Un joven camina de un lado a otro en la intersección de Nemesio Canales, uno de los complejos de vivienda pública en San Juan. De repente, levanta su cabeza y un fuerte silbido se hace eco a través de la cuadra, por encima del sonido del cantar de los gallos.
“Ese es el sonido de los celadores cuando ven a los policías”, dijo el teniente Ferdinando Acosta del Negociado de la Policía de San Juan. El narcotráfico ha convertido a los celadores en algo normal en los residenciales públicos en San Juan.
En los años noventa, la situación en Nemesio Canales era tan violenta que tuvieron que instalar casetas de vigilancia en la entrada. Aunque en las últimas décadas se ha visto una merma en la criminalidad, recientemente muchos otros vecindarios en la capital de Puerto Rico y otras áreas de la isla se han convertido en el escenario de innumerables homicidios.
Al 29 de abril, en los primeros cuatro meses del 2018, habían ocurrido en Puerto Rico 227 asesinatos, 14 más en comparación con el mismo periodo del año pasado y, de estos, más de 90 están relacionados a la violencia del narcotráfico. Pero quienes se supone que luchan contra el crimen están dejando la Policía. En solo cinco años, Puerto Rico ha perdido casi una cuarta parte de su fuerza policiaca. De 17,000 oficiales, más de 4,000 han dejado su empleo. Muchos oficiales que han permanecido en sus puestos no están contentos debido a bajos salarios y pobres beneficios, dijeron varios en entrevistas separadas.
Mientras tanto, el crimen va en aumento en la isla recién azotada por dos huracanes.
“Tenemos un problema de drogas: casi el 50% de los asesinatos en Puerto Rico están relacionados a las drogas”, dijo el teniente Acosta.
El 8 de abril tres hombres fueron acribillados en Manatí, un pueblo a 24 millas al oeste de San Juan. Uno de ellos, Manuel Pizarro, estaba bajo probatoria federal en Florida y desde que salió de prisión, estuvo en Puerto Rico por ocho meses.
“El área del incidente es un punto de drogas conocido y, de lo que sabemos de la investigación, pensamos que Pizarro vino a reclamar su territorio”, explicó el teniente Acosta. “Eso incitó una guerra por drogas, con el resultado de que él y otros dos individuos resultaron muertos”.
Este asesinato múltiple es uno de cinco en la isla desde que comenzó el año. El conteo de múltiples asesinatos para el año pasado fue cinco, en el lapso de 12 meses.
“Es un indicador del aumento en la violencia en el país”, dijo Lina M. Torres Rivera, criminóloga y profesora en la Universidad del Sagrado Corazón. “La tendencia ha sido un aumento en asesinatos en áreas metropolitanas tales como San Juan, seguido por Caguas y Ponce”.
De acuerdo con el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP) de Puerto Rico, Héctor Pesquera, es difícil prevenir este tipo de asesinatos y una mayor presencia de policías no hubiese hecho una gran diferencia.
“¿Sería justo decir que una mayor presencia policiaca hubiese prevenido los asesinatos? No”, dijo Pesquera. “Cuando tuvimos 17,000 oficiales en 2012, tuvimos 1,600 asesinatos ese año. Eso no tiene nada que ver”.
Torres Rivera dijo que aunque la política criminal no es un asunto solo de la Policía, la desmoralización del cuerpo exacerba la situación.
“Pasas tiempo trabajando, arriesgas tu vida par de veces todos los días y el gobierno no te da ni las gracias por tu servicio”, dijo Edward Atanacio, un oficial de la Policía de San Juan. “Tengo casi 20 años de servicio y estoy muy deprimido, muy frustrado. Mis compañeros están bien molestos y yo también”.
Uno de las principales controversias para los oficiales de la Policía es el retraso en el pago de las horas extra trabajadas. Por meses, después del huracán María, el turno promedio de un oficial policiaco variaba entre 12 a 16 horas diarias. Muchos oficiales eran, ellos mismos, víctimas del huracán; algunos perdieron sus vehículos y sus uniformes y otros fueron desplazados por la tormenta, teniendo que vivir en refugios con sus familias y, a la misma vez, reportándose a trabajar.
