación del sistema electrónico y el Presidente de la UPR, Miguel Muñoz, en la supervisión del trabajo que Lasalde debió haber realizado, según Gómez, en seis meses.
El investigador se mostró confiado en que la NSF levantará la suspensión que mantiene congelados más de $62 millones de dólares, luego de la próxima evaluación que se llevará a cabo durante las próximas semanas, cuando representantes de la NSF visiten la UPR.
“En ningún sitio se menciona mi nombre porque es un problema sistémico, a menos que crean q yo soy el sistema. Es un problema estructural de la Institución, el problema es la Institución, no le pongas nombre ni apellido. El paciente que está enfermo es la Universidad de Puerto Rico”, sentenció Gómez.
