Fue en el invierno de 2003, cuando Luis Moreno-Ocampo (Buenos Aires, 1952), entonces profesor en la prestigiosa Universidad de Harvard, recibió la noticia de que sería el primero en dirigir la Fiscalía de la recién creada Corte Penal Internacional. Le avalaba su experiencia como fiscal en el juicio a las Juntas Militares argentinas, responsables de crímenes masivos durante la dictadura del General Videla. No pudo rechazar la oferta. En siete años al frente del barco, este hombre de tesón inagotable ha ordenado el procesamiento del presidente de Sudán, Omar Al Bashir, y ha sentado en el banquillo de los acusados a milicianos rebeldes y antiguos altos cargos congoleños. El que consideró el trabajo de su vida en su añorada Argentina, fue también un entrenamiento para lo que sería su misión más importante: establecer la ley en el mundo.
P. Le vemos a diario en reuniones con altos cargos, representantes de la sociedad civil, estudiantes y medios de comunicación. Tiene la enorme responsabilidad de ser el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, y de convencer al mundo de la existencia de una nueva idea: la Justicia global. ¿A qué retos se enfrenta?
Luis Moreno Ocampo. El Estatuto de Roma es una confederación de Estados decididos a acabar con las atrocidades. Es una concepción moderna puesto que no es una confederación geográfica y que se sustenta en un valor básico: que no haya crímenes masivos. Estos delitos traspasan fronteras, se expanden, y es una de las cuestiones que la comunidad internacional tiene que abordar. Cuando un fiscal nacional adopta una decisión se implementa automáticamente, pero a nivel internacional no es lo mismo. Yo tengo que aplicar la ley y explicar a los Estados lo que hacemos. Ése es el reto, explicar esta nueva idea.
P. Se presenta como un Fiscal independiente cuyas decisiones no están determinadas por cuestiones políticas. Su trabajo es aplicar la ley. Sin embargo, necesita el compromiso político de los Estados para poner en marcha esta idea de justicia global. ¿Cómo gestiona este dilema?
L. M. O. Éste es un acuerdo firmado por los Estados. La cuestión por un lado es hacer que los países que firmaron el Estatuto de Roma cumplan con su compromiso y, por otro, que los que no lo hicieron, [como] China, Rusia o Estados Unidos entiendan lo que hacemos. Mi tarea es recordar a estos países ‘Ésta es la ley’. Yo no puedo convencerlos, nunca lo haré, por eso debo estar acostumbrado a ser impopular, nadie está acuerdo con el árbitro. Generamos oposición porque estamos estableciendo una idea revolucionaria, estamos cambiando las reglas básicas del juego.
P. No dispone de una policía o un ejército que haga efectivas sus órdenes de arresto. Pese a ello usted ha manifestado que el poder de esta corte reside en su legitimidad. Pero, como acaba de mencionar no cuenta con el apoyo de las grandes potencias como EEUU y China. ¿Qué supone esa falta de compromiso en cuestión de legitimidad?
L.M.O. Eso afecta a la legitimidad de ellos, no a la nuestra. La Corte ha logrado una legitimidad enorme en pocos años y eso es increíble. Y se ha conseguido en tan poco tiempo porque la idea estaba lista, la humanidad estaba preparada para recibirnos y aparecimos.
P. Cuando llegó a la fiscalía en 2003, disponía de tan solo tres personas a su cargo. ¿Cómo es el proceso de construir los cimientos de una institución -de un sueño- que se había gestado 50 años atrás?
R. Eso fue fascinante. Cuando llegué a La Haya la Corte tenía 15 pisos de los cuales seis eran para la Oficina del Fiscal. Teníamos dos profesionales y un asistente. Tuvimos que armar todo desde cero. Contraté a los mejores de todas partes del mundo. Fue un reto armonizar todas esas diferencias y sacar algo positivo.
