Habrá que esperar hasta el próximo 4 de mayo para conocer la determinación judicial del caso de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que irrumpieron en una reunión de la Junta de Gobierno el 27 de abril de 2017.
A cerca de un año del incidente, la vista preliminar para determinar causa para juicio apenas comenzó el pasado 26 de febrero de 2018. Aunque el proceso continuó hoy en la tarde y continuará el próximo 21 de marzo, no se espera una determinación final hasta la mencionada fecha.
Los estudiantes Randiel Negrón, Gabriel Díaz, Verónica Figueroa Huertas, Thaliangelly Torres, Francisco Santiago, Juan Collazo y Paola Alexa Figueroa Carrasquillo, enfrentan una vista preliminar para determinar causa para juicio por los delitos de daño agravado, violar el derecho de reunión, restricción de libertad agravada y empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública.
Por su parte, Negrón, Díaz, Figueroa Huertas y Torres también son acusados por el delito de motín.
Hoy, el proceso continuó con el testimonio del oficial de seguridad privada Manuel Valentín Laureano.
Este ofreció su versión, ante el juez Arnaldo Castro Callejo, sobre lo que ocurrió esa noche en el edificio de Administración Central de la UPR. Entre otras cosas, el oficial relató cómo intentó detener en dos ocasiones el acceso de los estudiantes al edificio y luego a la oficina donde se celebraba el cónclave del ente rector de la institución.
La vista se demoró al surgir una controversia entre la fiscalía y los abogados de defensa en cuanto a la presentación de un video que capturó el incidente.
El proceso judicial contra los estudiantes comenzó el 9 de mayo de 2017 y resultó en una determinación de causa para arresto contra siete de los once estudiantes acusados por el Ministerio Público.
Los estudiantes regresaron al Tribunal de San Juan el 1 de diciembre para la celebración de una vista en alzada, que resultó en una determinación de causa para arresto por el delito de motín contra Figueroa Huertas, Torres, Negrón y Díaz. En esa vista, el juez Aldo González Quesada reiteró la determinación de no causa contra los estudiantes Mikael Rosa y Juan Silén.
Enmarcada en una huelga estudiantil a nivel sistémico, el pasado 27 de abril un grupo de estudiantes de la UPR irrumpieron en una reunión de la Junta de Gobierno de la institución.
En el cónclave se discutía el Plan Fiscal que la UPR que debía entregar a la Junta de Control Fiscal. Durante el incidente, los estudiantes instaron a la entonces presidenta interina Nivia Fernández a que firmara un documento en el que favorecía la auditoría de la deuda pública, cero aumentos al costo de matrícula y descartar sanciones a los estudiantes por sus acciones durante el proceso huelgario.
Luego, el 23 de mayo, Fernández y tres miembros de la Junta de Gobierno renunciaron a sus respectivos cargos en medio de una batalla legal por la reapertura de los portones del recinto riopedrense.
