Tras la paralización del gasoducto ¿qué?

La orden de paralizar el gasoducto del Sur “indica el valor de las luchas comunitarias” expresó Juan Rosario, líder de Misión Industrial, una de las más antiguas organizaciones ambientalistas de Puerto Rico. La determinación de la jueza Lauracelis Roques Arroyo, demuestra para Rosario que “si no se lucha en la calle, el proyecto hubiera seguido, y el País hubiera tenido un proyecto con muchas deficiencias”. Mas, expresó que esto tiene una carga negativa ya que demuestra también que “para uno poder defender sus derechos tiene que arriesgar su persona (…) eso no debería ser así en una democracia”. El tribunal ordenó el martes la paralización de la construcción del Gasoducto del Sur como resultado de una demanda del Municipio de Juana Díaz contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), proponente del proyecto. La discrepancia de mayor trascendencia es la que tiene que ver con la cercanía de la tubería con las comunidades aledañas. Algunas de los vecinos alegan que el gasoducto se construye más cerca de sus residencias que lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental Final de la AEE, documento que motivó la demanda del alcalde juanadino, Ramón Hernández. Rosario fue más allá al señalar que al ser “ineficiente” en la redacción de documentos y la aplicación de la ley la “la Junta de Calidad Ambiental (JCA) está exacerbando la confrontación en el país”, haciendo referencia a los incidentes violentos de la semana pasada en que varias mujeres que protestaban resultaron heridas en un altercado con la policía. Añadió también que la determinación “valida el argumento de que se había hecho un documento ambiental inadecuado”, poniendo de manifiesto así que la “JCA no hizo su trabajo, violentó su propia ley”.

“Yo espero que la JCA no coja ahora y decida, de nuevo violando la ley, que lo único que hay que hacer es mover la verja un poquito”, indicó Rosario, puesto que eso sería “fragmentar el proceso” cuando hay deficiencias a nivel general. Además, el líder ambientalista argumenta que según la Sección 3 del Artículo 3 de la Ley de Política Pública Ambiental, las agencias, “todas, tienen que interpretar a tono con la ley”, lo que significa que las deficiencias ambientales en el Gasoducto del Sur no es responsabilidad exclusiva de la Junta de Calidad Ambiental. En opinión de Juan F. Alicea Flores, Director Interino de la AEE, es “la Junta es quien tiene esa responsabilidad”, algo que la misma jueza Roques Arroyo reconoce. Esto a pesar de que al parecer del director “la jueza se contradice al reconocer la autoridad de la JCA y después decidir paralizar todo el proyecto”, aún cuando la Junta “había decidido que solamente paralizando los tramos era suficiente”, esto en referencia a los tramos que han sido cuestionados por las comunidades por razones de seguridad y violación a la Declaración de Impacto Ambiental. Mientras, Rosario abogó por una visión integral del proyecto ya que “nosotros creemos que no es posible hacer ese proyecto sin que haya un plan nacional de política energética” y eso al momento, señaló, no se ha discutido en el foro público. Sin embargo, Alicea Flores, resaltó que “este proyecto cumple perfectamente con la política energética del Gobierno entrante”, política en que se pretende que un 35% de la energía consumida en el país sea renovable y el restante 65%, fósil, “por lo que confiamos en que el proyecto va a concluir”.

foto: suministrada

Eso sí, al director de la AEE le preocupan los gastos que implicará la paralización del proyecto puesto que se ha detenido la construcción de tramos como el que se encuentra entre Ponce y Peñuelas en el que la Autoridad tenía permisos para trabajar sólo desde agosto a febrero. En esa zona habita el guabá –araña de cueva- y la temporada en que menos se afectaría su especie es ese periodo. Alicea Flores utilizó ese ejemplo como uno de los casos en que se han tomado las medidas necesarias para proteger al ambiente: “hasta este momento no ha habido violación a permiso alguno”. Pero también mencionó que “eso nos dilata el proyecto por completo”, pues tendría que esperarse a agosto del 2009 para continuar ese tramo, lo que aumentará los gastos de operación y representa un “costo no sólo para la compañía sino para los clientes”. Una de las razones que la AEE ha argumentado para llevar a cabo el proyecto es la reducción en los costos al consumidor y ahora, al no poderse finalizar el proyecto para junio 2009, según lo esperado, “tendremos que seguir pagando 100 millones al año”, subrayó el Director Interino. También, Alicea Flores mencionó que la AEE constantemente se ha encargado de mitigar, o contrarrestar, los efectos de sus construcciones para que el medio ambiente se altere lo menos posible y vuelva a su estado natural. Aún así aseguró que “el hecho de paralizarnos no permite que hagamos esa mitigación”.

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