P. ¿Por qué aceptó este trabajo?
L.M.O. ¿Cómo no lo vas a aceptar? Un día recibí una llamada comunicándome que estaban buscando un fiscal para la Corte Penal Internacional y que mi nombre estaba entre los candidatos. Yo pensé que no iba a pasar nada. Mi candidatura ya había aparecido en 1993 para el puesto de Fiscal de [el Tribunal Penal Internacional] de Yugoslavia pero mi país, Argentina, no la apoyó y se cayó. Por aquel entonces trabajaba como profesor en la Universidad de Harvard. Era fascinante, me parecía un sueño. Pero cuando me ofrecieron las Fiscalía [de la CPI] fue mucho más que un sueño. ¿Como iba a decir que no? Así que lo dejé todo, vendí mi estudio de abogados y me vine para acá a ser parte de este proyecto, porque esto es una idea en la que mucha gente ha puesto su grano de arena.
En 1989 Luis Moreno Ocampo fundó Poder Ciudadano, una ONG dedicada a fomentar la participación ciudadana en la democracia, y que en 1993 se convirtió en la delegación argentina de Transparency International. Impartió cursos en más de 20 países y en universidades tan prestigiosas como las estadounidenses Stanford, Yale, Columbia y Harvard.
P. ¿Es usted la persona adecuada para dirigir la Fiscalía del primer tribunal penal permanente?
L.M.O. Con el Juicio a las Juntas en Argentina aprendí a investigar crímenes masivos. Los casos de corrupción también me enseñaron la dificultad de manejar casos penales cuando el gobierno no te apoya. Considero que mi experiencia como fiscal en Argentina me ha aportado un conocimiento muy útil a nivel internacional, no conocía el mundo diplomático, pero en lo demás, sabía lo que debía hacer.
P. Del juicio a las Juntas también aprendió que la Justicia puede ayudar a reconciliar a una sociedad dividida. ¿Cree que los procesos que usted ha iniciado en la Haya contribuyen a la paz y reconciliación en aquellas regiones donde se han cometido crímenes masivos?
L.M.O. Los líderes que cometen crímenes los justifican diciendo que lo hacen para proteger a los suyos, el discurso de negación es algo común, los crímenes masivos se cometen por comunes intenciones. Por ello la única forma de acabar con la lógica de matar a tu enemigo es crear un sistema legal donde no haya enemigos. Si alguien viola a mi hija, nadie me puede obligar a reconciliarme con el agresor, pero sí pueden obligarme a que no lo mate. Es un sistema en el que no matamos al enemigo sino que lo ponemos preso, que es distinto.
P. Kenia es un claro ejemplo de la necesidad de cooperación por parte de los Estados. El pasado mes de diciembre presentó una lista de 6 personas acusadas de ser supuestamente los mayores responsables de la violencia post-electoral de 2007. Entre ellos se encuentran representantes del gobierno actual. Ha pedido a los jueces la comparecencia de cuatro ministros. Han de acudir voluntariamente, ¿comparecerán?
L.M.O. Sí, hemos pedido a los jueces que los citen para comparecer ante la Corte. En lugar de emitir una orden de arresto, queremos que vengan de forma voluntaria y lo bueno es que los seis [sospechosos] han dicho que sí.
P. El Gobierno ya ha anunciado que pedirá al Parlamento la retirada de Kenia del Estatuto de Roma. Pese a que la decisión no afectaría a las investigaciones ni al transcurso de los procedimientos en contra de los acusados. Pero de hacerlo, sería el primero de los 114 estados ¿Qué supondría este gesto para su credibilidad, sobre todo en la región?
L.M.O. En Kenia tengo un 93 por ciento de apoyo popular. [En el Gobierno] por supuesto hay divisiones. Cuando uno intenta poner límites al poder, el poder reacciona.
