Decanos de escuelas de Derecho en Puerto Rico solicitaron al gobernador Pedro Pierluisi firme una propuesta de ley que garantiza derechos a la ciudadanía para que se escuchen sus reclamos ambientales.
Se trata del Proyecto de la Cámara de Representantes 474, conocido como “Proyecto de Ley sobre Legitimación Activa Ambiental”, una pieza legislativa firmada ya en el Senado y la Cámara, la cual propone que la ciudadanía haga reclamos que garanticen la salud ambiental, protección de los recursos naturales y atender las consecuencias de los efectos del cambio climático.
Los decanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Vivian I. Neptune Rivera y los de la Universidad Interamericana y la Pontificia Universidad Católica, profesores Julio E. Fontanet Maldonado y Fernando Moreno Orama, respectivamente, enviaron la carta al Gobernador a principios de diciembre del 2022..
La iniciativa surge a raíz de una carta enviada al Gobernador Pierluisi por el abogado y profesor de la Clínica de Derecho Ambiental de la Escuela de Derecho de la UPR, Pedro Saadé Lloréns y sus estudiantes, Alejandra Díaz Marrero y Diego M. Picó Vázquez, en representación de diez organizaciones comunitarias y ambientalistas.
Esta son la Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, Inc. (ACASE), Amigos del Río Guaynabo, Amigxs del Mar, Arrecifes Pro-Ciudad, Ciudadanos del Karso, Coalición Anti-Incineración, Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida, Inc. (YUCAE), El Puente de Williamsburg, Inc., Sierra Club Puerto Rico, el Comité de Diálogo Ambiental y también la Clínica Ambiental de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
La medida fomenta la participación ciudadana al otorgarle este derecho a las comunidades, vecinos y grupos ambientales, y ordena a que se atiendan los méritos de los reclamos que se presentan en los Tribunales y agencias vinculadas con asuntos ambientales, en vez de desestimarse prematuramente. Este Proyecto de Ley promueve una mayor responsabilidad ciudadana al otorgársele un foro real donde llevar sus reclamos, en vez de estimular la apatía e indiferencia que tanto afecta al País, según parte de prensa de la UPR.
La medida legislativa busca dotar a cualquier ciudadano en Puerto Rico y entidades con la capacidad necesaria para acudir ante los tribunales y agencias administrativas para defender la naturaleza de cara a, incumplimientos con la política pública establecida en la Constitución y en defensa de los recursos naturales que bajo nuestro estado de derecho, son bienes de dominio público.
En la carta enviada al Gobernador se enfatiza que, ante los retos ambientales y del cambio climático, se trata de contar con una medida necesaria en el ordenamiento jurídico en Puerto Rico a la par con las tendencias y desarrollos mundiales en materia del Acceso a la Justicia en los Asuntos ambientales.
El Gobernador Pierluisi tiene en su escritorio el Proyecto desde el pasado 18 de noviembre e 2022 y tiene hasta el 18 de diciembre de 2022 para firmarlo, de lo contrario, queda vetado; lo que perjudicaría el Acceso a la Justicia en situaciones de salud ambiental y recursos naturales.
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