El gobierno de Puerto Rico sonó la campana: $3.5 mil millones en Bonos de Obligación General de un país en serios aprietos económicos estaban disponibles.
Wall Street escuchó y 275 firmas de inversión se lanzaron sobre la oferta que hizo el Estado Libre Asociado en el 2014. No les importó que las tres principales casas acreditadoras habían calificado los bonos como chatarra o que muchos economistas y analistas financieros predecían desde hace tiempo que Puerto Rico iba camino al precipicio económico y fiscal. En conjunto, las empresas ordenaron más de $16 mil millones de la oferta que solo constaba de $3.5 mil millones, y que se vendió a 93 centavos el dólar, con intereses de 8.73%. Unas firmas lograron comprar $120 millones en bonos mientras otras que hicieron sus órdenes se quedaron sin nada.
Por ejemplo, la empresa Paulson & Co. ordenó $200 millones, pero recibió $120 millones (60%). Del grupo de 275 firmas que optaron por comprar bonos chatarra de Puerto Rico, solo nueve recibieron el 100% de la cantidad de bonos que ordenaron, como fue el caso de una subsidiaria de la administradora de la emisión Barclays, registrada como Co-Managers and Barclays Wealth ($91,525,000), y Commonwealth Advisors ($1,250,000).
La decisión sobre la cantidad de bonos que recibe cada firma usualmente está a cargo del sindicato que forma el grupo de bancos de inversión que trafican la deuda (los llamados underwriters). Esa decisión puede estar determinada por varios factores, algunos arbitrarios, tales como las relaciones de negocios que tengan con el banco, o el momento en que una firma hace la orden, según varias fuentes con conocimiento del mercado financiero consultadas por el Centro de Periodismo Investigativo que pidieron hablar bajo anonimato debido a su relación con la industria.
La información que hoy se conoce sobre la emisión de bonos del ELA en 2014 fue revelada hace unos días por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tras un litigio contra el Gobierno que duró más de un año, y que finalmente produjo una serie de documentos que permiten analizar cuáles son los intereses económicos que entraron en juego ante la inminente quiebra de Puerto Rico y arrojan luz sobre cómo se repartieron los bonos y por qué. Hasta ahora solo se conocía la identidad de menos de un centenar de firmas de bonistas.
Los bancos de inversión como árbitros
Dentro del grupo de bancos que trafica la deuda hay uno que es el líder o administrador de la emisión y que decide qué por ciento le toca a los demás bancos o instituciones financieras del grupo. Luego que reciben el por ciento de bonos que les asigna el banco principal, esas instituciones los reparten a su vez entre las firmas de inversión que son sus clientes y que ordenaron comprar. Algunas firmas de inversión son clientes de varios bancos de inversión.
En la emisión de bonos de 2014 hubo tres grupos de bancos. Barclays Capital fue el principal en el grupo compuesto por Bofa Merrill Lynch; First Bank PR Securities y Popular Securities. Morgan Stanley fue el principal en el grupo de Goldman Sachs & Co.; JP Morgan; Jefferies Mesirow Financial Inc. y Santander Securities. RBC Capital Markt fue el principal de Ramírez & Co. Inc.; Oriental Financial Services y UBS FS Puerto Rico. El grupo de bancos compró los bonos con un descuento de $28,130,460.67 del precio de la oferta original y tienen derecho a revenderlos a un precio más bajo de dicha oferta inicial, según la declaración oficial de la emisión del 2014.
El CPI encontró que entre 2007 y 2016, Barclays ha tenido que pagar $15,100 millones en multas y compensaciones a más de 15 entidades reguladoras y clientes del sector privado. La lista de señalamientos incluye fraude en el manejo y venta de bonos chatarra; falta de transparencia; no suministrar informes adecuadamente; engaño y mal asesoramiento a clientes; mal manejo de cuentas y fondos; utilización de información confidencial para beneficiar a clientes; manipulación de datos financieros; manipulación de precios y evasión masiva de impuestos.
Por su parte, los bancos de la emisión de 2014 están en la mirilla de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público de Puerto Rico, a la que aún no se le ha asignado el presupuesto que manda la ley y que concluyó en su informe preliminar que los bancos pudieron haber violado normas de la Comisión de Intercambio de Valores de los Estados Unidos (SEC en inglés) en el proceso de esta emisión de bonos. Según las normas de la SEC, los bancos que trafican deudas en el mercado financiero no pueden vender bonos hasta que hayan determinado que el emisor proveerá a tiempo sus estados financieros auditados. Sin embargo, solo seis semanas después del cierre de la emisión de $3.5 mil millones de bonos de 2014, el gobierno notificó que no iba a presentar a tiempo sus estados financieros auditados. La Comisión plantea la duda sobre si los compradores sabían que el gobierno no proveería los estados financieros.
Andrew Smith, agente de comunicación de Barclays, declinó comentar sobre los hallazgos de la auditoría y las posibles violaciones a reglas de la SEC.
