“Transfer Pricing”, el truco de las empresas multinacionales

Walmart, corporación multinacional de tiendas. (Wikipedia)

20 de febrero de 2016 Por Especial para Diálogo Opinión

Por: José Caraballo Cueto

SOBRE EL AUTOR

Especial para Diálogo

Colaboración especial para el periódico oficial de la Universidad de Puerto Rico.

Los estados financieros de una cadena multinacional de farmacias (los cuales están disponibles públicamente) aparecen con pérdidas para el año 2014 a pesar de que vende alrededor de $1,300 millones anualmente en Puerto Rico. ¿Cómo una cadena en plena expansión puede generar pérdidas? Una posible explicación son los mecanismos contables como la transferencia en precio (“transfer pricing”).

¿Qué es la transferencia en precio? Supongamos que el costo real de una botella de agua para esta multinacional es $1. La transferencia en precio ocurre cuando la sucursal de Puerto Rico le compra esa botella a un precio inflado (digamos $2) a otra sucursal de la misma cadena en otro país. Si el precio para el público es de $2.50, hay $0.50 de ganancias por botella que se informarán en Puerto Rico. Por eso, si se calculan los impuestos totales a base de estos $0.50, da una tasa alta de impuestos. Sin embargo, hay un dólar de ganancia por cada botella vendida en Puerto Rico que se informará fuera del país. El reconocer las ganancias hechas en un país en otro es la transferencia en precio.

Según el periódico The Guardian, el IRS (división de rentas internas federal) está investigando esta forma de evadir impuestos. Luxemburgo y Delaware son unos de los destinos preferidos de estas multinacionales del sector de ventas al detalle para realizar la transferencia en precio ya que son paraísos fiscales. De hecho, otra multinacional detallista que opera en Puerto Rico informa millones de ganancias en Luxemburgo sin siquiera tener sucursales ahí.

Esto crea desigualdad impositiva ya que los negocios locales no pueden hacer la transferencia en precio. Los detallistas locales tienen que pagar a una tasa mayor al 30% sobre las ganancias, sobre 20% a los dividendos y sobre 6% por mercancía que no han vendido (CRIM mueble), entre otros. Ya que los detallistas locales son los que mejor impactan la economía local al reinvertir sus ganancias aquí y generar más empleos por dólar en venta, la Ley 72 busca equiparar la carga impositiva entre las multinacionales y los negocios locales al imponer impuestos a las compras hechas por una multinacional a sus propias sucursales en otros países. Este impuesto no es traspasable al consumidor ya que le daría una ventaja en precio a los competidores locales (lo que se conoce en economía como la elasticidad precio de la demanda).

Hay una multinacional que alega que debe cerrar operaciones si paga los $6 millones adicionales en impuestos que implica esta ley, a pesar de que venden casi $3,000 millones anualmente. Esto equivale a un 0.2% de sus ventas brutas; una proporción menor de lo que pagan los comercios locales en patentes municipales solamente (las cuales son por las ventas brutas también).

¿Qué pierde Puerto Rico si se va una multinacional que no quiere pagar impuestos? Casi nada. La mayoría de sus ventas ocurrirían en negocios locales, por lo que habría más empleos de los que crean actualmente y la economía estaría más sólida pues serían nuevos miles de millones circulando e impactando la economía de Puerto Rico, billones que actualmente salen del País. Las compras a fabricantes locales también ocurren en los negocios locales y la inmensa mayoría de estos también remiten los recaudos del IVU (la tasa de captación del IVU fue de 83% en 2012 al comparar los datos del Censo Económico, captación similar a la europea). En la India, en Alemania y en la Ciudad de Nueva York esa multinacional no tiene ni una sucursal y son economías vibrantes.

¿Cómo vamos a estimular el “empresarismo” cuando tenemos unas multinacionales detallistas acaparando el mercado con mejores condiciones contributivas? El gobierno local debe continuar eliminando la competencia desleal y unirse al IRS, aprovechando la cercanía actual con los dirigentes del Departamento del Tesoro.

De lo contrario, el pueblo seguirá pagando los impuestos que se pierden en esta evasión.