P. Hablemos del primer caso que usted inició contra el rebelde congoleño Thomas Lubanga. Lo que parecía un proceso sencillo (un cargo, reclutamiento de niños soldados) se ha convertido en un enredo del que parece difícil salir. La Defensa acusa a la Fiscalía de haber colaborado con intermediarios que indujeron a los niños soldado a mentir en sus testimonios.
R. El juicio de Lubanga va bien, la Defensa intenta atacar a la Fiscalía y eso está bien, están en su derecho. Nosotros estamos convencidos de la solidez de nuestro caso. Hemos presentado a los jueces nuestro informe alegando que no hemos actuado de forma incorrecta, la cuestión que se plantea ahora básicamente es a quién creer, si a la Defensa o a la Fiscalía. Por ello necesitamos a jueces que analicen al detalle las pruebas presentadas por las partes, que miren con atención cada episodio, cada incidente.
P. ¿Le obsesiona Omar Al Bashir? (La CPI ha emitido una orden de arresto contra el Presidente de Sudán, acusado de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Darfur)
R. No, me obsesiona que el genocidio continúe. Yo no tengo nada personal en contra de Omar AlBashir. Lo que me obsesiona es que no podamos parar el genocidio.
P. La Unión Africana ha pedido al Consejo de Seguridad que suspenda el proceso contra el presidente de Sudán porque compromete la paz en la región. ¿Qué hace que el Consejo siga confiándole un caso tan complejo?
R. Ningún Estado africano presentó eso al Consejo de Seguridad, aquí hay muchos juegos políticos y lo usan para atacarme a mi de forma personal. Los jueces [de la CPI] han tomado una decisión con respecto a la cuestión de Darfur y sin embargo, los que me atacan, siguen pensando que es decisión mía. Esa fue otra de las cosas que aprendí en Argentina, que no hay medias tintas: o te quieren o te odian.
P. Vayamos a Colombia. Hay mecanismos legales nacionales en marcha y, por ende, su deber es no investigar. Pero en cinco años de Justicia y Paz (el marco legal por el que se han desmovilizado más de 30.000 combatientes irregulares involucrados en la comisión de graves crímenes contra la población civil y que pretende buscar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas) tan sólo hay una sentencia sobre la mesa. ¿Son los procesos judiciales avanzados genuinos?
R. La Corte requiere que haya investigaciones y juicios genuinos. Nadie duda de que en Colombia sean genuinos. Que se han demorado, sí, que ha habido problemas, sí, pero [el caso colombiano] es muy complejo. Los jueces colombianos son muy buenos, y están viendo cómo combinar intereses distintos, los de las víctimas, el derecho a la verdad… La ley de Justicia y Paz ha permitido conocer centenares de miles de homicidios que no se conocían. Colombia es un país sofisticado y ésta es también una ley muy compleja e interesante. Hay que entender que es un proceso único, no hay en el mundo un proceso parecido.
P. Le queda 1 año y 5 meses de mandato, ¿qué le gustaría hacer antes de dejar esta oficina?
L.M.O. El plan es muy claro. Este año terminamos los juicios de [Thomas] Lubanga y [German] Katanga y [Mathieu] Ngudjolo, nos encaminamos a la apertura del proceso contra Callixte Mbarushimana, habrá avances en las investigaciones de Kenia, cada caso va a ir avanzando. Mi tarea también es la de poner los cimientos de esta institución así que estamos desarrollando políticas claras, asegurando la coordinación con los otros órganos de la Corte. En definitiva este año quiero asegurar un sistema institucional armónico entre los Estados parte y el Tribunal. Es un trabajo colectivo lo que hacemos.
P. En Junio de 2012 dejará su oficina, ¿quién cree que puede ser un buen sucesor?
L.M.O. El que elijan los Estados parte. Mi tarea va a ser asegurarme de que la persona que elijan entienda muy bien lo que hay que hacer. Será una transición paulatina.
P. ¿Es este el trabajo de su vida?
R. Por supuesto, ésta es para mí la misión más importante del mundo.
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