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Finca Amelia de la Autoridad de Tierras alquilada por Monsanto en Juana Díaz. Foto por Abimael Madina | Centro de Periodismo Investigativo
Nadie consultó a los vecinos de Juana Díaz, ni siquiera al alcalde Ramón Hernández, si las semilleras multinacionales podían adueñarse de una tercera parte de sus mejores tierras agrícolas, convertirlas en laboratorio transgénico y recibir exenciones contributivas a costa de ingresar menos a las arcas del pueblo.
“Aquí un carrito de hot dog paga más patentes que Monsanto, que gana millones”, denunció Hernández.
Frente a la plaza del pueblo, la tienda Pepe’s vende carteras, estolas y trajes, y desembolsó $2,421 en patentes municipales en el año fiscal 2017. Eso es más de lo que pagó Monsanto, que sólo aportó $1,826 a pesar de informar un volumen de venta de $22.6 millones sólo en Juana Díaz, según la alcaldía.
Ramón Hernández, alcalde de Juana Díaz. (CPI)
La empresa está en la lista de las 500 corporaciones más ricas del mundo que publica la revista Fortune. Si el gobierno no le hubiera otorgado tasas contributivas especiales a la multinacional, esta habría pagado casi medio millón de dólares al municipio en cinco años, como corresponde a cualquier negocio con un volumen de ventas similar.
Durante la década de la crisis fiscal en Puerto Rico, cuando la isla se convirtió en el primer centro de experimentos con semillas transgénicas, el gobierno regaló a estas multinacionales más de $526 millones. Estos beneficios incluyen descuentos en las patentes de Juana Díaz e irrigación para las fincas a precios reducidos, así como tasas contributivas preferenciales, exenciones, incentivos industriales, subsidios salariales y agua gratis de los acuíferos del sur. Así lo reveló el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tras solicitar y analizar informes del Departamento de Hacienda, la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, la Compañía de Fomento Industrial y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Los números no incluyen el costo fiscal por reducción de patentes en todos los municipios en los que operan semilleras como Illinois Crop Improvement Association, Syngenta Seeds, Dow AgroSciences, Bayer CropScience, Dupont-Pioneer, AgReliant Genetics, Mycogen Seeds y RiceTec.
¿Valió la pena dar esos incentivos? ¿Ingresaron a cambio más contribuciones al país? El gobierno dio a las empresas 16 veces más de lo que éstas aportaron al fisco.
Las multinacionales de biotecnología acogidas a exenciones contributivas de agricultores bonafide solo devolvieron a Puerto Rico $413,829 en impuestos entre 2005 y 2014, según el Departamento de Hacienda, que hizo disponibles los números más recientes. Entre las semilleras se encuentra 3rd Millenium Genetics, que se diferencia de las demás por ser la única fundada en la isla, y por haber apoyado en el procesamiento de semillas de un proyecto gubernamental para el cultivo de arroz.
Un grupo de semilleras no identificadas por el Departamento de Hacienda se acogió a contribuciones especiales de las leyes 135 de 1997 y 73 de 2008, por lo que aportaron unos $31.4 millones en la misma década. Estos decretos resultaron más efectivos que las exenciones de agricultores bonafide para ingresar dinero a las arcas públicas, confirmó Edwin Ríos, secretario auxiliar para Asuntos Económicos y Financieros en la agencia gubernamental.
Las siete corporaciones de la Asociación de la Industria de Biotecnología Agrícola de Puerto Rico (PRABIA) crearon 3,385 empleos directos en el pasado año fiscal, según Beatriz Carrión, directora ejecutiva de la entidad. Sin embargo, las semilleras recibieron durante la crisis más de $37.2 millones de parte de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias para subsidiar el salario de sus empleados. La agencia gubernamental les devuelve $2.72 por cada hora de trabajo que pagaron a sus obreros no diestros.
Frank Terhorst a la derecha, con camisa azul. (CPI)
Frank Terhorst, principal ejecutivo Global de Semillas de Bayer, defendió las operaciones de la multinacional como una oportunidad de traer conocimiento a Puerto Rico sobre gestión empresarial agrícola.
“No sólo creamos trabajo e inversiones, sino que ayudamos a la comunidad a desarrollar sus destrezas para la producción local”, dijo en septiembre de 2016, luego de inaugurar instalaciones de la multinacional en Guánica y Sabana Grande, donde anunció sobre 25 empleos.
