La reciente carta del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, a la Junta de Control Fiscal indicó que garantizaría la independencia al Recinto de Río Piedras, el Recinto Universitario de Mayagüez y al Recinto de Ciencias Médicas. De igual modo, indicó que las unidades se especializarían para que puedan ser “productivas y viables”.
Esa propuesta sola no es más que una vuelta a la Administración de Colegios Regionales de la Universidad de Puerto Rico (UPR), organismo eliminado por Pedro Rosselló González al conceder autonomía a las unidades. El enfoque único en reorganizar a la UPR no presenta una alternativa de desarrollo económico para el país. Para ello, es necesario ver a las instituciones de educación superior del país, tanto públicas como privadas, como sector capaz de aportar en el desarrollo económico de Puerto Rico.
Las agencias gubernamentales que tocan temas similares son varias. Por un lado está el Consejo de Educación de Puerto Rico que trata el licenciamiento de escuelas, institutos y universidades. Por otro lado están los esfuerzos de internacionalización de Puerto Rico como destino académico para el mundo, bajo Campus Puerto Rico. De igual forma, las Juntas Examinadoras de las diversas profesiones están bajo el Departamento de Estado, aunque tocan el tema de la Educación Post-Secundaria y Profesional. También, se encuentran los proyectos del Fideicomiso de Ciencias y Tecnología, el Centro Comprensivo de Cáncer, el Edificio de Ciencias Moleculares, el Parque de Innovación e Investigación de Guanajibo. Asimismo, se encuentra desconectada, la antigua Oficina de Asuntos de la Juventud localizada bajo el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio con sus programas de empresarismo, empleo y desarrollo de la juventud.
Algunos estados como Connecticut, Nueva Jersey, Nuevo Mexico y Texas, y países como República Dominicana, Ecuador y México, han reconocido la importancia de articular a las instituciones de educación superior. Es por ello que cuentan con algún tipo de departamento a nivel gubernamental que aglutina y conversa con las instituciones de educación superior y fomenta la comercialización de la propiedad intelectual. Un organismo de este tipo pudiera servir para articular los programas de preparación de maestros de Puerto Rico de cara a una reforma educativa profunda, para atender los cambios de la nueva Ley Federal de Educación, servir de enlace para la contratación de asesorías gubernamentales y apoyo para el desarrollo de propuestas (grants) federales.
Con este departamento se descentralizaría el sistema de la UPR, eliminando así su Administración Central. En cambio, se crearían seis juntas de gobierno que tengan representación de la comunidad universitaria, de la Federación y Asociación de Alcaldes y de personas y exalumnos de la región que potencien al máximo los recursos del Gobierno de Puerto Rico para atender las necesidades educativas y de desarrollo económico de la región.
De este modo, pasarían a ser parte de ese sistema universitario público las instituciones post-secundarias públicas de Puerto Rico bajo el control del Departamento de Educación, como lo son los recintos del Instituto Tecnológico, la Escuela de Troquelería, entre otros. En estos organismos, por su enfoque en el desarrollo regional y énfasis en el desarrollo educativo, se reduciría sustancialmente la cantidad de miembros nombrados por el gobernador.
Finalmente, los recintos de Mayagüez, Ciencias Médicas y Río Piedras, contarían con otra forma de organización. Y así gozarían de otras posibilidades de desarrollo al ser dirigidas por juntas de síndicos de expertos en investigación, innovación, y desarrollo enfocadas con el destaque a nivel internacional.
