La idea de una junta de control fiscal, impuesta por el gobierno de los Estados Unidos a Puerto Rico, ha hecho temblar a más de uno. A otros, por el contrario, les satisface que de la metrópoli vengan a “limpiar la casa”. Con dos proyectos de ley presentados en el Congreso Federal para viabilizar dicha junta, la conversación se ha reducido a dos argumentos: apoyarla o desaprobarla. Sin embargo, los expertos del Centro para una Nueva Economía (CNE) han decido romper con dicho ciclo binario y por tal razón, presentaron otra alternativa para salvar las finanzas de la Isla.
Se trata de una Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), un mecanismo que según Miguel Soto, fundador del CNE, ha sido usado con éxito en países como Chile y Nueva Zelanda. La iniciativa abarca dos componentes: una regla fiscal y el delineamiento de guías para reestructurar los sistemas financieros de Puerto Rico, sus instituciones y sus prácticas.
De acuerdo al informe presentado por el director de política pública del CNE, Sergio Marxuach, una regla fiscal permite el establecimiento y monitoreo de objetivos financieros. Los miembros del CNE recomiendan una regla fiscal simple, fácil de entender y objetiva. La misma debe tomar en cuenta la naturaleza recurrente del ingreso gubernamental y por tanto, la LRF debe requerir que los gastos del gobierno no excedan los ingresos ajustados cíclicamente, menos un pequeño superávit estructural que se establecerá como objetivo.
El informe menciona que luego de establecer dichos límites presupuestarios, el gobierno asignaría los fondos a las distintas agencias y departamentos de acuerdo a sus prioridades.
De acuerdo a los integrantes del CNE, una de las ventajas de una regla fiscal es que el gasto del gobierno estaría limitado a su ingreso. De esta forma, los egresos del Estado serían independientes de la variabilidad de sus recaudos, que se pudieran ver afectados por los cambios imprevistos de la economía.
En términos de las guías para reestructurar los sistemas de gerencia fiscal de Puerto Rico, el CNE apunta a que estos adopten prácticas presupuestarias estratégicas. Bajo la LRF deberán establecer presupuestos guiados por normas de desempeño, hacer proyecciones de gastos a mediano plazo, reformar los procesos de compras y aplicar la regla fiscal.
Además, sugieren que el Banco Gubernamental de Fomento deje atrás su rol como organismo que financia los déficit gubernamentales y que este no rescate a ninguna agencia pública que gaste más de lo presupuestado, ni a corporaciones estatales insolventes o a los municipios en quiebra. Más aún, proponen que se convierta en un ente para financiar proyectos de desarrollo económico que no alcancen financiamiento privado o que son estratégicamente importantes.
Asimismo, recalcan que el gobierno tiene que abordar sus problemas de contabilidad engañosa, controles fiscales y financieros que utiliza la rama ejecutiva en la confección del presupuesto. También, dentro de la transformación de los sistemas financieros, recomiendan que el Banco Gubernamental de Fomento, el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto coordinen entre sí las políticas públicas.
La LRF, según Marxuach, no necesita de la aprobación del Congreso de los Estados Unidos para ser implementada. De acuerdo al economista, comenzaran varios esfuerzos para educar a la población, así como a la clase política local y estadounidense para que apoyen esta iniciativa.
Expresó, además, que la imposición de una junta de control fiscal en Puerto Rico no será eficiente para mejorar la administración financiera del País y sus capacidades de gobernanza.
Para Marxuach, una junta de control fiscal solo vendría a “cuadrar el presupuesto y se irá, dejando las instituciones como están”. Según él, su imposición tendría grandes costos económicos a largo plazo, puesto que este tipo de organismos proponen medidas de austeridad para solventar la crisis. Finalmente, recordó que este tipo de cuerpo rector fue implantado en jurisdicciones como Washington D.C. y Detroit y encontró resistencia con ímpetu.
