La ascendente tasa de criminalidad y los exabruptos de violencia que presenciamos y nos afectan a diario directa e indirectamente tienen correlación con un currículo escolar que desatiende las particularidades de los estudiantes más vulnerables; con un sistema académico que promueve dinámicas de inclusión/exclusión que afectan principalmente a los niños más pobres, a los que son víctimas de violencia doméstica y a los niños que tienen problemas de aprendizaje. El conjunto de estos niños compone un alto porcentaje de la población estudiantil en la Isla.
La mayoría de estos niños son también los que yacen detrás de las estadísticas que proyectan la deserción escolar. En Puerto Rico no hay esfuerzos por sistematizar el estudio de las consecuencias de la desventaja económica sobre el aprovechamiento académico. Tampoco se ha elaborado un proyecto que desde la escuela pueda identificar si un niño es víctima de abuso. Tener constancia de estos fenómenos y sus implicaciones podría esclarecer las dinámicas detrás de las estadísticas y posibilidades alternas para asegurar a los niños su derecho a la educación sin traba alguna.
Sin embargo, para efectos del DE, los estudiantes son clasificados en niveles como rezagado, normal o avanzado y así se les niega la capacidad y el interés de aprender a aquellos que, debido a las tribulaciones en el hogar, no cumplen con los estándares del sistema educativo. Adjudicar la responsabilidad al individuo puede ser una solución desatinada en cuanto se desentiende de las políticas públicas que condicionaron sus experiencias académicas.
Por otro lado, según Anita Yudkin Suliveres, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, en Puerto Rico “la prioridad del Departamento de Educación y de las escuelas es asegurar que los niños salgan bien en las pruebas de aprovechamiento.” La ley federal que rige las políticas del Departamento de Educación (DE), No Child Left Behind, prioriza materias medulares como las matemáticas y la lectura, dejando a un lado e incluso permitiendo la eliminación de componentes humanísticos como las artes, del currículo escolar; elementos clave para el desarrollo cognitivo del ser humano, de sus sensibilidades y comprensión subjetiva y social. La dependencia en los fondos federales, que llegan a partir del cumplimiento de las ordenanzas de esta ley, limita la puesta en práctica de propuestas curriculares alternativas a nivel nacional.
La implementación de los periodos de 60 minutos de clase por materia en las escuelas públicas del País para disponer más tiempo a las materias medulares, aún a pesar de los reclamos de los maestros que abogaban por conservar los periodos de 50 minutos, suprimió la posibilidad de orientar la labor pedagógica hacia otras necesidades. Refiriéndose a esta decisión, Emilio Nieves Torres, de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE) relató en comunicado de prensa el pasado 6 de febrero que la medida resultó en la eliminación “de cursos de Bellas Artes y Salud, de organizaciones estudiantiles, del servicio de tutorías a los estudiantes con rezago, del tiempo adicional que requieren estudiantes de Educación Especial para completar una prueba o tarea, la participación de estudiantes en diversas competencias académicas, el tiempo que necesita el estudiante para recibir servicios de consejería, trabajo social y biblioteca, reuniones de maestros y padres, entre otras”. A su vez, Eva Ayala, portavoz de Educamos indicó que “reduce la oferta académica y mantiene la eliminación de más de 900 plazas de Bellas Artes. La acción del Departamento no tiene base pedagógica, elimina servicios y experiencias que mejoran el aprovechamiento académico, forjan valores, hacen atractiva la escuela y aportan a la prevención de los problemas sociales”.
Según se desprende de la página cibernética del DE, su objetivo principal es la sistematización de la educación técnica y la preparación de sujetos a partir de las necesidades del mercado laboral. Este enfoque explica en parte la poca disposición del DE en comprometerse con proyectos que no se circunscriban a la lógica de la ‘rentabilidad’ capitalista. La preocupación por el desarrollo psico-social y emocional de los estudiantes y su atención se le subscriben únicamente a las responsabilidades del trabajador social de la escuela o del enfermero.
El programa Tus Valores Cuentan es la más reciente iniciativa gubernamental para el desarrollo de perspectiva social en los estudiantes de escuela pública. Lleva un año y hasta el momento se ha implementado en 205 escuelas a través de toda la Isla.
“Es sumamente alentador ver el entusiasmo de los estudiantes, padres y maestros con esta iniciativa. El ánimo es evidente en el mural, los afiches los colores… en fin, todos los recordatorios de estos valores universales que queremos rescatar: la Confiabilidad, el Respeto, la Responsabilidad, la Justicia, la Bondad y el Civismo. Esto es precisamente lo que buscamos lograr con este programa, recordarles a todos la importancia de tomar cada decisión del día considerando las consecuencias en esa balanza de valores”, explicó el gobernador Luis Fortuño al presentar el proyecto el 27 de septiembre de 2010.
Sin embargo, según Yudkin, estos valores son ambiguos y señala que “el referente mundial para la enseñanza de valores es el de los derechos humanos con objetivos como aprovechamiento académico, desarrollo personal y seguridad”.
Yudkin también indica que “es importante definir la seguridad desde la perspectiva de la Educación para la Paz y la convivencia escolar”. Esta tiene varias acepciones como la seguridad de posibilitar que en el espacio se proteja a los integrantes de la comunidad y que propicie confianza de que no se les haga daño físico ni emocional. “Lo es también el sentirse apreciado”, señala Yudkin, “seguridad de que la escuela te provea oportunidad de entendimiento y que provea oportunidad para el desarrollo”.