“Veo una situación en la que ganamos ambas partes cuando traemos la tecnología más avanzada. Hay una oportunidad de aprendizaje. Creo que la agricultura de Puerto Rico se beneficiaría de eso”, apuntó.
Todo el sector de biotecnología agrícola invirtió $96 millones en su negocio en Puerto Rico en el año fiscal 2015, según una encuesta del Instituto de Estadísticas, lo que demuestra la estabilidad de las semilleras en medio de la crisis. La empresa Syngenta Seeds arrancó el 2017 con una inversión de $6 millones para mejorar sus instalaciones en Salinas y Juana Díaz.
El Departamento de Agricultura no ha hecho un estudio que analice los beneficios de esas inversiones versus el costo de las semilleras para un país que rodó por el barranco de una crisis fiscal, y chocó con el impago a sus bonistas y pensionados.
La Junta de Control Fiscal, impuesta por EE.UU. para que Puerto Rico pague su deuda, ahora le ordena al gobierno de la isla establecer medidas de austeridad. El país no tiene dinero ni para costear el plan de salud gubernamental que asegura a 1.4 millones de ciudadanos. Se acrecienta hacia la metrópoli el éxodo más grande desde la Gran Depresión. La Universidad de Puerto Rico enfrenta la posibilidad de recortes de $300 millones de su presupuesto. El Departamento de Hacienda entregó el reintegro de los contribuyentes fuera de plazo durante dos años consecutivos.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo en su primer mensaje ante la legislatura que revisará los incentivos “obsoletos” que no representaran un retorno de inversión. No accedió sin embargo a una entrevista con el CPI para discutir el mantengo corporativo a estas multinacionales.
Hasta la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), corporación pública que tampoco ha podido cumplir con los pagos a sus bonistas y acaba de subir la tarifa a los abonados para conseguir el dinero que no tiene, ofrece tasas preferenciales a siete semilleras. Encargada de suministrar el agua de los antiguos canales de riego agrícola, cobra desde $2 por cada acre-pie (325,900 galones) a estas empresas, cuando al resto de los clientes industriales les factura entre $163 y $325 por el mismo volumen. Así, el costo fiscal de ese subsidio a las semilleras fue más de $6.3 millones entre 2006 y 2015, según información suministrada por la AEE.
Bona fide, buena fe. El término latino refiere a un principio del derecho que reconoce la honradez o veracidad de un asunto. El Departamento de Agricultura, que certifica a las empresas como agricultores bonafide para que puedan acogerse a exenciones, envió a Juana Díaz las certificaciones de Monsanto y de Illinois Crop Improvement Association. El alcalde Ramón Hernández las había solicitado en 2016, cuestionando que las empresas cumplieran con los requisitos para tener ese privilegio. En la sala de reuniones de la alcaldía, Hernández puso sobre una mesa una copia de la Ley de Incentivos Agrícolas de Puerto Rico, que otorga este incentivo a quienes trabajan la tierra. Estaba señalado, con un marcador amarillo, el Artículo 2-A-(b): indica que los bonafide han sembrado, cosechado y vendido el producto agrícola. El Artículo 3 (b) (1) indica que el negocio incentivado es para la producción de alimentos para seres humanos y animales, algo que no hacen las semilleras, que exportan los transgénicos para desarrollos subsiguientes fuera de la isla. Existe además una opinión del Departamento de Justicia que establece que estas empresas no se dedican a la agricultura, porque llevan a cabo investigación y desarrollo. Al no ser agricultores, el gobierno les permite controlar más del límite constitucional de 500 acres de tierra.
El alcalde denunció entonces que, al dominar gran parte de las fincas agrícolas, las semilleras afectan la capacidad de Juana Díaz para producir una economía local del tomate, cebolla, mangó, plátano o cualquier otro alimento. “¿Y en una emergencia, qué vamos a comer?”
El objetivo de ofrecer beneficios para empresas extranjeras es crear una ventaja competitiva; atraer inversión para una industria que no existe en el país o que de lo contrario se quedarían en localidades extranjeras que ofrecen mejores condiciones para este sector empresarial. La Asociación de la Industria de Biotecnología Agrícola de Puerto Rico sostiene que esos incentivos son importantes para asegurar la permanencia de las corporaciones que representa. Pero Puerto Rico ya tiene la gran ventaja competitiva independiente a los incentivos, atractiva para cualquier semillera: una temperatura anual promedio de 27 ℃ (80 ℉) en el sur de la isla, que permite llevar a cabo hasta cuatro cosechas cada año del maíz y la soya, cuando en EE.UU. continental solo pueden hacer dos.
