
La corrupción en la industria petrolera de Venezuela, controlada por el Estado, y denunciada por el propio gobierno –con exministros y altos gerentes tras las rejas–, es la más reciente evidencia de que, en el país con las mayores reservas de petróleo en el planeta, el sector del que depende su economía se está desmoronando.
La primera baja “está en la producción de crudo, una merma de un millón de barriles (de 159 litros) por día”, señaló a IPS el profesor Luis Oliveros, pues en diciembre de 2013 se produjeron 2,894,000 barriles diarios contra 1,837,000 en noviembre de 2017, según cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
De mantenerse el ritmo actual, en el 2018 la producción podría disminuir otros 250,000 barriles por día, y Venezuela –cofundador de la OPEP en 1960, cuando era el mayor exportador mundial de crudo– se convertiría en un actor casi irrelevante en el mercado global, apuntó Oliveros, especialista en economía.
Ello a pesar de que tiene el mayor depósito conocido de hidrocarburos líquidos, la sudoriental Faja Petrolífera del Orinoco, de 55,000 kilómetros cuadrados bajo los que habría 1.4 billones (millones de millones) de barriles de crudos –sobre todo extrapesados– de los cuales Venezuela considera reservas probadas 270,000 millones de barriles.
El petróleo es casi el único producto de exportación, la fuente de 95% de los ingresos de divisas, y a mediados de esta década representaba más de 20% del producto interno bruto. La mayor parte del negocio está en manos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que tiene algunas asociaciones con trasnacionales.
El presidente Nicolás Maduro lanzó una purga el 28 de noviembre dentro de PDVSA, en medio de la madeja de denuncias e investigaciones de corrupción, y pidió a los nuevos mandos –encabezados por un general que debuta en la industria, Manuel Quevedo– que trabajen para elevar la producción en un millón de barriles por día.
Un objetivo inmediato sería cubrir la cuota asignada por la OPEP para 2017-2018, que alcanza a 1,970,000 barriles por día, planteó el asesor presidencial Alí Rodríguez.
“Solo para sostener la actual producción de 1.85 millones de barriles por día –no hablemos de incrementarla– se requiere inyectar a la industria entre $4,000-$5,000 millones, y la evidencia es que ese dinero no está allí”, dijo Alberto Cisneros, presidente de la firma de asesoría petrolera Global Business Consultants.
Con su economía dislocada por una inflación de cuatro dígitos, control cambiario con varias paridades para una moneda que se deprecia a diario, escasez de alimentos, medicinas e insumos esenciales y una deuda externa de más de $100,000 millones, Venezuela no dispone de recursos suficientes para inyectarle a la industria, observó a IPS.
En ese entorno, la actividad petrolera “se resiente además por problemas de gerencia desde que PDVSA en 2003, tras una huelga contra el gobierno, despidió a 18,000 empleados, la mitad de su plantilla”, recordó a IPS el ex viceministro de Energía (1999-2002) Víctor Poleo.
Y la corrupción quedó espectacularmente visibilizada este diciembre, cuando la Fiscalía General envió a la cárcel, por delitos que van desde falsificación de cifras de producción hasta peculado y atentado a la soberanía del país, a 67 directivos y gerentes de PDVSA.
Están incluidos Eulogio del Pino y Nelson Martínez, exministros de Petróleo del presidente Nicolás Maduro, quienes además fueron presidentes de PDVSA y de su filial estadounidense, Citgo, a la que habrían perjudicado al renegociar deudas.
Además, la Fiscalía General investiga penalmente a Rafael Ramírez, ministro de Petróleo y presidente de PDVSA entre 2002 y 2014, y hasta noviembre el embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, por su posible imbricación en operaciones de lavado de dinero a través de la entidad Banca Privada de Andorra.
Según el diario español El País, que reivindica acceso a informes que trabaja la jueza andorrana Canòlic Mingorance, allegados a Ramírez cobraron al menos $2,360 millones en comisiones ilegales entre 1999 y 2013.