El Asesor de Cumplimento Técnico (ACT) de la Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico emitió un informe, que cubrió seis meses, el cual decía que “la Junta de Planificación de Puerto Rico iba a recibir de FEMA más de $3 millones y de esos, el Comisionado de la Policía tenía la intención de utilizar $500,000 para el pago del tiempo extra”, pero posteriormente fue orientado de que el dinero no podía utilizarse de esa forma.
El ACT indicó: “No hay duda que las controversias sobre compensación y tiempo extra han causado problemas de desmoralización y son las causas del actual estado de la lentitud y el ausentismo policial”.
Aunque el gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha dicho que el año pasado su gobierno pagó sobre $90 millones en tiempo extra, algunos oficiales alegan que no han recibido ni un centavo.
De acuerdo con Pesquera, esto es una controversia ligada a los límites que tiene una burocracia lenta y complicada.
“Esto no es una controversia sobre dinero, es una controversia sobre el proceso”, dijo Pesquera. “El proceso es manual, por tanto, el oficial llena la papelería y la envía al Cuartel General, eso es lo que toma tiempo. El proceso es horrible y tenemos que deshacernos de él”.
El teniente Acosta dijo que con frecuencia los formularios no son llenados correctamente. Entonces se devuelven al oficial, quien tiene que comenzar todo el proceso otra vez.
La paga del tiempo extra no es lo único que molesta a los oficiales en Puerto Rico.
“Estamos peleando en distintos frentes aquí: salarios, beneficios, no tienen seguro social, el plan médico es miserable y pasaron una ley hace varios años que realmente aniquiló sus pensiones”, dijo Pesquera.
El número de oficiales que se están yendo de Puerto Rico a los Estados Unidos va en aumento. Durante el año pasado nada más, 800 oficiales se fueron de la Isla, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública.
“Estas controversias hicieron mucho daño al Departamento de la Policía y muchos oficiales dijeron, ‘sabes qué, es hora de moverse’”, dijo Miguel Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Hispana de Oficiales Policiales y un exoficial de la Policía de Puerto Rico. En su departamento de policía actual, en Baltimore, casi 200 oficiales son de Puerto Rico, indicó.
Unos meses después de que el huracán María azotara a Puerto Rico, miles de oficiales comenzaron a reportarse enfermos para presionar el pago de las horas extras que se les debían, para poder recuperarse del desastre. En diciembre del 2017 y en enero de 2018, cerca de 2,700 oficiales faltaban diariamente.
“Yo me reporté enfermo”, dijo Atanacio. “No me he reportado a trabajar desde diciembre porque no quiero perder mi tiempo”.
La huelga policial, también conocida como la “blue flu”, dejó las calles al descubierto, causando un aumento vertiginoso en asesinatos. En los primero 11 días del año, 32 personas fueron asesinadas, convirtiendo el mes de enero en uno de los meses más sangrientos en la historia de Puerto Rico.
Según Rodríguez, el huracán fue “la gota que colmó la copa”. Pero Torres Rivera dijo que aunque muchos problemas sociales han empeorado después del huracán, su origen surge en las directrices de los problemas políticos y económicos de Puerto Rico.
“No podemos perder de perspectiva del contexto en que ocurre esta situación; su conexión con la crisis fiscal y las medidas de austeridad impuestas por el gobierno y por la Junta de Control Fiscal”, dijo Torres Rivera. “También tiene que ver con las inexistentes o inefectivas directrices gubernamentales de recuperación [luego del huracán]”.
El informe del ACT confirma que los huracanes han acentuado los retos en seguridad pública que tiene Puerto Rico e identificó una solución inmediata: un “sólido plan de estrategia de reclutamiento” para el Departamento de la Policía.
“Ellos no tienen el personal y por eso tienen allí un aumento en el crimen, pues ‘no pueden seguirle el paso’”, dijo Rodríguez. “Tienes que traer al personal para mantenerte al corriente en la lucha contra el crimen”, agregó.
Solo cuatro días después del triple asesinato en Manatí, el 12 de abril, en Loíza, al este de la capital, mataron a un joven de 16 años y a otro de 20.
“La unidad de investigaciones de Carolina ocupó un rifle de asalto AK-47 y dos pistolas semi-automáticas la cuales piensan que fueron usadas en esos asesinatos”, dijo el teniente Acosta. “Estamos tratando de ocupar todas las armas que podemos, pues esa es la razón principal por la que matan a la gente”.
