El Senado Académico del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) emitió ayer una resolución en la que expresa su oposición al Proyecto de la Cámara de Representantes 1296, que propone eliminar el derecho al voto de los confinados convictos por delito grave.
En el documento que circuló a la prensa, el Senado Académico expresa que “el sistema correccional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico debe ser un espacio enfocado en la rehabilitación de los confinados”. Indica además que “la comunidad penal en Puerto Rico recibe servicios del gobierno y no está excluida del efecto de la toma de decisiones que se lleva a cabo en el sector público”. Por ello determinaron “expresarse en contra de cualquier gestión que atente en contra del derecho al voto de la comunidad penal de Puerto Rico”.
La propuesta, de la autoría del representante del Partido Popular Democrático (PPD) Carlos Vargas Ferrer junto al representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Ángel Bulerín Ramos, fue aprobada el pasado 10 de marzo con 26 votos a favor y 20 en contra. El proyecto inicialmente pretendía eliminar el derecho al voto de todos los confinados, pero luego aprobaron aplicarlo solo a quienes cumplen condena por delito grave.
Según Christian Arvelo Forteza, representante estudiantil de la Escuela Graduada de Administración Pública ante el Senado Académico, ese organismo decidió oponerse al proyecto como parte de su compromiso con el quehacer social de Puerto Rico.
“Nosotros como estudiantes sentimos que era nuestra responsabilidad expresarnos en contra de lo que es la legislación del derecho al voto de la población penal de Puerto Rico. Nos parece que, al igual que nosotros los estudiantes, la población penal también recibe servicios del gobierno, y el voto tal vez sea la manera en que puedan expresar su sentir respecto a las gestiones que hace el gobierno”, mencionó.
La ley que extendió el derecho al voto a los confinados se aprobó en el año 1980, bajo la administración novoprogresista de Carlos Romero Barceló. Sin embargo, muchos de los que se encuentran a favor del proyecto señalan que entregarle el derecho al voto a los confinados es inconstitucional, ya que la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico (Artículo II, Sección 12) dispone que “la suspensión de derechos civiles, incluyendo el derecho al sufragio, cesará al cumplirse la pena impuesta”.
Durante la sesión de la Cámara donde validaron el proyecto, Vargas Ferrer -uno de los autores de la medida- indicó que aquel que le falla a la sociedad “no debe tener el derecho que todos tenemos en la libre sociedad de poder elegir nuestro futuro político”, y que por tal razón, se le debe eliminar el derecho al voto.
