El Senado Académico del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) reafirmó esta mañana que la institución se debe a sus estudiantes y al país, por tanto un recorte de $300 millones es insostenible para cumplir cabalmente con estos objetivos.
“Hemos estado pidiendo que nos expliquen [de dónde surge esa cifra]. De cualquier manera, los $300 millones son un tipo de espada numérica y nosotros lo que estamos señalando es que la universidad tiene objetivos públicos y sociales. No puede ser que esos objetivos universitarios sean llegar a $300 millones y entregárselo a ellos [a los cuerpos administrativos]. La misión universitaria es con el país”, declaró la doctora Silvia Álvarez Curbelo, catedrática de la Escuela de Comunicación.
Así las cosas, los integrantes del Senado Académico riopedrense aseguraron que militarán contra cualquier intento de la Junta de Control Fiscal (JCF) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) de obstaculizar el cumplimiento de la misión social y pública de la UPR.
Álvarez Curbelo recalcó que sería inaguantable un recorte de tal magnitud en tan poco tiempo, ya que, tanto el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, como la JCF, esperan que la UPR cumpla con esa meta para el 2019. Ante esto, la senadora académica señaló que las declaraciones hechas por Rosselló al periódico El Nuevo Día—en donde afirma que necesitará más de dos años para implementar su plan fiscal—también deberían tomarse en consideración con la universidad del Estado.
“El gobernador de Puerto Rico está hablando de una programación de ajustes de tres a cinco años. No se le puede exigir a la Universidad de Puerto Rico que entonces tenga un plan fiscal que cumpla con un requisito de $300 millones en casi un año y medio, provocando desajustes y quizás el colapso de la misión universitaria”, añadió. Afirmó que $300 millones es una cifra “fetiche”, pues no se sabe de dónde viene.
La profesora de Comunicación estuvo acompañada de los profesores Jorge Colón Rivera, presidente del Comité de Asuntos Claustrales; Mary F. Gallart Calzada, coordinadora de Asuntos Académicos del Senado; y Omar Hernández Rodríguez, presidente del Comité de Reglamento y Ley Universitaria.
Las declaraciones, hechas en conferencia de prensa, surgen luego que, en una reunión extraordinaria celebrada el martes 21 de febrero, el Senado Académico del Recinto de Río Piedras aprobara una moción de rechazo y censura a la JCF y la AAFAF, “por violentar la autonomía, administrativa y académica de la UPR. Además, acordó mantenerse en sesión permanente con el propósito de atender ágilmente todo lo relacionado con esta situación”.
Presentarán sus propuestas fiscales
Los representantes de ese organismo universitario informaron que el Senado Académico creará dos comités que se encargarán de responder ante cualquier cambio o medida dentro del plan fiscal que atente contra la misión universitaria. Entre los primeros puntos que abordarán estará cómo la universidad puede mejorar su eficiencia y reducir gastos.
“En la pasada reunión del Senado Académico se nos pidió que miráramos la situación académica en términos de cómo podemos ser más eficientes dentro de lo que tenemos. Una de las cosas que debemos mirar son los programas que son conducentes a grado y [los cursos] que son electivos, para poder hacer un análisis sobre ellos sin afectar al estudiante”, anunció Gallart Calzada.
Esa mirada que el comité designado a evaluar las propuestas fiscales hace incluye el estudio a la duplicidad de recursos en la institución para sugerir maneras de consolidarlos sin perjudicar al estudiantado.
El comité tendrá hasta el 9 de marzo para entregar las propuestas, ya que el Senado Académico se dispone a discutirlas en su reunión ordinaria del 16 de marzo. El 24 de marzo habrá una reunión de claustro, donde también se pondrán sobre la mesa las proposiciones.
Ya han hecho unos avances, pues este miércoles, 1 de marzo, los presentarán en la reunión de la Junta Universitaria (JU). Ese día, le solicitarán a la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández, que el Plan Fiscal de la institución sea analizado y consensuado con la JU para que el documento “no se quede en los estrados más altos” y cuente con amplia participación de todos los sectores, según los académicos.
“Esperamos que haya un diálogo constante, una apertura constante, un flujo de información certero, no prematuro. […] Nosotros tenemos que insistir en la misión de la universidad y en una universidad pública, en eso no podemos claudicar, además de la misión que tenemos con el país”, puntualizó Álvarez Curbelo.
