La legislación que creó un sistema de 11 unidades con plena autonomía fiscal, administrativa y académica para la Universidad de Puerto Rico (UPR) en agosto de 1998 fue una idea demasiado atractiva como para pensar en sus implicaciones a largo plazo. Ahora, en febrero de 2016 —con la crisis económica y política del Estado Libre Asociado, sus $72 mil millones de deuda, y su presupuesto fiscal garantizado hasta el 30 de junio de este año—, es un asunto a replantearse.
La afirmación anterior la pudo haber dicho cualquiera que esté al tanto de la situación crítica en que se encuentra el Sistema UPR hoy: su asignación estatal congelada en $821 millones; su déficit operacional entre $80 y $95.8 millones tras el atraso en las remesas que le hace el Departamento de Hacienda; su dependencia, cual suerte, en los $18 millones transferidos semanalmente por dicha agencia; y la criticada centralización de toda decisión presupuestaria en la Administración Central de la institución.
Pero la dijo Rafael Aragunde, exrector de la UPR en Cayey y testigo de aquella coyuntura en el 1998, cuando la Administración de Colegios Regionales (ACR) quedó disuelta por la Ley 186, dando paso al Sistema UPR como lo conocemos hoy día.
También se la dijo a los redactores del borrador del informe Construyendo un sistema universitario sostenible: Un programa de cambio para la Universidad de Puerto Rico cuando lo entrevistaron como parte de la elaboración del documento publicado la semana pasada, y que busca reducir administrativamente a la UPR mediante una reforma estructural.
“Mi única preocupación es que se pierda de vista el proyecto académico local, que es importante que se siga trabajando, porque si cada una de estas unidades ha cumplido con su labor, ha desarrollado unas raíces importantísimas en su contexto particular y debe estar haciendo contribuciones muy importantes a su entorno”, manifestó el catedrático a Diálogo.
La observación de Aragunde sobre el funcionamiento operacional de la Universidad, y las conclusiones de AGB Consulting en su propuesta inicial a la Junta de Gobierno, obligan a repasar los reclamos que llevaron a la creación del Sistema UPR.
La autonomía como reclamo fundacional
En 1993, la Ley 16 creó una Junta de Síndicos para la UPR. En ese entonces existían tres recintos (Río Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas), dos colegios universitarios que funcionaban autónomamente (Humacao y Cayey) y seis colegios regionales (Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Carolina, Ponce y Utuado) que operaban bajo la ACR. Cabe señalar que Humacao y Cayey habían comenzado como colegios regionales.
Cinco años después, en el 1998, Utuado logró su autonomía operacional —el último colegio regional en conseguirla. Ese mismo año se aprobó la Ley 186, que eliminó la ACR y reorganizó a la UPR como un sistema universitario con 11 unidades autónomas administrativa y académicamente.
Con la autonomía, se replicó un modelo de rectoría en cada campus; y con este, los decanatos, las oficinas, y todo el entramado administrativo que antes estaba centralizado en la ACR.
“Hoy pues esto le parece a uno problemático porque bien pudieron haber mantenido algún tipo de articulación que les economizara dinero. Pero en estos casos el argumento fundamental era el de la autonomía, el de tener realmente a alguien allí, [con] un liderato académico y administrativo que respondiera a los verdaderos intereses de la comunidad y sobre todo a los intereses de la visión de lo que debía ser la unidad”, explicó Aragunde, quien en ese entonces se desempeñaba como profesor de la UPR en Cayey.
“Fue sobre todo tomar decisiones con respecto a la contratación de empleados, el reclutamiento de profesores, la construcción de edificios y el respaldo a iniciativas que surgían de la base y que probablemente en un contexto más amplio o con una dirección en otro lugar pues no se iban a atender”, expandió.
La crisis económica como criterio reformista
Pero ahora, según Aragunde —y en sintonía con el informe preliminar de AGB Consulting—, en el panorama de la UPR todo parece apuntar a la consolidación de oficinas administrativas y servicios que no requieran de la presencia permanente de recursos humanos, organizado en una estructura que remitiría, en cierto sentido, a la existente hasta el 1998.
“Yo personalmente creo que hay que garantizarle a las unidades que se dé el liderato académico de modo tal que las iniciativas fundamentales más importantes —académicas, de investigación— permanezcan en la unidad. Quizás no tiene por qué haber un rector [administrativo], pero sí se necesitaría a alguien que corra la cuestión académica [en cada unidad]”, planteó.
El exsecretario del Departamento de Educación reprochó además la lentitud en identificar procedimientos que ya se pueden hacer online y de manera articulada entre todas las unidades. “En estos últimos 15 años se estaba dando toda una revolución en los medios de comunicación y en el mundo digital que contribuyó a una mayor agilidad y reducción de gastos, y ha habido un olvido de esas posibilidades”, apuntó.
–¿Qué preguntas le hicieron (AGB Consulting) como parte de la elaboración del informe?
“En realidad eran preguntas bastante abiertas. El caso mío fue la insistencia de que había que hacer algo y que me daba la impresión que estábamos cruzados de brazos, y que la UPR, como tantas instituciones universitarias en este País, enfrenta unos retos cruciales que no acabamos de atenderlos. Este presupuesto [fiscal] es clave, la reducción [en la matrícula] de estudiantes es clave, y el hecho de que no acabamos de trabajar como corresponde la aportación que la investigación podría generar para iniciativas económicas”, detalló Aragunde.
Para el académico, es fundamental que todos los miembros de la comunidad universitaria entiendan la precariedad económica que enfrenta la institución y las responsabilidades que esto implica.
“No hay alternativa. Se necesita confrontarlo porque no vamos a tener posibilidad para coger prestado por así decirlo. En el caso de la UPR, va a tener que justificarse y explicar por qué requiere la asignación de 9.6% de los ingresos al fisco. Por eso mismo entonces yo creo que cuanto antes hay que ponerse a hablar. Y el llamado es a hablar de esto pero con mayor intensidad: que se perciba allí la precariedad que se comienza a vivir en el País”, convidó Aragunde, quien reconoció que el liderato administrativo de la UPR ha fallado en comunicar efectivamente la crisis fiscal de la institución.
“Mientras no ofrezcan la información, vamos a tener esa visión de que en última instancia todo va a estar bien independientemente de lo que uno haga, y no todo va a estar bien independientemente de lo que uno haga. La UPR necesita mucho diálogo en las unidades, y Administración Central tiene que indicarles cuáles son los recursos que se tienen a la luz de la dinámica actual”, agregó.
