La Junta de Control Fiscal (JCF) concedió a la Universidad de Puerto Rico (UPR) hasta el 14 de mayo para entregar una serie de documentos solicitados por el ente relacionados con datos financieros de la institución.
En una carta enviada ayer por la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, al presidente interino de la UPR, Darrel Hillman, se informa que el ente federal aceptó una solicitud de la universidad para que se concediera una nueva fecha de entrega de los documentos requeridos.
“Escribimos en respuesta a su carta del 7 de mayo de 2018 solicitando una extensión para que la Universidad de Puerto Rico someta una explicación detallada de los impedimentos actuales para presentar los informes de liquidez y efectivo y una propuesta detallada con un calendario para lograr los informes semanales”, reza la misiva firmada por Jaresko.
Precisamente, la UPR debía entregar los documentos requeridos por la JCF el pasado lunes 7 de mayo –fecha en la que Hillman solicitó que se extendiera por segunda vez la entrega de los informes–.
El 30 de abril, Jaresko había cuestionado la falta de respuestas de la institución a la petición de los informes y alertó sobre posibles repercusiones para las autoridades universitarias por la laxitud de estas entregas. En ese momento también reclamó una propuesta de calendario para hacer llegar los reportes semanales.
No obstante, en su carta enviada el pasado lunes a la JCF, Hillman comunicó al ente federal que desde octubre de 2017 la UPR ha presentado informes regulares a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) sobre la liquidez de la universidad.
No obstante, el presidente interino informó que los trabajos entre la UPR y la Aafaf se han retrasado debido a una incongruencia en las metodologías para recabar la información sobre el flujo de efectivo y la liquidez de la institución, dilatando la regularidad de los informes.
“Ante un alto nivel de contraste entre el modelo de flujo de caja desarrollado por el UPR y el requerido por Aafaf, debemos notar que Aafaf requiere más detalles relacionados con los pagos, particularmente los realizadas a proveedores externos. Sin embargo, ambos informes alcanzan los mismos saldos iniciales y finales y propósitos prácticos. Aunque la universidad está de acuerdo en que la plantilla de Aafaf facilitará la consolidación de los elementos esenciales que se necesitan para una visión integrada de la posición financiera del gobierno, nuestro informe de flujo de efectivo alterno es preparado rutinariamente por la administración y es de fácil acceso”, explicó Hillman en la carta.
Sin embargo, el funcionario aceptó que “el proceso actual de información financiera de la universidad no permite el seguimiento del proceso de cumplimiento del informe de flujo de efectivo en la frecuencia deseada. La administración desea producir información financiera fácilmente, pero necesitará asignar más recursos para cerrar la brecha de tiempo en la producción de informes financieros y lograr un proceso más sólido y eficiente”, añadió Hillman.
Para cumplir con esos objetivos, el presidente interino informó la contratación de la empresa de consultoría Almodóvar Consulting “para ayudar en el asunto”. Una búsqueda de Diálogo en la Oficina del Contralor no rindió frutos sobre el monto del contrato de esta firma.
Ponen fecha al presupuesto
Además de aceptar la fecha propuesta por la UPR, la JCF envió otra carta a la administración universitaria en la que informa que el 21 de mayo es la fecha límite para que la institución presente el presupuesto recomendado para el año fiscal 2018-2019.
Junto con el presupuesto, la UPR debe incluir una certificación de la Junta de Gobierno de la UPR en la que se autoricen las partidas propuestas.
En la segunda carta, esta vez firmada por el presidente de la JCF, José Carrión —y dirigida a Hillman, el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar, y al gobernador Ricardo Rosselló— también se establecen las fechas que tienen el gobierno y la UPR para presentar información necesaria para que se dé paso a la aprobación del presupuesto del Estado para el nuevo año fiscal que inicia el 1 de julio de 2018.
En un pronóstico de ingresos anejado a la carta de Carrión, se proyecta un aumento total de $102.7 millones como resultado al ajuste en el costo del crédito subgraduado en la UPR, que antes totalizaba $56.7 millones, es decir, unos $17.3 millones por el ajuste al costo de matrícula graduada y $28.6 millones provenientes de la reducción de exenciones a la matrícula.
La JCF espera aprobar o hacer sus recomendaciones del presupuesto del gobierno central –incluyendo los documentos de la UPR– a más tardar el 8 de junio. El gobernador deberá entregar el documento con las correcciones para el 18 de junio.
Carrión alertó que si el gobernador no entrega un presupuesto de acuerdo con las exigencias de la JCF, el ente federal –al igual que ocurrió con el plan fiscal– preparará un nuevo presupuesto antes del 29 de junio.
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