Como una “aberración” y una “barbaridad”, así describieron los líderes sindicales de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) el Proyecto de la Cámara 1089 que busca suspender los pagos monetarios en tiempo de paralización o huelga en la Universidad de Puerto Rico (UPR).
La medida, de la autoría del representante nuevoprogresista Gabriel Rodríguez Aguiló, plantea que durante paralizaciones de 72 horas o más y de realizarse más de una al semestre –independientemente el tiempo– la institución se verá obligada a “suspender, detener y desautorizar inmediatamente todo desembolso de fondos públicos correspondiente a gastos de funcionamiento de la Universidad de Puerto Rico o cualquiera de sus recintos”.
Para esto, el P.C. 1089 enmendaría la Ley 1 de 20 de enero de 1966, mejor conocida como la Ley de la Universidad de Puerto Rico, a fines de establecer expresamente la obligación de la Junta de Gobierno y del secretario de Hacienda ha detener los desembolsos.
Aunque el proyecto fue aprobado la semana pasada en la Cámara de Representantes, la legislación ha levantado críticas tanto del senador del Partido Nuevo Progresista, Abel Nazario Quiñones, quien preside la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, así como de la misma comunidad de la UPR.
Durante el proceso huelgario que finalizó el pasado 7 de junio, el gobierno se mantuvo firme –en reiteradas ocasiones- de mantener respeto a la autonomía universitaria del sistema público del País. Sin embargo, los líderes sindicales entienden que de aprobarse esta medida, esta política pública se vería violentada.
“Es una forma de intervenir con la autonomía universitaria. La administración [de la UPR] ya tiene la forma de lidiar con la situación. Ese proyecto no se sostiene y así se demostró en las vistas que celebraron”, sostuvo el presidente de la APPU, José Raúl Rivera Caraballo.
El presidente de la Heend, José Torres, concordó con Rivera Caraballo y añadió que a su entender la legislación ha sido radicada como “revancha” a la huelga de 72 días que sostuvieron en los pasados meses los estudiantes de la UPR y la cual contó con el apoyo de un grupo de profesores y empleados del sistema universitario.
“Esta administración está dándole punzadas a la Universidad y atacándola de todas las formas… atacando a los trabajadores. Tú no puedes hacer leyes para el momento. Todos estamos claros que si estamos en huelga no debemos cobrar, pero no es para que venga un tercero a imponérnoslo”, dijo Torres.
Asimismo, tanto Rivera Caraballo como Torres entienden que la legislación es una nueva manera de la administración de Ricardo Rosselló Nevares de criminalizar las protestas.
“Es un proyecto de ley arcaico que busca penalizar expresiones como la huelga. Un intento de criminalizar expresiones democráticas que son necesarias. Las expresiones, a veces, incomodan, pero así se han dado los cambios en la sociedad. Son las que hacen que tengamos una sociedad más justa. Fue un disparate aprobarlo”, puntualizó el líder de la APPU.
A pesar del descontento, ambos se mantienen esperanzados en que la medida no será aprobada en el Senado o que sufrirá enmiendas sustanciales.
“Yo lo que espero es que se dé una consideración más equilibrada en si esa medida verdaderamente hace falta”, apuntó Torres.
Hasta el momento se desconoce si se el P.C. 1089 se llevará al Senado en la sesión ordinaria del jueves, pero de aprobarse en la Cámara alta la medida entraría en vigor tan pronto el gobernador la firme.
La huelga se dio en rechazo a los recortes al presupuesto de la institución. La UPR se enfrenta a un recorte presupuestario de $202 millones para el próximo año fiscal, cantidad que pudiera mermar a $160 millones luego que el viernes se diera una reunión entre la administración universitaria y el comité del gobernador donde “identificaron” $40 millones extra para la institución.
En estos momentos, la Universidad se encuentra sin un cuerpo regente ya que la Junta de Gobierno de la UPR está inoperante y, por consiguiente, no se ha podido nombrar a un presidente o presidenta interina que tome las riendas del sistema universitario.
La institución tampoco ha presentado un plan fiscal ante la Junta de Control Fiscal ni un plan de presupuesto para el año académico 2017-2018.
Un grupo de estudiantes y profesores no descartan “nuevas” formas de lucha contra un recorte al presupuesto de la UPR que podría elevarse a $512 millones para el 2026.