De acuerdo con el Negociado de Policía en San Juan, algunas armas llegan a Puerto Rico a través de contenedores que vienen de Florida, pero muchas otras llegan por correo, desarmadas en piezas. Básicamente, son contrabandeadas a la isla igual que las drogas.
Anthony Gómez Rivera, de 17 años, creció en Puerto Nuevo, uno de los sectores de vivienda más grandes de San Juan. Le dispararon mortalmente en varias ocasiones el 24 de marzo, frente al edificio 49 del residencial Vista Hermosa.
“Hemos tenido cinco asesinatos en Puerto Nuevo. Es raro pues no habíamos tenido números así desde hace varios años”, dijo el teniente Acosta.
En Puerto Rico, las armas y las drogas están muy ligadas.
“¿De dónde más puedes encontrar la procedencia de las armas? Solamente del mundo de las drogas”, dijo Omar Javier Cintrón, un chofer de Uber en San Juan. “Es muy fácil conseguir armas y no estoy hablando de revólveres o pistolas. Estoy hablando de ametralladoras”.
Cintrón es un amigo cercano del padre de Anthony Rivera. Aunque no nació en una barriada rodeada de drogas, muchos de sus amigos sí y nunca pudieron salir.
“Ponen a los niños en las azoteas de edificios de cuatro pisos a trabajar como celadores de los narco jefes; les dan radios y comienzan a pagarles cuando tienen 12 o 13 años”, dijo Cintrón. “Es muy difícil ganarte esa cantidad de dinero, cuando eres tan pobre, sin envolverte en todo eso. En Puerto Rico hay un refrán que dice que cuando escoges esa vida terminarás muerto o preso, pues no hay salida posible”.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, el por ciento de esclarecimiento de los casos de asesinatos fluctúa entre 30 y 32, lo que significa que más de dos terceras partes de los asesinatos no son resueltos ni se cierran los casos.
El teniente Acosta dijo que la gente en Puerto Rico no coopera, mayormente porque tienen miedo a declarar como testigos o a involucrarse en disputas relacionadas al negocio de las drogas.
“Los padres de Rivera fueron acusados hace cinco años en la esfera federal y pasaron cinco años en la cárcel, salieron en diciembre”, dijo el teniente Acosta. “Nos dijeron que aunque tuvieran información sobre el asesinato de su hijo no iban a ayudar en la investigación. Con eso es que tenemos que luchar todos los días”.
Según Torres Rivera, el aumento o disminución en la tasa de asesinatos en Puerto Rico durante este año dependerá de las estrategias que desarrolle el gobierno, tomando en consideración las necesidades de la población y los cambios demográficos.
“Debemos descartar aquellas medidas que no funcionan, tales como la directriz de la llamada mano dura y la intención del gobierno de implementar la estrategia de ‘Ventana Rota’”, dijo Torres Rivera.
“Se ha demostrado que esas medidas no previenen el crimen porque cuando reprimes conductas o a individuos, la criminalidad se reproduce o se mueve de un área a otra”, dijo la criminóloga.
La política de “Ventana Rota” es una teoría donde signos visibles de desorden civil, tales como vandalismo, crean un ambiente urbano que fomenta más criminalidad. Así que, según esta teoría, la estrategia de enfocarse en controlar infracciones menores son la clave para generar orden y prevenir crímenes más serios, tales como homicidios.
El Departamento de Seguridad Pública, por su parte, está esperando por un estudio sobre los recursos humanos de la Policía de Puerto Rico. La firma consultora V2A tiene programado revelar los resultados de su informe el 30 de abril.
“Ya que Puerto Rico está en quiebra, por los últimos tres o cuatro años no ha habido reclutamiento [dentro de la Policía]”, dijo Pesquera. “La Junta de Supervisión Fiscal no va a aprobar ningún reclutamiento y yo voy a depender mucho de ese estudio de necesidades para saber si tenemos suficientes personas para hacer lo que tenemos que hacer”.
Esta historia es parte de un proyecto especial realizado en colaboración con estudiantes del Arthur L. Carter Journalism Institute de la New York University (NYU).
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