Feria de Estudios Graduados 2023 en UPR-RP
La resolución está motivada por una percibida distorsión causada por la centralización y jerarquización de la UPR y la necesida de transparencia y rendición de cuentas (Archivo)
El senador novoprogresista, Abel Nazario Quiñones, sometió el pasado 23 de enero la Resolución del Senado 55 para investigar al primer centro docente del país y realizar propuestas en torno a su estado económico y organizativo. La medida dispone que se presente un informe 90 días después de su aprobación, que contenga hallazgos y recomendaciones de la investigación.
De ser avalada, la resolución ordenaría a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado a investigar el funcionamiento y la conceptualización de la Universidad de Puerto Rico (UPR). De acuerdo con la medida, referida a la Comisión de Asuntos Internos, el escrutinio deberá incluir a todos los sectores y componentes de la UPR.
La abarcadora investigación incluiría, pero no se limitaría, al estudio de 17 documentos, citados en la resolución. Entre estos, el documento (Re)formando la Universidad de Puerto Rico, preparado en el 2012 por el Comité de Reforma Universitaria (CRU), y el Informe del Comité Asesor de Financiación Institucional (CAFI).
En su momento, el CRU evaluó tres modelos sobre matrícula: la matrícula ajustada a los ingresos, la matrícula gratuita y el concepto de dotación convertible; este último sugería que, tras graduarse, los exalumnos devolvieran a la UPR parte de la “inversión” que se hizo en sus estudios.
Por la misma línea, la Comisión estaría encargada de analizar los pasados 20 años fiscales de la UPR de cada unidad del sistema UPR, incluyendo presupuestos, auditorías internas y externas, estados financieros e informes del contralor.
Asimismo, la resolución traza las alternativas a ser estudiadas como: la implantación de límites al presupuesto y la “centralización”; agregar participación en políticas institucionales y modificaciones al reglamento; cambios al nombramiento e introducción de evaluaciones a los directores de la UPR; e incluir un proceso de residenciamiento de gerentes académicos. Esta última propuesta fue una iniciativa del profesor Carlos Pabón Ortiz en 2013 y está contenida en los documentos a evaluarse por la investigación.
En la mirilla fuentes de ingreso
La investigación también evaluaría posibilidades de allegar fondos para la institución como crear alianzas con el sector privado para comercializar la propiedad intelectual de la UPR, crear corporaciones universitarias e implementar Alianzas Público Privadas Participativas (APP) en el manejo de infraestructura universitaria. La comercialización incluiría desde patentes, derechos de autor y marcas hasta los nombres de edificios.
Igualmente, la Comisión tendría en sus miras revisar fuentes de ingresos, como la capacidad de la facultad universitaria para proveer servicios al gobierno, sector privado y comunidades. De igual forma, se estimaría la extensión del ofrecimiento académico a programas de desarrollo profesional, certificaciones y cursos en línea.
Bajo lupa la autonomía universitaria
El estudio propuesto por Nazario Quiñones comprendería, según la medida, “cualquier estudio encomendado por la UPR en todos los recintos sobre autonomía universitaria”. De esa forma, la resolución fija el blanco en la “centralización y burocracia excesiva”, gobernanza y administración académica.
No obstante, el escrutinio al concepto de autonomía universitaria no se limitaría a esto, sino que se evaluarían los alcances docentes al presente de todos los tipos de autonomía de los que goza la UPR: en torno a la docencia, la organización y la administración. También, se evaluará la autonomía financiera y económica de la institución.
Reaccionan líderes universitarios
“Me parece bien que se esté abriendo la discusión sobre la UPR y los cambios estructurales que deben hacerse. No obstante, la preocupación mayor es que en este escenario de cortes se quiera mirar el corte de fondos a la educación como la solución al problema que tenemos y que a eso se limite el trabajo de la Comisión”, manifestó Aníbal Yariel López Correa, exrepresentante estudiantil ante la Junta de Gobierno de la UPR.
A esto, añadió que el proceso debe contar con la participación de la comunidad universitaria.
“También, me preocupa que se tomen decisiones sin la participación efectiva de la comunidad universitaria. Aún así, esos elementos no deben paralizarnos a la hora de pensar la UPR y cuál debe ser su rumbo”, expresó López Correa, quien es estudiante doctoral de liderazgo en organizaciones educativas.
Por su parte, para Wilmarí de Jesús, presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras, la investigación es bienvenida, al igual que los esfuerzos de transparencia, si se hacen “por los canales correctos”. En ese sentido, de Jesús exhortó a que el proceso de búsqueda de información incluya a todos los sectores de la comunidad universitaria.
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