La despolitización de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el incumplimiento de contratos por parte del gobierno fueron los temas medulares durante el tercer día de vistas públicas de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria.
Ayer les tocó el turno a dos de las unidades más pequeñas de la UPR -Cayey y Utuado- para defender y ratificar su importancia en el sistema de educación superior pública.
Durante el primer turno, el rector de la UPR en Cayey, Mario Medina Cabán, comenzó la ponencia informando acerca del potencial que tiene la universidad para allegar fondos externos por medio de investigaciones, así como la aportación que esta hace a los pueblos aledaños.
Entre estas aportaciones, se encuentra un acuerdo con el Departamento de Educación (DE) para administrar una escuela superior especializada en idiomas en Aibonito desde hace dos años, que también ha incluido la colaboración directa de varios profesores, explicó el rector.
“¿Y les han pagado?”, cuestionó inmediatamente el senador Abel Nazario Quiñones, a Medina Cabán, quien respondió que al momento ha habido un incumplimiento de contrato por parte del DE.
Ante esta respuesta, Nazario Quiñones les solicitó a los representantes de la UPR en Cayey que le suministren copia del contrato y la fase de incumplimiento durante los próximos 10 días.
El senador señaló que uno de los aspectos en los que está enfatizando la Comisión es precisamente en los servicios no pagados a la universidad, cantidad que asciende a $300 millones.
“Me parece que el punto que usted trae sobre los servicios no pagados a la UPR es crucial y fundamental, sobre todo en estos momentos en los que se está planteando que la UPR va a recibir cierta cantidad de dólares que les va a servir para parear los recortes. A nosotros nos parece una quimera precisamente por el historial que hay de servicios que no han sido pagados”, expresó la senadora académica de la UPR en Cayey, Isar Godreau.
Además, la profesora hizo hincapié en que la universidad y específicamente los universitarios, les han provisto servicios durante mucho tiempo, que de otra manera le hubiera costado mucho más dinero al gobierno.
Así lo reconoció Nazario Quiñones y también el senador Juan Dalmau Rodríguez, quien argumentó que el problema es que “para que una alianza de esta naturaleza pueda funcionar tiene que haber una cultura de cumplimiento”, algo inexistente actualmente.
El presidente de la comisión, además, solicitó un informe detallado de las agencias del gobierno que le deben dinero a la UPR y otro en el que se indique de dónde sale el presupuesto de la universidad que no proviene de la fórmula y a cuánto asciende, pues todavía no lo tiene claro.
Por otra parte, los representantes de la universidad recalcaron la necesidad de la autonomía universitaria y la despolitización de la UPR.
Durante este intercambio, Nazario Quiñones le cuestionó al rector que si su propuesta era quitarle al gobernador la potestad de nombrar a los miembros de la Junta de Gobierno que fiscalizarían a la UPR externamente; a lo que Medina Cabán respondió que “si un ente es fiscalizado constantemente es la UPR”.
La preocupación, según la senadora académica, es la inestabilidad que generan los cambios en el sistema cada cuatrienio. Sobre esto, Nazario Quiñones sostuvo que “la enmienda [a la ley] siempre es para cambiar la Junta de Gobierno, para poner la gente de confianza del gobernador”.
Por esta misma línea de despolitización del sistema se inclinaron los representantes del Consejo General de Estudiantes (CGE) en su turno para deponer. Los universitarios aseguraron debe ser una Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria quien realmente haga la reforma.
El presidente de la Comisión cuestionó, una vez más, la insistencia en dejar fuera la política de todo el proceso, siendo la UPR una universidad del Estado.
“Jamás he venido yo o alguno de mis compañeros a decirles lo que tienen que hacer o a que nos dejen el trabajo a nosotros. Por el contrario, lo que hemos establecido es que la consulta debe ser amplia”, sostuvo Danilo Pérez, presidente del CGE de la UPR en Cayey.
Los estudiantes también trajeron a colación el punto de los $300 millones en servicios no pagados, discutido previamente con los profesores, por lo que no se abundó en el tema.
No obstante, el senador independiente José Vargas Vidot, aprovechó para expresar que “es importante que se mantengan los planteamientos de ustedes sobre este punto y que se haga desde una perspectiva mucho más amplia. No solamente que no se han pagado, sino que este es el resultado directo de la politiquería y de la corrupción”.
Asimismo, el senador puntualizó que es importante que se les haga llegar un informe sobre estos servicios para investigar y reclamar el pago de esta deuda, “igual que están haciendo del otro lado de la Junta [de Control Fiscal]”.
Mientras que, con un tono menos político, la ponencia de la UPR en Utuado comenzó resaltando el perfil de los estudiantes de esa unidad, que en su mayoría caen bajo el nivel de pobreza y carecen de recursos para movilizarse a otros recintos del sistema.
“Podría decirse que la misión de la UPR se cumple en Utuado porque es la universidad para los pobres, para los más desventajados y para los de primera generación. Desmembrar o privar del sustento a la UPR sería matar a la gallina de los huevos de oro”, expresó Raquel Vargas, rectora de la universidad.
Esta también informó a la comisión sobre los planes de expandir su oferta académica con el fin de aumentar la matrícula de su recinto y ayudarlo a crecer dentro del sistema UPR. Nazario Quiñones se mostró conforme y añadió que sería ideal que la universidad contara con una escuela de veterinaria.
Según el senador, siempre se ha sido injusto con los recintos más pequeños y, con los recortes, precisamente se afectarían aún más. “Por lo tanto, no se les puede quitar, por el contrario, hay que añadirles recursos para que puedan crecer”, dijo.
Por su parte, la senadora Migdalia Padilla Alvelo, añadió que “me parece que cuando hablamos de una reforma universitaria definitivamente no podemos escribir para que el papel aguante todo lo que le dé la gana y nosotros aprobemos una ley que no sea verdaderamente significativa y prospectiva”.
