El juez Aldo González Quesada encontró causa para arresto contra cuatro de los nueve estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) acusados de irrumpir en una reunión de la Junta de Gobierno de la institución el pasado el pasado 27 de abril.
Se trata de los estudiantes Randiel Negrón, Gabriel Díaz, Verónica Figueroa Huertas y Thaliangelly Torres a quienes se les halló causa por motín. Sin embargo, no se encontró causa contra los alumnos en el delito de escalamiento.
González Quesada no encontró causa para el resto de los universitarios acusados: Mikael Rosa, Juan Silén, Francisco Santiago, Juan Collazo y Paola Alexa Figueroa Carrasquillo.
Sin embargo, contra estos últimos tres ya pesa una determinación de causa probable para arresto por los delitos de daño agravado, violar el derecho de reunión, restricción de libertad agravada y empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública.
En cuanto a Negrón, Díaz, Figueroa Huertas y Torres también cuentan con una determinación de causa probable por los mismos delitos, adicional a la determinación de hoy por el delito de motín. Contra estos siete se verá una vista preliminar el próximo 26 febrero de 2018. El proceso judicial continuará el 27 del mismo mes hasta el 2 de marzo a partir de la 1:00p.m.
A su salida de la sala 1104, el abogado del estudiante Juan Silén, Alex Rosa, señaló que es un caso que no debió haber ocurrido.
“Los testigos fueron bien categóricos de que ellos [los manifestantes] entraron allí con el ánimo de dialogar. Eso es algo que debemos repensar como sociedad si eso es algo que entendemos que esa conducta debe ser castigable”, puntualizó el letrado.
Rosa también sostuvo que el pietaje que muestra a los estudiantes interrumpiendo la reunión, no presenta ninguna conducta ilegal. Además, opinó que nuestra sociedad, debido al insularismo, tiende a ofenderse por la conducta de los estudiantes cuando se manifiestan.
“No miramos lo que ocurre en París con las reformas laborales y en Zimbabue. Los estudiantes siempre son la punta de lanza de las reformas sociales”, expuso.
El abogado Juan Acevedo, quien representó al estudiante Mikael Rosa, acotó que el caso de Fiscalía era un “caso débil”. Según el letrado, se trató de “utilizar el delito de motín para acallar la protesta pública”.
El fiscal Ángel García Rodríguez no estuvo de acuerdo con la determinación del juez González Quesada en cuanto a la estudiante Paola Alexa Figueroa. Este manifestó que la joven alumna presentó conducta hostil durante los hechos.
García Rodríguez, en cambio, rechazó que hubiese habido algún problema de identificación en la etapa investigativa. Los abogados de defensa alegaron que los estudiantes imputados habían sido escogidos y no debidamente identificados.
Originalmente la fiscalía presentó cargos por violación al artículo 242 (motín), artículo 195 (escalamiento), artículo 199 (daño agravado), artículo 179 (violar el derecho de reunión), artículo 156 (restricción de libertad agravada), y artículo 245 (empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública) del Código Penal de Puerto Rico. Empero, en ese entonces no encontró causa para los artículos 242 (motín) y 195 (escalamiento) para ninguno de los estudiantes.
Enmarcada en una huelga estudiantil a nivel sistémico, el pasado 27 de abril once estudiantes de la UPR irrumpieron en una reunión de la Junta de Gobierno de la institución.
En esa reunión se discutía el Plan Fiscal de la UPR. Durante el incidente, los estudiantes solicitaron a la entonces presidenta interina Nivia Fernández a que firmara un documento en el que favorecía la auditoría de la deuda, cero aumentos en la matrícula y cero sanciones a los estudiantes.
Luego, el pasado 23 de mayo, Fernández y otros tres miembros de la Junta de Gobierno renunciaron a sus respectivos cargos en medio de una batalla legal por la reapertura de los portones del recinto riopedrense.
