El periódico estadounidense The New York Times, publicó durante el pasado mes de septiembre un reportaje en el que se presenta a Puerto Rico como "el Singapur del Caribe".
El artículo publicado el 5 de septiembre de 2014, hace referencia a la Ley Número 22 o la "Ley para incentivar el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico", aprobada el 17 de enero de 2012 y que exime a estas personas del pago de los impuestos sobre ingresos producto de inversiones. Estos nuevos residentes deben cumplir con la peculiar característica de mudarse a la Isla o vivir en ella al menos 183 días del año y ser inversionista en alguna compañía o negocio, o trasladar su empresa al País. A diferencia de otros “paraísos fiscales”, como bien lo puntualiza el rotativo neoyorquino, en la Isla basta con presentar el pasaporte para instalarse, lo cual representa otro enorme ahorro económico en comparación con otros países en los que es necesario pasar por un proceso de inmigración. El mandato gubernamental tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2035.
“Tras un comienzo lento, el estatus de Puerto Rico como un paraíso fiscal está comenzando a hacerse popular, y algunos están apostando grandes cantidades de dinero (…), las autoridades locales esperan que la nueva inversión ayude a darle vuelta a una economía maltratada por varios años de recesión”, puntualizó The New York Times.
El diario destacó que al ser aprobada la ley solo dos personas se acogieron a la exención del pago de contribuciones, aunque eventualmente, la cifra comenzó a aumentar. Solo en este año, 115 personas han solicitado y obtenido la exención de impuestos y otras 135 se encontraban en espera, según el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico. Durante el 2013, unas 151 personas se les concedió la exención contributiva.
Según The New York Times, el punto de inflexión para la posición de Puerto Rico como “paraíso fiscal” se remonta al año pasado, cuando el multimillonario John Paulson comenzó a invertir en la Isla. Su empresa Paulson & Company, adquirió en el 2013 el St. Regis Bahía Beach Resort, complejo que en los últimos 10 meses ha vendido nueve condominios entre los precios de $800 mil a $1.6 millones. La compañía también está construyendo seis villas frente al mar que serán vendidas entre los $10 millones y $12 millones.
En marzo de este año, la empresa también adquirió dos hoteles frente al mar en San Juan, La Concha Renaissance Hotel y el Condado Vanderbilt, donde Paulson invirtió más de $500 millones en renovaciones y planes de expansión. El Vanderbilt reabre sus puertas durante el próximo mes de diciembre y recientemente anunció unas 300 nuevas posiciones de empleos. Miles de puertorriqueños acudieron a las filas para entrevistarse con la gerencia del hotel, cuyo precio más económico por noche ronda en los $450.
Otro de los conocidos multimillonarios neoyoquinos que recientemente se mudó a la Isla para aprovechar las exenciones contributivas fue Alex Lemond, dueño de varios condominios en Manhattan. El empresario se mudó a Puerto Rico con su compañía Grupo Encanto, con la que está invirtiendo cientos de millones de dólares en el desarrollo de bienes raíces de lujo.
Lemond detalló sus logros al New York Times: “Este año, la compañía adquirió el Solarea Beach Resort, un desarrollo de condominios de cuatro edificios, junto a unos 24 acres de playa adyacente y el puerto deportivo Yacht Club, con 158 muelles y un edificio comercial de 30,000 metros cuadrados". El empresario también planifica gastar más de $200 millones en las propiedades, incluyendo la construcción de un hotel y casas adicionales frente al mar, según manifestó en un comunicado de prensa en marzo.
Esta fuerte inversión ecnómica ,no obstante, no se traduce en beneficios sustanciales para la Isla. El Gobierno de Puerto Rico no recibirá directamente ni un solo centavo del dinero que genere Lemond con la venta de sus lujosos apartamentos que, evidentemente, están diseñados para la clase social “alta” del País o del extranjero.
La política pública adoptada por el Gobierno de Puerto Rio actualmente no es tan diferente, a fin de cuentas, a la que implementó otra administración gubernamental durante las épocas de 1950 y 1960, cuando la iniciativa Manos a la Obra se convirtió en el proyecto de país. Hoy como en aquella época el análisis costo-beneficio domina las decisiones gubernamentales y los asuntos encaminados a justicia social van perdiendo peso, según evidencia la licenciada Érika Fontánez en su más reciente libro Ambigüedad y Derecho: Ensayos de Crítica Jurídica. La profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), explica cómo la política adoptada en Puerto Rico a partir de los años cincuenta fue la de del llamado “trickle down effect” o filtración. El gobierno descansaba en la premisa de que los beneficios del crecimiento económico se filtrarían gradualmente a sectores sociales desventajados.