“Los incentivos son la salsa”, explicó Ed Baumgartner, en cuyo resumé destacan 21 años de experiencia en Dow AgroSciences y la creación de la empresa 3rd Millennium Genetics en Santa Isabel. “Las semilleras en realidad vienen por el índice de calor, que es lo más importante. Nos permite cosechar maíz en 90 días, más rápido que en Hawaii, donde toma unos 100, y que en Estados Unidos continental, donde toma unos 150 días. Se necesitan unos diez años para desarrollar un nuevo producto de las semilleras. Puerto Rico les permite recortar el proceso de investigación a la mitad”.
En ningún otro estado o territorio de Estados Unidos, el país más liberal en materia de cultivos modificados genéticamente y agroquímicos asociados a esos cultivos, se puede encontrar esa ventaja competitiva natural que ofrece Puerto Rico. Además, los envíos de semillas hacia América del Norte son más rápidos y menos costosos que los de Hawaii, el principal competidor del Estado Libre Asociado en experimentos transgénicos. En efecto, ocho semilleras extranjeras ya se habían establecido en Puerto Rico entre 1983 y 2003, antes de que fuera creada la Ley de Promoción y Desarrollo de Empresas de Biotecnología Agrícola de 2009. El estatuto instaura una política pública para poner la mayor cantidad de incentivos posibles en manos de la semilleras, para que Puerto Rico “se convierta en meca del desarrollo y establecimiento de la industria del conocimiento en la rama de la agricultura”, indica el texto.
La medida no exige ninguna rendición de cuentas ni auditoría a las semilleras. Uno de los autores fue el representante Carlos Johnny Méndez, quien ahora preside la Cámara de Representantes, mientras que lo firmó el senador Thomas Rivera Schatz, actual presidente senatorial, cuando ocupaba la misma posición en 2009.
“¿Para qué entonces tender una alfombra roja multimillonaria de incentivos, si ya las empresas hubieran venido de otra manera? ¿Por qué entregar la casa de antemano?”, cuestionó Deepak Lamba Nieves, director de investigación del Centro para una Nueva Economía, organización independiente que investiga y analiza asuntos de política pública en la Isla. “La lógica corporativa es que Puerto Rico tiene que hacer todo lo posible para proteger esos empleos. Eso es una lógica de rehén. Si estamos anclando el modelo económico en empresas que nos amenazan con irse a la menor provocación, pues eso no es un contexto para salir de crisis. Las exenciones y los incentivos son importantes para competir con otros países, pero es un mecanismo dentro de un plan de desarrollo económico, y en Puerto Rico los incentivos se han convertido en la norma en lugar de excepción”.
El economista agrícola Parimal Choudhury, profesor retirado de la Universidad de Puerto Rico, ha sido consultor durante 50 años en temas de agricultura en la isla, y entiende que no es buen negocio que los experimentos incentivados con fondos públicos no resuelvan problemas de los cultivos puertorriqueños, que las corporaciones usen las mejores tierras para experimentos en lugar de producir comida y que devuelvan menos a las arcas de lo que reciben.
“Tenemos que subsidiar a las empresas locales que producen comida en vez de dar subsidios a la biotecnología agrícola”, opinó Choudhury. “Cuando el 80% de la comida de los puertorriqueños viene de afuera del país, tenemos un problema. Siempre hemos dado subsidios, pero no están enfocados en incentivar la producción ni en resultados”.
El alcalde Ramón Hernández considera una “jaibería” estos incentivos. “No estamos en contra de ninguna empresa. Pero es injusto que paguen tan poco. Los municipios no participamos al momento en que el gobierno central le otorga decretos”, continuó. Se refería a cómo los tratos contributivos preferenciales afectan la capacidad de recaudación municipal y no se traducen en la creación de riqueza local. Y reclama que el Departamento de Agricultura evalúe la calidad de los empleos creados por estas corporaciones, que en su mayoría son temporales. “El dinero de las semilleras no se queda aquí, se va a la matriz fuera de Puerto Rico. Así es imposible que el país eche pa’ lante”.
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