Feria de Estudios Graduados 2023 en UPR-RP
Sala de la Corte de Distrito federal en Hato Rey, San Juan. (Denis Rivera / Centro de Periodismo Investigativo)
Lo que probablemente era el punto más importante en la vista de reestructuración de la deuda de Puerto Rico celebrada ayer en la Corte de Distrito federal en San Juan –una moción para investigar las emisiones de deuda– fue lo que menos tiempo ocupó.
El asunto aparecía pospuesto en la agenda enmendada que circuló en la mañana, donde se detallaba que sería atendido en Boston en o antes del 21 de agosto. La jueza federal Laura Taylor Swain, quien preside los casos de Título III según estatuido en Promesa, se limitó a agregar que el proceso lo atenderá la magistrado federal Judith Dein, quien la asiste en los procedimientos.
La moción, presentada por el Comité de Acreedores No Asegurados del Gobierno en julio, pretende investigar “ciertas causas de la crisis fiscal de Puerto Rico, en particular el rol de la instituciones financieras públicas y privadas en la estructuración, representación y venta” de emisiones de bonos. El comité señaló en su moción que solicitaría documentos al Banco Gubernamental de Fomento, al Banco Popular y a Santander.
Esto, en parte, fue lo que motivó a la Junta de Control Fiscal (JCF) a conformar en su última reunión pública un comité –integrado por José Carrión, Ana Matosantos, David Skeel y Arthur González– para escoger un agente externo que investigue la deuda pública puertorriqueña en su totalidad.
A mediación disputa entre el gobierno y Cofina
Por otro lado –y con implicaciones para los futuros planes de ajuste de deuda y el pago a acreedores– Swain acogió la moción presentada por la representación legal de la JCF estableciendo un proceso de mediación entre el gobierno central y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).
En síntesis, la mediación –cuyo protocolo facilitó el equipo que lidera la jueza Barbara Houser– busca resolver si el gobierno central puede recurrir a las arcas de la corporación pública y utilizar sus fondos para cubrir gastos operacionales, o si estos son únicamente propiedad de Cofina.
En el primer escenario, la corporación pública quedarían sin dinero para pagar su deuda –y consecuentemente a sus acreedores–. En el segundo escenario, el gobierno dejaría de contar con más de $750 millones al año para cubrir sus gastos.
La disputa deberá estar resuelta para el 15 de diciembre. De lo contrario, sería alrededor de esa fecha que el gobierno tendría que ir sobre los fondos de Cofina para costear su operación.
Houser adelantó que en la próxima semana estarían identificando las controversias más importantes y cómo abordarlas, y que en un mes iniciaría el proceso de mediación per se. Entre tales controversias, está la constitucionalidad de la estructura legal de Cofina.
“Un componente clave del proceso de mediación es que será confidencial, lo que permitirá a las partes tener conversaciones abiertas y francas con los mediadores, y a través de estas conversaciones podremos lograr un consenso y alcanzar planes de ajuste de deuda”, sostuvo Houser.
Aunque la jueza reconoció que el proceso de mediación “está en pañales”, este se dará tras bastidores, sin que la prensa u otras partes sin participación en él conozcan los trabajos.
Deniega alteraciones y creaciones de comités
Swain rechazó asimismo una moción del fiduciario del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que buscaba modificar la composición del Comité de Retirados del Gobierno para incluir en este a un empleado activo de la universidad.
La jueza federal justificó su fallo en que una “representación adecuada” no requiere ser una “representación proporcional”: es decir, que no es obligatorio que cada grupo de retirados del gobierno tenga un representante en ese comité.
Explicó que tanto el Comité de Retirados –que aboga porque los empleados activos y retirados no vean modificaciones en los beneficios de sus pensiones– como el Comité de Acreedores No Asegurados –que, entre otros asuntos, atiende los beneficios durante el trabajo– son suficientes para representar, en general, a todos los retirados del gobierno, incluyendo los de la UPR.
En cuanto al Grupo Ad Hoc de los Municipios, Swain rechazó la creación de un comité adicional para estos.
