La consigna de ellas y ellos, sentadas y sentados en el piso, frente a las oficinas del director del Departamento de Desarrollo Económico – Alberto Bacó, el chico del póster de la película económica del saliente gobierno del popular Alejandro García Padilla – es más que contundente: “Un pueblo sin cine, es un pueblo sin memoria”.
A eso de las nueve y cuarto de la mañana del miércoles, un grupo de cineastas, documentalistas, obreros todos de la industria del cine de Puerto Rico, realizaron una protesta tipo sit-in en la entrada de las oficinas de Bacó, para exigirle que cumpla con la ley sustituta 171 del 2014.
Dicha ley envía dos proyectos escogidos en convocatorias anuales, uno en ficción y otro en documental, al fondo cinematográfico y dictamina que se constituya un consejo asesor compuesto por miembros de la industria cinematográfica. Este consejo, según dicta la ley, estaba llamado a desarrollar un plan estratégico a cinco años para el posicionamiento de nuestra industria cinematográfica.
Nada de esto ha sucedido, aun cuando Puerto Rico atraviesa por un boom de películas de gran calidad cinematográfica, que, según afirman los manifestantes, se ha realizado a pulso durante este cuatrienio. A pesar del estancamiento en el DDEC y de lo comatoso del Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica, el cine puertorriqueño emprende y sorprende gracias al empeño de los cineastas del país por producir y a una generación que ha apostado a realizar cine aquí con todas las dificultades que ello acarrea.
“Este año como ningún otro en muchas décadas, vivimos un boom de cine nacional que, sin embargo, no ha sido gracias a la gestión del DDEC, ni de su Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica”, dijo el grupo a través de un parte de prensa, la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico (AdocPR), que lideró la protesta.
“A pesar de las trabas, la falta de transparencia y la improvisación de una administración que pensamos que sería distinta y lo que ha hecho es continuar con la política exclusiva de promovernos como destino fílmico en detrimento de la producción nacional, en tan sólo dos años se han estrenado 14 películas y 23 están en producción, postproducción y desarrollo, de las cuales 15 se acogieron a alguno de los incentivos económicos del programa de cine”.
Más bien, “en los últimos años se ha acentuado el desmantelamiento de la ley de cine que fue producto de 20 años de luchas y cabildeos de nuestro sector cinematográfico”.
“Luego de que se derogara la ley que daba autonomía a la Corporación de Cine, convirtiendo la misma en un mero programa sometido al DDEC, se hizo una última convocatoria al Fondo Especial en el 2014 y desde entonces no ha salido ninguna más”, recapitularon.
Al abrirse la oportunidad de la conformación de un consejo asesor, AdocPR sometió sus candidatos y candidatas e instó a moverse hacia adelante con lo establecido, para dar paso a las convocatorias, “pero nuestro esfuerzo cayó en la indiferencia y la falta de voluntad política, tanto del Secretario del DDEC, como del director del Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica, Demetrio Fernández”.
“Esta inacción vino a sumarse a la desafortunada decisión de esta administración de no permitir el acceso a los fondos no usados por la administración anterior y en momentos en que más lo necesitábamos para producir. Ahora estos fondos públicos se encuentran bajo la amenaza de la Junta de Control Fiscal”, explicaron en la misiva.
Enrique Cubero, portavoz del grupo, le dijo a Diálogo que “ante esta amenaza y la inacción de los funcionarios públicos, AdocPR nos activamos para hacer frente y evitar que se desvíen los fondos públicos asignados a incentivar nuestra industria de cine puertorriqueño hacia el repago de una deuda que consideramos ilegal e ilegítima”.
“Entendemos que no debemos comprometer los pocos fondos designados a desarrollar industrias como la producción de cine nacional y la cultura que tanta falta nos hace”, puntualizó.
En su manifestación, le exigieron al DDEC y a su Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica que rectifiquen varios incumplimientos de ley.
“Primero, que se haga inmediatamente el nombramiento del Consejo Asesor con miembros del sector cinematográfico para desarrollar un plan estratégico a cinco años para potenciar la producción de cine nacional, tal y como lo establece la ley 171 de 2014 en su artículo 3”, destacaron.
Además, buscan que se hagan accesible y se publiquen el uso de los fondos públicos durante los últimos ocho años, “tal y como lo solicitamos en carta entregada al DDEC y al Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica el día 19 de octubre de 2016”.
También, exigen “que se establezca inmediatamente fecha para la próxima convocatoria del Fondo Especial establecido por la ley 171 de 2014 en sus artículos 6 y 7 y así darle continuidad al crecimiento de la industria de los pasados dos años”.
A eso de las 10 a.m. y como se aprecia en el próximo vídeo de Facebook Live hubo un cálido intercambio mañanero entre el grupo y Fernández, a quien acusan de no adelantar la supuesta propia causa de existencia del programa que dirige. Hoy, Fernández, los invitó a dialogar en su oficina, pero “llevamos dos años esperando por él y no nos reuniremos hasta que DDEC nos dé una cita oficial”, señaló Cubero.
Posterior a esto, la portavoz del DDEC, Patricia De La Torre, les informó que a las 3:30 p.m., el subdirector del DDEC, Juan Carlos Suárez, se reuniría con Fernández y los manifestantes.
Al cierre de la edición de este artículo, los manifestantes esperaban para reunirse.
