El hogar de Yolanda Montañez parece una zona de construcción. El piso está expuesto, con tierra y pequeños rotos. No hay paredes que separen los dos cuartos en el segundo piso, y todas sus pertenencias están amontonadas en bolsas plásticas. Pero está contenta porque, por primera vez en casi ocho meses, puede mirar hacia arriba y no ver el cielo a través de un toldo azul, sino que ve un techo marrón nuevo.
Por décadas, la gente del Caño Martín Peña en San Juan ha lidiado con niveles altos de pobreza, inundaciones y la gentrificación de su área. Pero cuando el huracán María golpeó el país, dejó a Montañez y a más de 1,200 vecinos de este vulnerable sector viviendo bajo toldos azules.
Ahora la agencia gubernamental que atiende las necesidades sociales, económicas y ambientales de esta comunidad está en riesgo de posibles recortes presupuestarios.
De acuerdo con el plan fiscal certificado publicado recientemente por la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, que impone varias medidas de austeridad, la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña es una de las corporaciones que el gobierno está evaluando ya sea para consolidarla con otras agencias o mantenerla independiente.
El presupuesto propuesto que el gobernador Ricardo Rosselló le envió el viernes pasado a la Junta de Supervisión Fiscal no incluye recortes a Enlace, pero está sujeto a revisión de la junta y no garantiza que la agencia no será consolidada en el futuro. El año pasado, la Junta de Control Fiscal obligó a Rosselló a hacer más recortes a su propuesta de presupuesto.
“Lo que hacemos aquí, no lo va a poder hacer ninguna otra agencia de gobierno de la forma en que lo hemos podido hacer nosotros”, dijo Lyvia N. Rodríguez del Valle, directora ejecutiva de Enlace por los pasados 16 años.
Sin embargo, Rodríguez del Valle explicó que el gobierno tiene el propósito de reducir el número total de agencias públicas a 35, de 131. “Así que todavía hay algo de incertidumbre. Informalmente, nos hemos enterado de que la administración actual no tiene la intención de consolidar Enlace con otras entidades”, dijo.
“En la medida en que operamos de una manera muy conservadora, cualquier reducción tendrá un impacto significativo”, dijo Rodríguez del Valle.
En los días y horas después de que el huracán devastó la comunidad, los miembros de Enlace fueron los primeros en llegar al caño.
Cuando la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) no apareció por allí, el grupo de organizadores comunitarios llevó las lonas azules para cubrir los techos destrozados y cualquier ayuda médica y de emergencia necesaria.
“Antes de María, había un plan, había un proyecto y cosas establecidas”, dijo Rodríguez Del Valle. “Ya habían retos increíbles, como la pobreza, la marginación y el acceso a la educación, pero éramos capaces de atender a las personas con muchas limitaciones — pero luego sucedió el huracán”.
Esas limitaciones provienen de la situación económica de Puerto Rico, que al igual que el caño, se encontraba en estado de emergencia mucho antes de que llegara el huracán. La isla tiene una deuda que supera los $72,000 millones, más que casi todos los 50 estados, excepto California, Nueva York y Massachusetts.
“Las medidas de austeridad son la peor parte de esto, la manera en que todo en el gobierno [de Puerto Rico] está enfocado en pagar la deuda, en lugar de lidiar con lo que está sucediendo y evitar que la gente tenga que abandonar su país”, dijo Rodríguez Del Valle. “[La comunidad] está siendo expulsada y es muy doloroso verlo”.
Ha habido un éxodo masivo de puertorriqueños. Pew Research estima que más de medio millón de personas abandonaron el país en la última década. Para fines de 2018, el gobierno proyecta que alrededor de 200,000 residentes más se irán de la isla para establecer residencia permanente en estados como Texas, Florida, Nueva York y Pensilvania.
Hay varias razones por las que los puertorriqueños se van en masa. Para algunos, es por la situación económica del país, la falta de oportunidades y el acceso a la educación. Pero para Montañez, su hermana Milagros Montañez y su vecino Luis Ramos, abandonar la isla nunca fue una opción hasta María –incluso después de años de inundaciones e inequidades–.
Una comunidad inundada de problemas
El Caño Martín Peña es una comunidad de 26,000 habitantes originalmente construida de manera informal encima de humedales de manglar y se encuentra al lado del distrito financiero de San Juan, La Milla de Oro.
El canal de agua, que va desde la Bahía de San Juan en el oeste hasta la Laguna San José y la Laguna Los Corozos en el este, también es el epicentro de algunos de los principales problemas de salud pública y vivienda de la región.
“Con o sin lluvia, se inundaba”, dijo Montañez sobre el estado de su comunidad antes del huracán.
Los residentes del área del estuario no tienen la infraestructura básica para enfrentar las aguas usadas que llegan a través del canal. Sin un sistema de alcantarillado adecuado, las casas se inundaban con agua del inodoro y del fregadero, años antes de que llegara María.
