Los procesos de mediación del Comité de Diálogo Multisectorial de la Universidad de Puerto Rico en Carolina se encuentran en un tranque ya que el Consejo General de Estudiantes (CGE) de esa unidad no ha contestado a la carta -emitida por el movimiento estudiantil- que pide la que se impugne la asamblea extraordinaria.
“Nosotros no podemos buscar alternativas y propuestas a la huelga indefinida si todavía estamos en el mismo tranque de decidir si se impugna o no la asamblea” expresó la portavoz del Movimiento Estudiantil, Camila Medina. La determinación en cuanto a la impugnación de la asamblea extraordinaria, celebrada el 24 de abril, recae sobre el CGE del campus carolinense.
Según Medina, el consejo “está parcializado y en contra de la huelga” y por ende no deben ser los que decidan sobre el asunto. Es por esto que en la segunda reunión de comité, celebrada el jueves, los representantes del movimiento estudiantil presentaron una propuesta para que un parlamentarista externo sea el que decida sobre la legalidad o ilegalidad de la asamblea.
La portavoz indicó que la propuesta fue acogida por el CGE y el comité, pero que aún no han recibido una respuesta. Según el CGE, la petición será contestada en los próximos días.
El Comité de Diálogo Multisectorial es el cuerpo constituido en el campus carolinense para llevar a cabo las mediaciones entre los diversos sectores de la comunidad estudiantil.
Este cuerpo fue creado por el rector unas semanas antes de la asamblea extraordinaria, pero no fue hasta luego que se celebró el cónclave y que se cuestionó su legalidad que el movimiento estudiantil, el Movimiento Estudiantil Pro Acceso y la Iniciativa Alternativa formaron parte del mismo.
El comité está compuesto por representantes de cuatro grupos estudiantiles: el Movimiento Estudiantil, el Movimiento Estudiantil Pro Acceso UPR Carolina, Iniciativa Alternativa (organismo que realizó el recogido de firmas para solicitar la asamblea extraordinaria al CGE, luego de la Asamblea Nacional), el CGE, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), el rector, el doctor Moisés Orengo Avilés, la decana de Asuntos Estudiantiles y un ayudante especial del rector.
Por su parte, la presidenta del CGE de la UPR Carolina hizo un llamado a la unidad y al diálogo. “Hay que buscar la manera de trabajar todos unidos esto y llegar a algún tipo de acuerdo”, expresó la presidenta Carola Rodríguez.
Mientras, rectoría informó que a petición del grupo estudiantil Movimiento Estudiantil Pro Acceso, la administración universitaria estará produciendo un informe que comprenda un panorama general de los gastos estimados por partidas, durante el periodo de huelga.
Los estudiantes miembros del comité solicitaron otros dos reportes, uno relacionado al impacto que pudiera tener un recorte en el presupuesto de la unidad carolinense, y el segundo, un calendario académico que contemplara un cierre parcial del campus, en el cual solo se dé clases unos días a la semana.
La próxima reunión del Comité de Diálogo Multisectorial será el martes, 9 de mayo, a las 2:00 p. m. Los miembros del comité se han comprometido a establecer un calendario de reuniones que les permita un espacio regular para mantener los encuentros martes y jueves.
Actualmente, nueve de los 11 recintos del sistema de la UPR se encuentran bajo huelga indefinida, siendo el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) la ultima unidad en en unirse tras la realización de una asamblea extraordinaria el viernes 7 de abril.
En el caso del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), solo se aprobó un paro de 72 horas que culminó el 12 de abril. El estudiantado de la UPR en Aguadilla –la única unidad que no asistió a la asamblea nacional– acordó realizar paros semanales de jueves a domingo. De otro lado, el estudiantado del Conservatorio de Música culminó el 19 de abril un paro de 48 horas.
La paralización estudiantil responde al posible recorte de $450 millones que pretende imponer la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre la Universidad de Puerto Rico. Este recorte fue avalado por el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, quien lo incluyó en el plan fiscal.