El Caribe le habló al presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Milton Ray Guevara. En la víspera de un conversatorio que ofrecerá hoy el poderoso juez dominicano, un nutrido grupo de organizaciones locales e internacionales presentaron una solicitud ante el Departamento de Justicia de Puerto Rico para que se investigue a este magistrado dominicano por “crímenes de lesa humanidad, según definidos en el Código Penal de Puerto Rico”.
Dicha acción corresponde a los sucesos recientes que han lacerado las relaciones dominico-haitianas en la vecina isla caribeña. Mediante un comunicado de prensa firmado por una decena de organizaciones de beneficio social, el Instituto Caribeño de Derechos Humanos informó que “varias organizaciones locales e internacionales presentaron hoy (ayer viernes, 26 de junio de 2015) ante el secretario de Justicia de Puerto Rico Cesar Miranda Rodríguez una solicitud para que se investigue por crímenes de lesa humanidad, según definidos en el Código Penal de Puerto Rico, a Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, y a los magistrados Justo P. Castellanos Khoury y Rafael Díaz Filipo, quienes se encuentran en Puerto Rico”.
“La solicitud al secretario de Justicia busca poner en vigor la jurisdicción extraterritorial que tiene Puerto Rico para procesar a personas responsables de crímenes que ofenden la conciencia de la humanidad (crímenes de lesa humanidad). Se solicita se tomen las medidas cautelares necesarias para que no abandonen la jurisdicción de Puerto Rico hasta que se concluya la investigación criminal. Esta acción envía un mensaje de que no van a quedar impunes aquellos que violan los derechos humanos. No podrán esconderse en sus títulos, se les señalará y responderán por sus crímenes contra la humanidad”, expresa el parte de prensa, el cual puede ser accedido en la página de Facebook del Instituto Caribeño de Derechos Humanos.
Irónicamente, tanto Guevara como Castellanos Khoury y Díaz Filipo están supuestos a participar en la mañana de hoy en el conversatorio “Constitución, Derechos Fundamentales y Comunicación Social”, en la Escuela de Derecho del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, tal y como informó este pasado jueves el programa Hoy en las Noticias, de Radio Universidad.
La presentación de Guevaras, Castellanos Khoury y Díaz Filipo sucede en momentos en que los ojos del mundo andan puestos en Quisqueya, luego de que más de 200 mil personas han sido obligadas a regresar de República Dominicana a Haití debido a la Ley General de Migración. Tras completarse el Plan Nacional de Regularización de la Ciudadanía Dominicana, esta Ley desautoriza la permanencia en tierra dominicana de descendientes de haitianos indocumentados, si no nacieron en o antes de 1929.
“El Estado dominicano ha anunciado que reiniciará las deportaciones, afectando a miles de dominicanas de ascendencia haitiana, y causando grave sufrimiento, separación de familias y desplazamiento forzado. Esta persecución, y la amenaza de expulsiones masivas a personas en razón de su ascendencia haitiana ha sido condenada por diversos órganos internacionales y regionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado dominicano y señaló que la sentencia 168-13 es contraria al derecho internacional de los derechos humanos”, continúa el comunicado difundido en la noche de ayer viernes, y donde aparecen varias entidades, entre ellas el National Lawyers Guild, el International Lawyers Guild, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y el Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles.
“A través de la Sentencia 168-13, emitida por el Tribunal Constitucional dominicano, se desnacionalizó retroactivamente a miles de dominicanos nacidos en la República Dominicana desde el 1929. Esa sentencia discriminatoria y xenófoba, generó la persecución de un grupo de dominicanos en razón de su raza y etnia, dejándoles en situación de apatridia y en riesgo de ser expulsados forzosamente del territorio dominicano, donde nacieron y tienen todos sus vínculos familiares, culturales y sociales”, expresa la misiva, firmada además por los grupos Comuna Caribe, la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico y la Red de Esperanza y Solidaridad de la Diócesis de Caguas.
El comunicado también alude a señalamientos de “entidades internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y a los estados de la Comunidad del Caribe (CARICOM)”, que ya han catalogados las acciones del Trinunal Constitucional dominicado y del propio Estado como “un atentado a nuestro sentido de humanidad” que “pueden resultar en una crisis de gran escala”.
Para ver la solicitud de investigación presentada ante el Departamento de Justicia, en inglés, pulse aquí.