Y entonces, llegó María
“La situación con la casa después del huracán me llevó a una depresión y esa fue la única vez que consideré abandonar esta comunidad”, dijo Montañez, quien ha vivido en el caño toda su vida.
En los días inmediatamente después de la llegada del huracán a la isla, Montañez y su hermana se refugiaron en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en San Juan, junto a miles de personas.
Cuando su vecino Luis Ramos escuchó las advertencias iniciales sobre la tormenta, recogió sus pertenencias y dejó el caño con sus dos perros y un gato.
Cuando los residentes regresaron, encontraron sus casas inhabitables –llenas de unos dos pies de agua sucia del caño–. Los techos estaban arrancados por completo.
“Pasé los primeros días en casa de un familiar porque quedarse en casa era como vivir en la calle, porque siguió lloviendo días después del huracán”, dijo Ramos.
Durante el próximo mes, una sensación de desesperanza comenzó a abrumar a las hermanas. Cuando Yolanda Montañez finalmente regresó a su trabajo como secretaria para el Municipio de San Juan después de dos semanas, comenzó a sentir los efectos del trastorno de estrés postraumático.
“Cuando estaba en el trabajo y cualquiera me llamaba y me decía que estaba lloviendo o algo así, comenzaba a llorar y me ponía tensa y ansiosa”, dijo.
Pero la parte más difícil para ambas mujeres fue el efecto que tuvo en sus nietos, que se enfermaron debido al hongo y aguas usadas en sus hogares. Aunque estos problemas de salud pública no eran nuevos para las familias, se empeoró por el impacto y los escombros del huracán.
Sin derechos de propiedad, no hay ayuda
Para muchos residentes del caño, los derechos de propiedad son otro obstáculo. La mayoría no tiene los derechos sobre la tierra en la que ellos y sus familias han vivido por generaciones. Esto significa que no la pueden hipotecar, alquilar o vender.
El tema de la vivienda informal se convirtió en el más importante después de María, cuando los residentes comenzaron a solicitar ayuda y se les negó debido a la incapacidad de demostrar su derecho a la tierra.
“Tengo los documentos, pero no están a nombre de mi madre o mi tío, sino a nombre de mis bisabuelos, y es por eso que se me negó la asistencia de FEMA”, dijo Milagros Montañez.
Según los registros de FEMA, desde el huracán, la agencia ha recibido casi 1.2 millones de solicitudes de asistencia y ha negado el 60% de esas peticiones porque las escrituras de propiedad no están a nombre de los reclamantes.
La última vez que FEMA negó la solicitud de ayuda de Milagros Montañez fue el 13 de abril. Para entonces, ella había tomado el asunto de reconstruir su casa en sus propias manos. Unos días antes, un contratista privado le instaló un techo. Ahora ella está cambiando los paneles del piso en la segunda planta de su casa, que no es seguro.
Pero a pesar de los interminables obstáculos, Ramos y las hermanas Montañez continúan luchando. Hay décadas de historia y relaciones que se han construido a lo largo del caño.
“Esta casa es el centro de la familia. En el fin de semana, todos vienen aquí con sus hijos”, dijo la hija de Milagros Montañez, Yaxyra Rosario Montañez, mientras sus sobrinas y sobrinos corrían por los pisos irregulares de cemento de la casa de su tía.
Las calles del caño están llenas de varias generaciones de residentes. Hay niños en sus bicicletas oxidadas, hombres mayores jugando ajedrez y un movimiento de vecinos yendo y viniendo, saludándose unos a los otros. Lo único que parece haber permanecido como una constante para estos residentes es su sentido de comunidad.
“Están cansados de que el gobierno no asuma un sentido de acción. Pero su sentido de pertenencia es más fuerte que la situación que están viviendo”, dijo Mariolga Julia, gerente de proyectos especiales en el Fideicomiso de la Tierra, una entidad asociada a Enlace.
Enlace tampoco se dará por vencido. Incluso cuando enfrentan posibles recortes a su presupuesto, Rodríguez Del Valle cree que han invertido demasiado esfuerzo y muchos años como para dejarlo ir. No quiere ver a los residentes trasladados a viviendas públicas.
“Lamentablemente, eso parece ser parte de la visión que algunas personas todavía tienen sobre cómo abordar los problemas después del huracán María”, dijo Rodríguez Del Valle.
Rodríguez Del Valle dice que en las últimas décadas ha visto bocetos y propuestas de hoteles, marinas y otras atracciones turísticas pensadas para sustituir estas comunidades.
En menos de un mes, comenzará la temporada de huracanes de 2018 y la familia Montañez y Luis Ramos creen que sus nuevos techos resistirán. Tienen esperanza en el futuro de su comunidad y de Puerto Rico.
Pero a medida que el país se enfrenta su creciente deuda, y a una infraestructura y una red eléctrica en deterioro, es más vulnerable que nunca.
“No puedo ni imaginar lo que va a pasar si hay otro huracán aquí con las condiciones que se ven en la calle”, dijo Rodríguez Del Valle.