Bajo la nube de acusaciones de corrupción, impericia y manejos dolosos aparece lacerada la PDVSA, surgida de la nacionalización de la industria en 1975 y que durante años se ufanó de pertenecer al quinteto de las principales compañías petroleras del mundo.
La producción “declina por falta de inversión y mantenimiento, comenzando por la vetusta cuenca del noroccidental lago de Maracaibo, que no entrega más de 450,000 barriles por día”, señaló Cisneros. Desde 1914 se han perforado allí más de 13,000 pozos, y hasta comienzos de este siglo la cuenca del lago produjo más de un millón de barriles diarios.
Los campos del oriente, relativamente nuevos, aportan el resto de la producción, pero la cifra de 1,300 millones de barriles diarios extraídos en la Faja del Orinoco, indicada por del Pino a mediados de año, ha quedado desautorizada por la investigación penal.
Las exportaciones, destaca el experto venezolano Francisco Monaldi de la Universidad Rice en Texas, ya están por debajo de 1,400 millones de barriles diarios (pasaban de 2,500 millones a comienzos de siglo) y a Estados Unidos, se despacharon en noviembre menos de 500,000 barriles diarios.
Estados Unidos fue durante un siglo el mayor destino de las ventas, que alcanzaron 1,500 millones de barriles por día, y es actualmente la principal fuente de ingresos, pues las exportaciones a China, que pasan de 600,000 barriles por jornada, se usan para amortizar deudas.
En refinación “se está quizá aún peor” según Cisneros, pues las destilerías venezolanas, instaladas para procesar 1,300 millones de barriles diarios, “trabajaban hace unos años a 90% o 95% de su capacidad y ahora a un tercio, 30% o 35%. Ni siquiera abastecemos nuestras necesidades de gasolina”, que parte debe importarse, advirtió.
A la merma en la producción de gasolinas, lubricantes y otros derivados, se agregan los problemas de distribución a las 1,650 estaciones de servicio en este país de casi un millón de kilómetros cuadrados, 31 millones de habitantes y cuatro millones de vehículos.
Una base del problema está en el absurdo precio de la gasolina en el país, la más barata del mundo. Un litro cuesta un bolívar, que a un tipo de cambio oficial puede equivaler a 10 centavos de dólar, pero a la tasa del mercado negro equivale a un milésimo de centavo: con un billete verde se podrían comprar 100,000 litros.
El costo de oportunidad perdido al rematar de esa manera medio millón de barriles de combustibles cada día representa para PDVSA una pérdida de ente $12,000 y $15,000 millones anuales.
Adicionalmente, se genera un problema de “contrabando de extracción” hacia Colombia, Brasil y el Caribe, que el Estado contiene parcialmente con controles y racionamiento que originan escasez y enormes colas de vehículos ante expendios de gasolina en las fronteras.
PDVSA ha pagado con atrasos este año intereses por los bonos de su deuda y Sinopec, una firma estatal de China –aliado que ha aportado a Caracas créditos por más de $50,000 millones–, llegó a querellarse contra la empresa estatal venezolana ante un tribunal estadounidense por $21.5 millones en compromisos no honrados.
Finalmente, Estados Unidos impuso sanciones sobre Venezuela que dificultan la renegociación de las acreencias del país y de PDVSA.
“Las sanciones y el default (cese de pagos) técnico hacen más difícil que los socios inviertan en las empresas mixtas. La industria petrolera venezolana parece haber entrado en la espiral de la muerte”, dijo Monaldi.
Cisneros cree que una recuperación de la industria “es posible con otro esquema organizativo, como el argentino: una empresa de papel, Enarsa, y una operadora, YPF (51% del Estado, 49% cotizada en bolsa)”.
Para llegar allí “hay dos posibilidades: una es que el actual régimen reaccione en materia económica y petrolera, y otro es que se produzca un cambio político y el país se vuelque a un aprovechamiento de sus recursos humanos, económicos y petroleros”, concluyó.
Publicado originalmente en IPS.