Entre las razones para denegar la moción, dijo que aun cuando “entiendo las profundas preocupaciones de los municipios y la carga financiera que arrastran”, el hecho de que el gobierno central haya reducido la cantidad de fondos que antes transfería a los municipios no significa que estos tengan un derecho a recibirlos.
En la medida en que los municipios tengan reclamos contra una entidad del gobierno, sumó la togada, estos caerían bajo el Comité de Acreedores No Asegurados.
Pero precisamente eso era lo que buscaba evitar el abogado del Grupo Ad Hoc de los Municipios, Michael Rochelle, quien expuso que ese comité no tiene las mismas preocupaciones que los gobiernos locales: la revitalización económica y el retorno a los mercados de capital.
Rochelle añadió que el gobierno no es capaz de adoptar las operaciones que ahora mismo los municipios han dejado de hacer por falta de fondos, como recoger la basura, repavimentar las carreteras y pagar la policía.
“Si queremos un remedio y ser escuchados tenemos que venir aquí. Uno de los aspectos fundamentales de Promesa es el financiamiento de servicios esenciales y no sabemos si eso está pasando. ¿Qué pasa si a los municipios no los escuchan? No podrán satisfacer sus responsabilidades [con sus constituyentes] ni pagar a sus acreedores”, argumentó Rochelle.
Una tercera moción, del Grupo Ad Hoc de Obligaciones Generales para reconfigurar el Comité de Acreedores No Asegurados e incluir un representante de los bonistas de ese grupo, quedó en el tintero de Swain, que se reservó el derecho de resolverla posteriormente.
El dilema de la AEE
Swain también se reservó el fallo de si levantaba la paralización de litigios en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que presentó un grupo de acreedores de la agencia.
En esencia, estos plantean la necesidad un aumento en la tarifa de la luz bajo el argumento de que dicho aumento es parte de lo que sería su garantía de repago. Como parte de esa dinámica, los bonistas de la AEE buscan imponer una especie de síndico que administre la corporación pública, sus ingresos y vigile por que se implemente el alza tarifaria.
Entre los opositores estuvo el abogado de la JCF, Martin Bienenstock, quien repitió los mismos argumentos que el ente federal utilizó para rechazar el acuerdo de reestructuración bajo el Título VI: que un aumento tarifo afectaría el costo de hacer negocios en la isla y atrasaría la recuperación económica. La economía puertorriqueña lleva más de una década en recesión.
Bienenstock también adujo que tendría el potencial de incentivar aún más la migración, con la consecuencia de que los que se queden en el país tendrían que pagar más.
“Nuestro panorama cambia todos los días”
En una cita que retumbó a lo largo de la audiencia, la jueza Swain reconoció que “nuestro panorama cambia todos los días”, en referencia a la proliferación de demandas y producción de documentos que se dan casi a diario.
La de ayer fue la vista más larga en lo que va del proceso de reestructuración de deuda, y la primera de la AEE bajo el Título III de Promesa.
También fue la primera de las audiencias que vio una manifestación en la entrada de la Corte de Distrito federal en la avenida Chardón en Hato Rey.
“Queremos que la jueza conozca de primera mano la masividad del reclamo de una auditoría integral e independiente y que la misma no puede ser delegada a la JCF que, como institución, no cuenta con la confianza ni la credibilidad ante el pueblo que exige procesos justos y transparentes”, afirmó en declaraciones escritas la licenciada Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda Pública.
Prados anunció que le harán llegar a Swain copia de las 140 mil firmas de personas que peticionaron la auditoría integral de la deuda antes de cualquier restructuración.
En mayo pasado, la JCF –con la anuencia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares– sometió una petición bajo el Título III para el gobierno central, Cofina, la Autoridad de Carreteras y Transportación y el Sistema de Retiro de los empleados del ELA. A principios de julio, se unió la AEE.
Solo entre el gobierno central, Cofina y la AEE, la deuda alcanza los $40 mil millones, más de la mitad de los $74 mil millones de la deuda pública puertorriqueña.
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