Un asunto es la firma de la orden ejecutiva que aumenta el salario mínimo a unos 200,000 empleados públicos a $8.25 la hora, como hiciera ayer el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
Otro, muy distinto, es cuántos de esos asalariados gubernamentales en efecto se beneficiarán de la medida. Y a juicio del economista José Caraballo Cueto, representan “un por ciento muy ínfimo” de personas.
El experto planteó que actualmente la mayoría de los empleados públicos ganan más del salario mínimo corriente ($7.25), y en algunos casos, sus sueldos por hora se acercan —o sobrepasan— la nueva cifra de $8.25, que entrará en vigor el 1 de julio de 2017.
Para efectos prácticos, señaló Caraballo Cueto, la orden ejecutiva “fue más que todo un acto simbólico” que impactará a un reducido sector del gobierno que aún labora bajo el mínimo federal.
La Oficina de Gerencia y Presupuesto precisó hoy a Caribbean Bussiness que en el gobierno central hay “unos 1,526 casos de empleados” que ganan $7.25, y que verían el aumento de $1 en julio próximo. Para diciembre de 2016, el gobierno contaba con una plantilla de 206,112 trabajadores públicos, entre empleados de carrera, de confianza, y otros.
Dicho de otro modo –o en números, si se quiere– 1,526 es el 0.74% de 206,112.
Resta por ver cómo la Junta de Control Fiscal (JCF) tomará la iniciativa de Rosselló Nevares en momentos en los que ya considera el plan fiscal que sometió el gobernador a su consideración a mediados de esta semana.
En enero pasado, el ente federal planteó un recorte de $4,500 millones al presupuesto gubernamental para estabilizar el déficit de $7,000 millones con que opera.
Parte de esa cantidad –$1,500 millones, para ser precisos– se conseguirían vía ajustes en el gobierno; entre estos, una reducción del 30% de la nómina, lo que Rosselló Nevares igualó –y rechazó– al despido de 45,000 empleados públicos. Este es uno de los puntos de disenso entre el gobierno y la junta.
Considerando precisamente que la JCF ya ha expresado su interés en intervenir en la legislación local –provocado, en parte, por el intenso debate que generó la aprobación de la reforma laboral en el país–, Caraballo Cueto insistió en la importancia de crear medidas a base de estudios y proyecciones científicas.
La Orden ejecutiva 26, además de aumentar el salario mínimo de los funcionarios públicos, crea una comisión interagencial que presentará recomendaciones para aumentar escalonadamente el salario mínimo en el sector público a $10 durante el cuatrienio.
Por su parte, la Orden ejecutiva 27 crea una comisión multisectorial para que estudie la posibilidad de aumentar, vía legislación, el salario mínimo en el sector privado.
“Es importante que esa comisión se base en estudios y no en conjeturas o exposiciones anecdóticas de preguntarle a los líderes del sector privado qué ellos piensan, porque eso no tiene validez científica”, soltó el profesor de la Universidad de Puerto Rico en Cayey.
Caraballo Cueto es autor del único estudio publicado en una revista científica sobre el efecto que tendría un aumento salarial en el sector privado en Puerto Rico. A su juicio, y sopesando el panorama económico de la isla, el salario mínimo nacional puede aumentarse en $8.61.
Esa cifra, dijo, es el nivel adecuado entre el “salario de hambre” que propone el Informe Krueger ($4.25) y los efectos negativos —despidos, cierres operacionales— que tendría el sueldo de $13.44 propuesto por el representante Manuel Natal en el proyecto de la Cámara 687.
