El sistema carcelario, lejos de ser la solución a la criminalidad, forma parte del problema. Así lo decía Fernando Picó, por eso dedicó parte de su vida a la educación en las cárceles, intentando redirigir dichas instituciones de una perspectiva casi militar, a un proceso educativo que tomara en cuenta las distintas necesidades de la población penal.
“[La propuesta de Picó] desmilitariza la institución, disminuye sustancialmente las restricciones de seguridad, los conflictos se resuelven mediante el diálogo y el propósito no es el de retribuir, sino el de proveer a los que han sido encarcelados una educación que les permita ser verdaderamente libres”, dijo la abogada Iris Rosario en el conversatorio La caducidad de la cárcel, realizado en honor al historiador el pasado viernes en las Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
Rosario, quien es parte de la Sociedad de Asistencia Legal, comparó al profesor Picó con figuras como las activistas Angela Davis y Ruth Morris, quienes han observado la cárcel con recelo, planteándose otras alternativas para resolver los conflictos criminales. A su vez, Rosario reconoció a Picó como un abolicionista carcelario -como Davis y Morris- invitando a utilizar las palabras del historiador como un pie forzado para repensar el derecho penal y las instituciones carcelarias.
“Encarcelando a la gente no hemos resuelto nada”
Luego de pedir un fuerte aplauso a la memoria y a la obra de Fernando Picó, Fernando Guzmán –quien fue participante de la iniciativa educativa de Picó en las cárceles– se cuestionó por qué proyectos como los del profesor no se han desarrollado por completo. Asimismo, Guzmán criticó la inacción del gobierno ante dichos proyectos, señalando que no son prioridad.
“Ese gigante [Picó] dio la batalla todos esos años porque no creía en [el sistema carcelario] que tenemos actualmente. No hay que ir muy lejos, uno ve las estadísticas, que año tras año va refiriendo el mismo sistema de cuántas son las personas que están reincidiendo. Más del 50% de los reclusos están reincidiendo, algo no anda bien, algo falta”, argumentó Guzmán, apuntando que muchas de las cárceles estadounidenses tienen modelos educativos universitarios que han demostrado ser efectivos.
Según Guzmán, cuando el profesor hablaba de atender el problema criminal lo hacía desde una perspectiva completa. Es decir, no solamente desde lo educativo, sino abarcando otros aspectos que afectan la población penal e influyen en su recuperación, como son los problemas de adicción, alcoholismo y salud mental, puesto que los individuos dentro de las cárceles necesitan su propio plan, cada uno de los individuos allí es diferente, y tiene necesidades específicas.
“Encarcelando a la gente no hemos resuelto nada”, comentó Guzmán, quien recalcó que dentro de las instituciones carcelarias se esconden los problemas de la sociedad, como la pobreza, la desigualdad social y económica. A su vez, afirmó que, aunque tilden de locos proyectos como la eliminación de las cárceles como las conocemos hoy, dichos proyecto o “locuras” podrían hacer la diferencia mañana.
La rama judicial puede complementar el programa educativo
Para Migdalia Fraticelli, jueza del Tribunal de Apelaciones, su creencia en la rehabilitación se ha fortalecido desde que comenzó sus labores en el juzgado, aun así reconoce que hay espacio para mejoras en los procesos judiciales.
“Mi panel, igual que muchos otros, entiende que el trato dado a los confinados que realmente demuestran compromiso con los planes institucionales no es justo, hay que alterarlo”, admitió la jueza, refiriéndose a un caso de reducción de nivel de custodia de máxima a mediana seguridad.
El reo llevaba 18 años –de 570 de sentencia– cumpliendo con el plan institucional, y aun así un funcionario le negó la reducción, alegando que debía esperar hasta el año 2136. Fraticelli declaró que ha encontrado cinismo en los informes que evalúa. “Cómo pretenden que la persona aspire a cumplir un mandato”, dijo.
Por otra parte, la jueza señaló que, entre otras medidas que aportan a la rehabilitación, toda persona reclusa en una institución penal que trabaje tiene derecho a ser bonificada. Asimismo, Fraticelli afirmó que la rama judicial ha hecho aportaciones que demuestran efectivamente que fuera de la cárcel se pueden lograr muchas cosas que no se podrían lograr en prisión; refiriéndose a las salas especializadas de drogas, de violencia doméstica, salas de menores, entre otras.
“En el caso de las salas especializadas, bajo la supervisión de un juez, la persona tiene que cumplir con [las] condiciones, nunca entrará a la cárcel y podrá salir con un récord limpio. O sea, que la rama judicial puede servir en cierta medida de modelo para completar el programa educativo”, expresó Fraticelli.
En cuanto al proyecto educativo del historiador Fernando Picó, la jueza opinó que “es la única salida. La utopía del profesor Picó tiene, necesariamente, que hacerse una realidad”.
La estudiante Omayra Torres Sánchez y el senador José Vargas Vidot también participaron de este conversatorio.
