Peñuelas Valley Landfill (PVL) no podrá usar ni depositar cenizas de carbón en el vertedero peñolano o en cualquier jurisdicción del municipio, resolvió este martes el juez Eric Ronda del Toro del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce.
En su sentencia, el magistrado advirtió además que si algún contratista o funcionario de PVL “ordena o intenta” depositar en el área cualquiera de los residuos de la combustión de carbón que genera la empresa eléctrica AES en Guayama, podrá ser encontrado incurso en desacato al tribunal.
Con este fallo, el juez dio por terminado un pleito que se originó en junio de 2015, cuando PVL acusó a los activistas José Manuel Díaz Pérez, Jimmy Borrero Costas y miembros del Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa por obstruir el acceso al vertedero y “provocar daños irreparables” a la empresa.
Los demandados, por su parte, argumentaron que su intervención tuvo como objetivo impedir la entrada de camiones con toneladas de cenizas tóxicas y exigir a la empresa operadora del vertedero que cumpliera con la Ordenanza Municipal Número 13. Esta última prohíbe desde el 10 de abril de 2013 el uso y depósito de cenizas producto de la quema de carbón en cualquier lugar de Peñuelas.
Aun así, durante los primeros meses del 2015 la compañía PVL introdujo de forma ilegal siete mil toneladas de cenizas de carbón en el vertedero industrial, como admitió la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico en su Resolución 15-23-1.
Estas violaciones, sin embargo, no redundaron en sanciones, multas o la cancelación de permisos de la agencia a PVL.
Las descargas de este material, además, ocurrieron en violación al artículo 6.6 del contrato entre AES y el cliente que compra toda su producción eléctrica, la Autoridad de Energía Eléctrica. Desde su firma en octubre de 1994, dicha cláusula garantizaba al gobierno que las cenizas de carbón que produjera la empresa privada nunca serían descartadas en la isla.
Esta sección del contrato se enmendó en secreto el 17 de julio de 2015, un mes después de que el pleito entre los operadores de PVL y los activistas de Tallaboa llegara al tribunal de Ponce.
Cantan victoria en Peñuelas
Tras conocer el fallo, uno de los acusados en el caso celebró que al fin el tribunal atendiera lo que vecinos de Peñuelas han reclamado por años y que el juez Ronda del Toro pusiera fin al interdicto solicitado por los operadores del vertedero.
“Esto es una gran victoria de las comunidades y de la lucha que se da en la calle para defender la dignidad del pueblo peñolano”, expresó José Manuel Díaz Pérez.
“Y gracias a la lucha en la calle es que pudimos detener las cenizas en Peñuelas. Si no hubiese existido la protesta, la manifestación, la orientación a la comunidad, nada de esto habría pasado. Hoy estaríamos recibiendo decenas de camiones y ya no serían siete mil toneladas, serían 350 mil o más, como en el vertedero de Humacao”, continuó.
Sobre este tema, otro de los acusados -Jimmy Borrero Costas- recordó que “a estas alturas” en el ayuntamiento peñolano todavía no se han emitido sanciones contra quienes autorizaron la entrada de cenizas a los predios de PVL, como estipula la propia ordenanza municipal.
“Todavía el alcalde (Walter Torres Maldonado) ni el municipio han hecho nada. Por cada camión que entró con cenizas son $5 mil de multa, pero aún con la ordenanza, el municipio no ha hecho nada por hacer cumplir esa ley. Esperaron a que el pueblo se levantara para llegar y decir que estaban opuestos a que se tiraran las cenizas al vertedero”.
“Para colmo, los abogados que hemos tenido (en múltiples pleitos) han sido abogados que se han brindado y que nos han defendido gratuitamente. De eso tampoco el municipio se ha ocupado, aunque hemos sido nosotros los que hemos dado la cara y hasta nuestra libertad para hacer cumplir la ordenanza municipal”, puntualizó Borrero Costas.
Tanto él como el activista Nelson Pagán fueron arrestados en Tallaboa durante un altercado con la fuerza policial ocurrido el pasado 19 de julio, mientras protestaban pacíficamente en la vía de acceso al vertedero. Ninguno ofreció resistencia.
A diez horas de la detención, la jueza de la Sala de Investigaciones del Tribunal de Ponce, Marangely Colón Requejo, determinó que no había causa para proseguir con el arresto de Borrero Costas y Pagán Hernández por ausencia de pruebas, y ordenó su liberación.
A la espera del Supremo
Superado este conflicto, ahora vecinos del vertedero y activistas contra el depósito de cenizas en Peñuelas han vuelto a colocar su atención sobre el Tribunal Supremo de Puerto Rico, foro que desde mayo de 2015 tiene ante sí un pleito para determinar si la ordenanza Número 13 es válida o no.
“Si el Tribunal Supremo falla en contra de nosotros, entonces ninguna ordenanza municipal que se haya legislado en los municipios de Puerto Rico será válida. De eso es que estamos hablando”, comentó Borrero Costas.
“Si la declaran nula la ordenanza, el mensaje que llevarían, la realidad, es que ningún municipio tiene autoridad para legislar por la salud y el bienestar de sus ciudadanos; pero eso está por verse”, continuó.
Díaz Pérez, entretanto, opinó que la sentencia de Ronda del Toro, junto a la sentencia del juez federal Francisco Besosa -quien en julio pasado desestimó una demanda de AES en oposición a la ordenanza municipal- allanan el camino para que la determinación final del Supremo sea en favor del estatuto local y del pueblo de Peñuelas.
“Aun así, hasta que un tribunal de mayor jerarquía no diga lo contrario, esta determinación del juez Eric Ronda es válida, es final. Y eso es una gran victoria”, sentenció.
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