El rector de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, presentó ayer ante el Senado Académico un informe en el que detalla el papel que desempeñó referente a la controversia relacionada al otorgamiento de las becas presidenciales que ha sacudido a la principal institución académica del País.
Carlos Severino Valdez, en sesión informativa, alegó desconocimiento de los pormenores de la Certificación 72, que desde 2007 reglamenta el proceso a seguir para la concesión de las becas. Asimismo, reconoció que el proceso de recomendaciones que conduce a la aprobación de dichas becas no se siguió al pie de la letra en los casos de los recipientes de ayudas, Arturo Ríos Escribano, Carlos A. Pagán y Mónica Sánchez Sepúlveda.
Aunque Severino enfatizó que, de su parte, no existió ninguna acción antirreglamentaria durante el proceso de nominaciones, admitió ante el cuestionamiento de la senadora Ivonne Figueroa que debió haberse cerciorado de conocer más a fondo las estipulaciones dispuestas por la certificación 72.
Irregularidades a granel
En relación a la candidatura de Sánchez, por ejemplo, su nominación pasó directamente del decano de la Escuela de Arquitectura, Francisco Rodríguez Suárez, a la oficina del presidente, en lugar de pasar primero por el cedazo del rector Severino. En el informe, Severino añade que la propia estudiante le escribió al rector solicitando que la recomendara para la beca presidencial. Severino indicó que se limitó a remitir la carta de Sánchez a la Presidencia, sin recomendar que la arquitecta recibiera la beca presidencial.
Incluso, existió polémica en relación a la fecha de la carta original que Rodríguez Suárez envió a Presidencia. La fecha que aparece en el documento es del 13 de marzo de 2015, cuatro días antes de que el presidente Uroyoán Walker le comunicara a los rectores que identificaran las áreas de prioridad de sus respectivos recintos, áreas que en teoría serían factor determinante a la hora de escoger quienes recibirían las becas. Rodríguez Suárez, sin embargo, alegó que él no envió su recomendación de Sánchez hasta agosto, y que la fecha del 13 de marzo fue un error involuntario. “Suelo copiar el formato superior de la fecha y dirección de la carta anterior, y procedo a escribir el cuerpo. Desafortunadamente tanto a mi secretaria como a mí se nos pasó editar la fecha y salió con una anterior”, explicó.
Mientras, durante la nominación de Pagán, el decano de la Facultad de Estudios Generales, Carlos Rodríguez Fraticelli le solicitó a Severino que le “diera su visto bueno a una carta dirigida al presidente en la que le expresaba que debía ser de ‘prioridad institucional’ el reclutamiento de profesores con una ‘amplia preparación interdisciplinaria”, y que se le ofreciera una plaza docente en la Facultad cuando completara sus estudios de posgrado. A pesar de que Severino no otorgó el visto bueno a la carta, la misiva aún así llegó a la consideración del Comité de Beca Presidencial.
En su turno durante la sesión, Rodríguez Fraticelli aceptó su “indiscreción” al enviar la carta sin el aval del rector.
En el caso de Ríos, aunque su petición siguió los canales correspondientes, se cuestionó por qué al presente se encuentra ofreciendo cursos en el Departamento de Gerencia, en lugar de en el Departamento de Relaciones Laborales, que fue el área designada como “de interés prioritario” para el Recinto, y bajo la cual se justificó la concesión de la beca.
Cuestionan la Certificación
Durante la sesión, el senador Antonio Gaztambide llegó al punto de cuestionar la legitimidad de la Certificación 72. “Ninguna autoridad de la UPR puede comprometer una plaza que no esté avalada por reglamento”, señaló el profesor de Ciencias Sociales, haciendo alusión a la disposición en el Artículo III.B.3 de la Certificación, que le garantiza a los becarios una plaza al culminar sus estudios.
“El Reglamento General de la Universidad va por encima (de la Certificación 72). Aquí no es personal con estos individuos que recibieron las becas. (El reclamo) es que compitan con otros que estaban deseosos de que surgiera una convocatoria”, manifestó por su parte la licenciada Vivian Neptune, decana de la Escuela de Derecho.
La Escuela de Derecho se había expresado en las pasadas semanas en contra de que se les permitiera llenar una plaza docente “condicionado a que fuera un candidato que recibió beca presidencial y sin realizar el proceso de convocatoria y competencia libre”, según reza una resolución de la Facultad con fecha del 10 de febrero. El candidato que se pretendió imponer era, precisamente, el becario Pagán. No obstante, la licenciada Neptune reconoció en su alocución que “hubo una reacción inmediata de remediarlo” por parte del rector.
Otros asuntos
En la conclusión de la sesión informativa para estudiar la controversia de las becas presidenciales, se dio paso a la reunión extraordinaria, en la que se atendieron los dos puntos en agenda.
Primeramente se consideró el borrador de la Carta de Derechos y Responsabilidades Tecnológicos, preparado y presentado por la licenciada Chloé S. Georas y estudiantes de la Clínica de Nuevas Tecnologías, Propiedad Intelectual y Sociedad de la Escuela de Derecho, a solicitud del Comité de Asuntos Claustrales y el Comité de Reglamento y Ley Universitaria del Senado Académico.
La Carta tiene como propósito proteger los derechos y reconocer las responsabilidades individuales e institucionales y se basa en “el balance de varios principios, incluyendo la libertad de expresión, libertad académica, el acceso abierto, la privacidad del individuo y a seguridad institucional. El Senado aprobó la Carta unánimemente con varias enmiendas. El cuerpo aprobó elevar la Carta a las instancias superiores con la intención de que se adopte a nivel sistémico.
El segundo punto giró en torno a la situación fiscal de la Universidad. La discusión incluyó el Informe de Asignaciones Presupuestarias y Gastos por la decana de Administración, senadora Grisel Meléndez Ramos y por la directora de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, Rosa Alers Ramos. Como parte del debate que se suscitó, varios senadores señalaron la falta de comunicación clara a la comunidad universitaria respecto a cómo se están tomando las decisiones presupuestarias a nivel del Recinto. Tanto el rector Severino como la decana Meléndez Ramos insistieron en que la prioridad es la gestión académica. Ante el reclamo de los senadores, la decana se comprometió a divulgar los procesos que están guiando las decisiones.
Finalmente, cada una de las facultades y otras unidades correspondientes presentaron recomendaciones para lidiar con la presente situación fiscal de la Universidad. Entre las recomendaciones y posturas sobresalió la urgencia de defender la autonomía del Recinto frente a la Administración Central. El rector hizo un llamado a que la comunidad universitaria se pronuncie con fuerza en contra de exhortaciones públicas dirigidas a que la Universidad se mueva hacia la autosuficiencia.
