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En unas horas, casi todos se habían enterado. Las cámaras digitales habían capturado los actos de los agentes de la policía y de los estudiantes en la intervención policiaca del 21 de agosto en la avenida Universidad. Había quedado grabada, y fue transmitida una y otra vez en los medios del País, y vista aun más veces en los portales cibérneticos de redes sociales. Ayer en el foro “Caos en avenida Universidad: intervención policiaca y violación de derechos civiles”, organizado por la Asociación Puertorriqueña de Estudiantes de Periodismo, tres deponentes hablaron sobre los sucesos y analizaron lo que representan para los derechos civiles, el cuerpo policiaco y los medios. El moderador, Marcos Pérez Ramírez, director de Diálogo, resumió lo que ocurrió durante la madrugada del 21de agosto. También abundó sobre otra intervención: el 27 de agosto, policías irumpieron en las oficinas de la casa productora Rojo Chiringa sin una orden de allanamiento. Con actitud agresiva, increparon a dos de los productores de la empresa audiovisual, quienes estaban grabando las circunstancias de un hombre que había sido tiroteado mortalmente en un negocio frente al lugar, para que les dieran el pietaje de lo que habían filmado. Algo parecido sucedió en avenida Universidad, donde le quitaron la cámara fotográfica a la fotoperiodista de Claridad Noelia González, quien intentaba documentar a los agentes que no llevaban sus placas policiacas, según lo exige el reglamento de la institución. Sobre el particular, Pérez Ramírez observó que estas reacciones demuestran “la incomodidad y resistencia de los agentes a ser grabados por los ciudadanos”. Por su parte, para el licenciado Vance Thomas Rider, Director Ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, la manera de obrar de los agentes se trata de una reacción casi estereotipada: inmediatamente buscan proteger al cuerpo al que pertenecen, aunque se tenga que recurrir a la mentira. Lo que el abogado llama “el espíritu de cuerpo” puede explicar por qué los informes oficiales tienen versiones tan distintas a las de los ciudadanos. Expuso, además, cuatro causas que alimentan la brutalidad policiaca: el proceso de selección de los miembros de la fuerza, la falta de educación continua, el pobre trabajo de seguimiento a las querellas sobre este mal y la ausencia de un grupo de ciudadanos independientes que fiscalice las acciones de la policía. En tanto, el licenciado Arturo Hernández González, presidente del Colegio de Abogados, llamó la intervención una “clara violación de los derechos civiles más fundamentales”. Puntualizó que “no es por casualidad” que haya sucedido y rememoró la historia de las intervenciones policíacas en la Universidad de Puerto Rico como parte de su análisis. Destacó también que los eventos recientes demuestran que la formación y educación de las fuerzas especializadas no es para nada compatible con la del estudiantado. Por otro lado, el periodista Rafael Lenín López enfatizó en lo que representan para el ejercicio del periodismo, en especial el periodismo ciudadano y la libertad de expresión, los hechos ocurridos del 21 de agosto. Como ejemplo, relató que el medio para el que trabaja no pudo llegar a tiempo para captar el momento de la intervención policial, sin embargo con los videos grabados y diseminados por los universitarios en las redes sociales pudo presentar un reportaje sobre lo que había ocurrido. “Muchos jóvenes se convirtieron en periodistas”, dijo, y opinó que tal actitud contrasta con la “sensación de impotencia y enajenación” con que se percibe a los medios tradicionales. Pérez Ramírez añadió que “el suceso demostró que el periodismo ciudadano puede ocupar el vacío informativo que deja la ausencia del periodismo tradicional”.