De acuerdo con el manual de la Organización de las Naciones Unidas, Plan de acción: Programa Mundial para la educación en derechos humanos, “La educación en derechos humanos contribuye a la cohesión social y a la prevención de los conflictos, apoyando el desarrollo emocional y social del niño y fomentando valores democráticos”. La educación en derechos humanos apunta también a concienciar sobre la diversidad y a estimular la solidaridad y la formulación de nuevos imaginarios sobre el ser social y el ser político en una sociedad democrática.
No obstante, según argumenta Yudkin, “la visión punitiva que predomina en EEUU y en Puerto Rico para atender los problemas de criminalidad no es congruente con una cultura de paz – no está dirigida a desarrollar en cada estudiante sus capacidades académicas y emocionales. Está dirigido a excluir del sistema, no a incluir o retener. Hay una visión y una actitud que piensa que a los niños hay que controlarlos, disciplinarlos u ocuparlos. En vez de orientarlos, ayudarlos, escucharlos y formarlos”, argumenta la profesora.
Por su parte, la licenciada Eva Prados, abogada e investigadora especialista en Derechos Humanos y profesora en la Universidad de Puerto Rico y el Sagrado Corazón, observa que “desde el 1994 sigue abierto el caso Estados Unidos de America vs. E.L.A. ‘civil number’ 942080 a través del cual la Oficina de Derechos Civiles del gobierno federal y su Secretario de Estado demandaron a la Administración de Instituciones Juveniles del Estado Libre Asociado de Puerto Rico diciendo que las condiciones bajo las cuales mantenían a los jóvenes procesados por el sistema penal violaban los derechos civiles y humanos. Se encontró también responsable al DE y a ASSMCA por no brindar los servicios necesarios de educación y salud a los jóvenes detenidos. El tribunal federal sigue monitoreando a estas dependencias puesto que aún no cumplen con los estándares mínimos requeridos. Todavía no han podido demostrar al tribunal que los centros de tratamiento y detención dan los servicios necesarios”.
Al comentar sobre los centros de detención, la licenciada relata que “está más que claro que no les dan nada de educación y muchas veces pueden estar ahí meses largos pero como hay entrada y salida constante no se invierte en ofrecerles servicios de educación. Esto los afecta luego para poder reintegrarse al currículo regular, los atrasa”. Por otro lado, según lo presenció, en los centros de tratamiento agrupan a jóvenes de diversas edades para seguir un currículo correspondiente a un grado no necesariamente acorde con las competencias o necesidades de todos.
A los jóvenes recluidos en estas instituciones les asiste el derecho legal a recibir, de parte del Departamento de Educación, una educación de la misma calidad y del nivel que corresponda, que la que ofrece a la población del sistema público escolar. La inercia institucional para corregir sus deficiencias es altamente preocupante puesto que los jóvenes desatendidos siguen sin orientación y capacitación para la sana convivencia. Al contrario en sus instancias de socialización al interior de estas instituciones reproducen la violencia en la que se desenvolvían anteriormente y las formas de racionalización que la genera.
Para Samuel Figueroa Sifre, director de la Comisión para la Prevención de la Violencia de la UPR-Cayey (COPREVI) la apuesta está en el desarrollo de un Plan Nacional de Prevención de la Violencia. “La inversión principal del Estado para atender el problema de la violencia está dirigida hacia las agencias de ley y orden las cuales enfrentan el problema de la violencia cuando éste ya ha ocurrido”, manifestó.
Según el análisis hecho por COPREVI de estadísticas sobre el Presupuesto del Fondo General de Puerto Rico del 2005 al 2009, sólo el uno por ciento del presupuesto general de la Isla era dedicado a la prevención primaria de la violencia mientras que se aumentaron de manera consistente los fondos destinados a la Policía, el Departamento de Corrección, el Tribunal General y el Departamento de Justicia.
Los datos estadísticos del 2007 sobre el Fondo General consolidado por agencia indican que por cada dólar destinado al DE, se asignan más de $3 a Corrección; por cada $1 asignado a la UPR, se otorgan más de $2 a Corrección. Por cada $1 invertido en el tratamiento de la salud mental, son $80 para el sistema carcelario del país.
Los análisis estadísticos de COPREVI están en proceso de actualización pero según Figueroa Sifre, las tendencias respecto a la priorización a la hora de asignar fondos públicos siguen el mismo patrón.
La necesidad de “elaborar un análisis situacional a nivel nacional sobre la violencia interpersonal y la salud”, como argumenta Figueroa Sifre, y de sistematizar a través del DE una educación orientada a la formación integral del ser humano con capacidades para la resolución de conflictos y la sensibilidad empática, se hace apremiante.
La formación psicosocial de un individuo desde edad temprana es parte fundamental para su integración a dinámicas saludables de interacción y convivencia social. El Estado como responsable de asegurar la educación de sus ciudadanos debe asumir la tarea de viabilizar el desarrollo íntegro de cada estudiante tomando en consideración las condiciones contextuales que afectan a cada uno. Ya ha sido evidenciado que el problema de violencia no se resuelve con mano dura ni desde el palco de la discursividad ética-moral.
