Tres miradas sobre la política de drogas de Estados Unidos

Todos los días, en la capital de Estados Unidos, se toman decisiones que afectan la vida de millones de personas en la región. Aquí están, por ejemplo, las oficinas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización de Estados Americanos.

Washington ha sido clave en la historia de América Latina, desde las intervenciones militares que patrocina hasta su aval para salvar economías en riesgo. Pero poco se habla de su responsabilidad directa en dos de los mayores problemas de la región:

Uno, el flujo de migrantes que abandonaron sus países cuando la Casa Blanca y el Kremlin jugaron a la Guerra Fría en América Central. Y dos, la penalización de las drogas.

El presidente Richard Nixon (1969-1974) sentó las bases de la actual política persecutoria cuando el nivel de consumo en los estadounidenses se elevó exponencialmente en los años 60.

Lo que nunca se ha reconocido es que el número de adictos a las drogas ilegales creció por el apoyo de la Casa Blanca a los productores de opiáceos, como la entonces Vietnam del Sur, ni tampoco la promoción directa del consumo que hizo entre sus soldados para resistir el infierno de la guerra que perdieron.

Tampoco se habla del beneficio económico que deja el combate al narcotráfico para los fabricantes de armas, ni del presupuesto millonario asignado a la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos.

Después de recorrer 8,000 kilómetros desde América Central, la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia llegó a esta ciudad, que alberga la Casa Blanca, sede de la Presidencia, y el Parque Lincoln, testigo de muchas manifestaciones por los derechos civiles y donde Marthin Luther King dio su emblemático discurso por el trabajo y la libertad en 1963.

Los activistas promueven el cambio de enfoque en la política de drogas. Las posturas son diversas, pero todos coinciden en la importancia de abrir la discusión.

Aquí, tres posturas que apuestan a un cambio de paradigma para las comunidades que sufren las consecuencias de esta política.

1) Con reservas, la legalización para la población blanca de clase media

En Estados Unidos, las víctimas invisibles de la guerra contra las drogas son los afroamericanos y los latinos, dice el activista Marco Castillo.

Entonces comienza a lanzar una serie de cifras que lo explican: 37 por ciento de las personas presas en cárceles federales son latinos por delitos no violentos vinculados a las drogas; 20 por ciento de los presos en prisiones generales son latinos, siendo ellos el grupo étnico migrante más bajo, con 17 por ciento.

“Discriminación, marginación económica, social y política, eso es lo que vemos. El tráfico de drogas, de armas, de personas, encuentra en las comunidades latinoamericanas condiciones para arraigarse porque la gente busca desesperadamente trabajo, tiene intereses de desarrollo y las opciones que el Estado provee no son suficientes”, dice Castillo.

“Por ahí es por donde se ha ido desarrollando esta industria, en las comunidades más pobres de Estados Unidos y América Latina, entonces se fortalece el estereotipo de que los latinos son traficantes, ‘gangueros’ o miembros de bandas delictivas y una vez más, se desarrollan políticas públicas de criminalización y persecución”, añade.

El activista mexicano, director de Asociación de Apoyo a las Familias Migrantes (Apofam) celebra las recientes legalizaciones del consumo de drogas que se han dado en distintos estados de Estados Unidos, como Colorado, Oregón, Washington y Alaska.

Sin embargo, advierte que de quedarse ahí, esas políticas serán benéficas solo para las clases medias, altas, blancas, privilegiadas, sin romper con las dinámicas de desigualdad que han generado violencia y marginación en las comunidades pobres.

“Lo que hay ahora (en Estados Unidos) son soluciones que tienen que ver con el derecho de clases medias y altas al consumo. En ese sentido el panorama no es el mejor”, argumenta Castillo.

“Las soluciones de regularización y legalización regionales no van a tener impacto en la vida de las comunidades, solo tenemos ciertos focos donde ciertas clases van a acceder al consumo y donde el resto de las poblaciones van a seguir sufriendo el impacto”, explica.

Por ello, aduce, “se necesita cambiar el enfoque, a uno de salud pública, libertades individuales y atacar las causas estructurales de desigualdad. Mientras haya comunidades pobres va a haber industria que saque ventaja de ello”.

2) Por una regularización con usos médicos

El obispo Martín Barahona subió a la Caravana por la Paz en su país natal, El Salvador, un país que inició 2016 con 23 homicidios diarios.

Lo hizo convencido de que la guerra contra las drogas es una excusa para justificar el armamentismo y militarización de los países de la región centroamericana.

Y también de que las principales víctimas son los jóvenes que viven la violencia de pertenecer o no a una pandilla, la violencia de la policía que persigue y la violencia de no tener acceso a sus derechos.

Para este obispo emérito de la Iglesia Anglicana, una propuesta es la regularización de las drogas para fines de salud.

“Venimos con la propuesta de una regularización de las sustancias psicoactivas, pero no con una visión punitiva sino de salud pública. Regularización en condiciones de que las drogas puedan ser usadas para tratamientos de medicina, con fines de salud, terapéutico, que esté a la mano de quien lo necesita, no de quien lo puede comprar”, explica.

3) Necesario, el combate a la impunidad

Vitalino Similoux Salazar, secretario general del consejo ecuménico cristiano de Guatemala, plantea la urgencia de fortalecer el estado de derecho y el sistema de justicia en los países latinoamericanos, a la par de la discusión del combate contra las drogas.

“Se empieza a hablar sobre la despenalización, la legalización, pero esto debe hacerse desde un tratamiento integral al tema, pero sobre todo políticas públicas que atiendan a las comunidades históricamente castigadas, como en Guatemala que han sido los migrantes”, dice.

Vitalino, quien ha escrito varios libros sobre los pueblos indígenas de su país, dice que la política prohibicionista de las drogas del gobierno de Estados Unidos, ha impactado en el ataque al derecho de los pueblos a migrar.

“El impacto es la militarización de la sociedad, la violación a los derechos humanos, lo que hemos visto en Guatemala es un impacto gravísimo en las familias migrantes, a ellas les ha tocado contener la violencia de la guerra contra las drogas, son atascados, agredidos y se les impide su derecho a migrar con el pretexto de detener el flujo de armas y drogas”, aduce.

“En lo personal, no creo en la legalización, para nosotros es un tema integral: educativo, informativo, fortalecimiento del estado de derecho y justicia. Sin eso, no podemos esperar resultados de otras políticas regulatorias o legalizatorias”, concluye.

Este artículo fue originalmente publicado en Pie de Página, un proyecto de Periodistas de a Pie financiado por Open Society Fundations. IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

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