Entre las firmas de inversión que compraron parte de la emisión figuran aseguradoras, fondos de cobertura, fondos buitre y fondos mutuos tradicionales. Los fondos buitre son un tipo de fondo de cobertura, pero son firmas especializadas en invertir en deudas de alto riesgo que tienen como clientes a inversionistas millonarios. Uno de los elementos clave que distingue a los fondos de cobertura que pasan a ser fondos buitre son las demandas y su participación en otras crisis de deudas como las de Detroit, Grecia y Argentina.
Los fondos mutuos, por su parte, tienen como clientes a inversores de clase media como los pensionados y no se concentran necesariamente en deudas de alto riesgo, aunque en el caso de Puerto Rico los fondos mutuos Franklin y Oppenheimer compraron bonos de la emisión chatarra de 2014 y presentaron con éxito una demanda para que se declarase inconstitucional la ley de quiebra criolla.
Las firmas que invierten cientos de miles de dólares en prolongados litigios suelen ser aquellas que irán hasta las últimas consecuencias en busca de su ganancia.
La gran mayoría de la emisión fue adquirida por fondos buitre, con Brigade Capital Management, Fir Tree, Perry Capita, Paulson and Company y Goldman Sachs Asset Management a la cabeza, cada uno con $120 millones. Algunas firmas que adquirieron bonos de esa emisión ya pueden haber vendido su parte o comprado bonos de otras entidades como la Autoridad de Energía Eléctrica o de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA).
Demandas van y vienen
Entre los principales cinco que compraron en la emisión de 2014 está Brigade Capital, cuyo fondo Brigade Distressed Value Master Fund Ltd forma parte del grupo de ocho fondos buitre que presentaron una demanda en abril de 2016 en el tribunal federal de Puerto Rico, exigiendo que no se transfieran los fondos del BGF a bancos privados. Las otras firmas que forman parte de la demanda son Fore Advisor, quienes adquirieron $5,000,000 de la emisión de 2014, Solus Alternative, que compraron $25,000,000 y Claren Road Asset Management, la cual aparece en la lista de la emisión sin cantidad de bonos comprados u ordenados.
Brigade volvió a demandar al gobierno en mayo, esta vez impugnando la Ley de Moratoria junto a las firmas Tasman, Claren Road, Fore Capital, Sola Ltd (un fondo de la firma Solus Alternative) y Fir Tree.
La semana pasada, el tribunal federal en Puerto Rico detuvo esta demanda basándose en la moratoria a los pleitos por la deuda que establece la Ley federal de Gerencia, Supervisión y Estabilización Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) hasta febrero de 2017. Esta decisión se discutirá en una vista la semana del 17 de septiembre porque el juez Francisco Besosa dejó abierta la posibilidad de que las demandas puedan proseguir bajo una sección de la Ley PROMESA, que le da facultad a los tribunales de hacer excepciones en la moratoria.
Brigade también forma parte del Comité Ejecutivo Ad Hoc Group de Puerto Rico junto a otras firmas que compraron Bonos de Obligación General como Centerbridge, Davidson Kempner, Canyon, Monarch, Stone Lion y Fir Tree. Desde el 2015, los fondos de cobertura formaron grupos según el tipo de bonos que poseían y contrataron bufetes de abogados para defenderse contra el gobierno en caso de que surgieran controversias por la deuda. Estos grupos de bonistas que también se forman para influir en las negociaciones, cambian de composición constantemente según sus miembros venden o compran bonos diferentes.
El abogado del Ad Hoc Group de Bonos de Obligación General, Andrew N. Rosenberg, del bufete Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, envió una carta a principios de agosto a Javier D. Ferrer, principal asesor legal de Popular Inc. y expresidente del Banco Gubernamental de Fomento, advirtiendo que sus clientes se reservan el derecho de recurrir a los remedios que sean necesarios si Popular Inc. no sigue la prioridad de pago que establece la Constitución. La advertencia a Popular Inc. se da luego de que el gobierno transfiriera fondos de sus cuentas al Banco Popular y otros bancos privados, debido a que la Reserva Federal de Nueva York decidió que no validará los pagos remitidos por el gobierno a través de cuentas del BGF. El Ad Hoc Group entiende que parte de los fondos que fueron retenidos y transferidos a Popular Inc. deben ser usados para el pago de los Bonos de Obligación General, reveló El Nuevo Día.
Ya desde el 2013, siete meses antes de la emisión de 2014, los bancos de inversión estaban buscando nuevos clientes para los bonos de Puerto Rico, debido a la estampida de inversores tradicionales que provocó la incipiente crisis del gobierno. Según Bloomberg, banqueros de Citigroup y Morgan Stanley hicieron una presentación privada a inversores en Nueva York sobre los bonos de Puerto Rico y Lazard Capital Market también organizó un evento similar. En la presentación de Citigroup hubo 200 participantes, entre ellos Och-Ziff Capital, Highbridge y P. Schoenfeld Asset, quienes ahora se confirma que compraron bonos de la emisión del 2014.