“Lejos quedaban las de por sí tímidas justificaciones para las políticas directas de justicia social y redistribución. La suposición detrás del proceso de industrialización era que el crecimiento económico, al fin y al cabo, beneficia a todas las clases y grupos”, declara Fontánez en su publicación. Pero lo cierto es que, como bien explica la autora más adelante en su libro, aunque sí fue evidente un desarrollo económico, la teoría de filtración nunca llegó a resultados empíricos y la política de Manos a la Obra, más bien tuvo efectos nefastos que terminaron por alimentar más el problema de desigualdad en la Isla.
A pesar de esta experiencia, el Gobierno de Puerto Rico, continúa confiando en su antigua fórmula de concesión de exenciones contributivas a quienes tienen el capital para pagarlas, probablemente con la misma esperanza de que esos beneficios económicos se percolen en todas las esferas sociales del País.
"El Singapur del Caribe"
Enajenado o quizás demasiado enterado de la realidad de Puerto Rico, Paulson ha recibido tantos beneficios del “paraíso fiscal” que ha decidido rebautizarlo como "el Singapur del Caribe", aparentemente el nuevo slogan promocional de la Isla internacionalmente. Nuestro proyecto de país, sin embargo, está lejos de parecerse al de Singapur, aunque se debería aspirar a tener uno como tal. Singapur, una isla 14 veces más pequeña que Puerto Rico y con cerca de la misma cantidad de habitantes, tiene un ingreso per cápita de $28,730 dólares. Pero el éxito de Singapur no está basado en las exenciones contributivas. La isla ubicada en el Océano Índico declaró su independencia en 1965, tras separarse de la Federación de Malasia. Desde entonces, su crecimiento económico ha sido imparable.
El doctor Ángel Collado Schwarz, presidente de la Universidad Carlos Albizu, señaló en su libro Soberanías Exitosas: Seis modelos para el desarrollo económico de Puerto Rico,que “Singapur tiene decenas de tratados comerciales”, uno de los elementos clave de su desarrollo. El gobierno de Singapur se enfocó en identificar áreas de vulnerabilidad económica y los atacó con mecanismos institucionales. Desde su independencia hasta el presente, el proyecto de país de esa isla se ha enfocado en desarrollar empresas nacionales que se han establecido dentro y fuera del país. Esas empresas impulsaron, por supuesto, el nivel de exportación, al tiempo que disminuyeron el de importación. Esta dinámica permitió, por otro lado, que las empresas multinacionales instaladas allí no interfirieran con el desarrollo económico de esa nación.
El artículo del diario estadounidense, ubicado en la sección de real states, también coloca en contexto la realidad fiscal que ha llevado al gobierno a llevar a cabo medidas como la Ley 22. La información es manejada de forma tal que los futuros inversionistas que lean el artículo entiendan cómo la situación fiscal de Puerto Rico fluctúa a su favor.
“Durante años, la Isla ha sostenido un alto nivel de desempleo y un creciente aumento en el costo de vida que ha dado lugar a un éxodo de muchos de los profesionales de Puerto Rico y los residentes de clase media, que se han trasladado a lugares como Florida y Texas”, destacó el periódico neoyorquino, añadiendo que la Isla obtuvo un ingreso per cápita de $17,400 en el 2013, muy por debajo de Mississippi, el estado más pobre de los Estados Unidos de América.
The New York Times mencionó, además, que el producto interno bruto de la Isla creció a solo un 0.3 por ciento el año pasado y se espera que crezca sólo un 0.1 por ciento este año, de acuerdo con la Junta de Planificación de Puerto Rico, agencia al que los medios extranjeros parecen tener más acceso que los locales.
La implementación de la Ley 22 continúa a toda máquina, mientras los inversionistas comienzan a plantar bandera en las zonas más prestigiosas y también muy vulnerables. Su asentamiento, de paso, continúa restringiendo el ya limitado acceso a las playas. También se sigue perpetuando la distribución desigualitaria de los espacios y terrenos al darle acceso preferencial a una élite que construye para su propia élite a expensas de la debacle económica de un pueblo.
El economista Francisco Catalá Oliveras, en una entrevista radial que le realizó Collado Schwarz para su libro sobre soberanías exitosas, observó que Singapur encontró en la fuerza trabajadora el “eslabón perdido” que necesitaba para cumplir con sus metas de desarrollo. ¿Cuál será el eslabón perdido de Puerto Rico?
