Al machete lo reemplazó el herbicida. Administraciones municipales como las de Aibonito y Bayamón rocían glifosato a ambos lados de los caminos para eliminar las “malezas”. Es el mismo agroquímico que el estado de California acaba de incluir en su lista de sustancias que causan cáncer.
En Puerto Rico “se ha visto a compañías privadas esparciendo herbicida en escuelas en horario de clases, en las orillas de los canales de riego y en las autopistas del País”, indica el texto de un proyecto de ley, radicado simultáneamente en la Cámara de Representantes y el Senado, que busca imponer una multa de $5,000 a quien riegue este producto en calles o carreteras públicas.
“Además de la peligrosidad del glifosato hay que añadir el mal manejo en su aplicación. Por ejemplo, residentes de Barrio Nuevo en Bayamón han relatado que al asperjar el herbicida en la orilla de la carretera, el mismo cae sobre el techo de sus casas o incluso sobre sus cuerpos”, sostienen las medidas del representante independentista Denis Márquez, el senador independentista Juan Dalmau, el senador popular Cirilo Tirado y el senador independiente por acumulación José Vargas Vidot.
Hay toda una polémica global respecto al uso y abuso del herbicida más vendido en el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera “probablemente cancerígeno” desde 2015. El glifosato, que entra por las hojas, interfiere con la síntesis de aminoácidos y finalmente mata las plantas y arbustos, no sólo se vende en secciones de jardinería de los supermercados bajo marcas como Roundup. Se emplea también a gran escala junto con la siembra de maíz y soya modificados genéticamente para resistir el herbicida, para que agricultores puedan aplicarlo en esos transgénicos mientras eliminan las plantas no deseadas. De ahí la razón por la que estos se llaman cultivos “Roundup Ready”, y las semilleras multinacionales que experimentan en Puerto Rico lo hacen principalmente para desarrollar cultivos resistentes a herbicidas.
En tiempos de datos alternativos, ¿a quién creer? La Agencia de Protección Ambiental federal indica que el glifosato es seguro. Al mismo tiempo, unos 800 estadounidenses, entre los que se encuentran enfermos con cáncer tipo linfoma no Hodkin, mantienen una demanda en una corte federal en la ciudad de San Francisco contra Monsanto, alegando que no les informó sobre el alegado riesgo de su producto.
En el reportaje Los papeles de Monsanto: la guerra de un gigante de los pesticidas contra la ciencia, el periódico francés Le Monde relata que la multinacional reaccionó con una “brutalidad inédita” al enterarse del informe del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, adscrito a la OMS. La institución y sus expertos fueron injuriados, retados y hostigados por vía de los abogados de la empresa. La demanda contra la semillera abre al público documentos que demuestran que esta quiere influir la investigación científica sobre los herbicidas que vende.
Un correo electrónico, publicado por la firma de abogados que lleva el caso contra la semillera, demuestra que Monsanto preguntó al académico Henry I. Miller si quería escribir un artículo que contradijera el informe de la OMS. El científico dijo que lo haría si la misma empresa le suministraba un borrador de “calidad”, y lo publicó en 2015 en la revista Forbes. En otro email, un ejecutivo de Monsanto dice que el “glifosato está o.k., pero el producto formulado (y por lo tanto el surfactante) causa el daño”. En otro correo, un ejecutivo de Monsanto advierte: “No puedes decir que el Roundup no es cancerígeno… no hemos hecho las pruebas necesarias a la formulación para hacer esa aseveración”.
En una ponencia presentada durante las vistas públicas del proyecto de ley, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras, indicó que avala la medida para dejar de usar el agroquímico.
Un portavoz de la agencia confirmó al Centro de Periodismo Investigativo que esta se encuentra evaluando otros productos que reemplacen el glifosato. La pieza legislativa no atiende la necesidad de evitar que el sustituto escogido afecte la salud, los suelos y las cosechas. Se trata de consideraciones cruciales para los estados de Misuri, sede principal de Monsanto, y de Arkansas, los cuales acaban de prohibir el Dicamba, un nuevo herbicida fabricado por la multinacional, porque los agricultores han denunciado que las aplicaciones en terrenos aledaños llegan a sus cultivos empujados por el viento y les mata las cosechas. Ahora se sabe que la empresa distribuyó ejemplares de este producto a investigadores haciéndoles firmar contratos para limitar su investigación científica independiente, para que no hicieran experimentos sobre su volatilidad, según una investigación de Reuters, lo que hubiera podido lanzar la alerta sobre el problema del Dicamba.
