Ya que estamos en época de nominar películas para los Óscares, la Academia quizás debería considerar a Alberto Bacó, al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y a la administración del saliente gobernador Alejandro García Padilla para el premio a mejor guión para una película de suspenso.
Bueno, es una hipérbole, pero la alusión corresponde a la forma en que Bacó y el DDEC incumplieron con la ley 171 de 2014, referente a su Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica (PDIC). Es decir, todo apunta a que esta ley se ninguneó a diestra y siniestra, lo que ha desatado una gran polémica y algo de angustia entre las obreras y los obreros de la industria del cine puertorriqueño.
Primero, según confirmó el propio director del PDIC en una comunicación escrita a la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico (AdocPR), el dinero que se supone que estuviese para respaldar la industria nacional de cine no fluyó.
“El fondo cinematográfico recibe $3,240,000 por año fiscal, producto de una asignación especial que proviene de los recaudos que obtiene el Departamento de Hacienda a través del Impuesto a las Ventas y el Uso (IVU)”, indica en la misiva el director del PDIC Demetrio Fernández. Señala Fernández que, “pese a que se supone que el Departamento de Hacienda transfiera ese dinero al Fondo Cinematográfico a razón de $270,000 mensuales, la realidad ha sido distinta”.
La carta fue hecha pública en la página oficial de Facebook de AdocPR y puede verse pulsando aquí.
“Al día de hoy el balance del fondo cinematográfico es de $4,544,000. Dicho balance no contempla seis proyectos que tienen empaque financiero aprobado y que totalizan los $3.7 millones. Por tanto, el balance disponible del Fondo Cinematográfico es de aproximadamente $844,000”, explicó Fernández, lo que luce como una aseveración contradictoria a lo establecido en las líneas anteriores.
Fernández subrayó en su comunicación escrita a la AdocPR que “desde el 2013 han sido unos 26 los proyectos locales respaldados por el Programa para el Desarrollo de la Industria Cinematográfico del DDEC, a través del Fondo Cinematográfico. El apoyo financiero a dichos proyectos representa aproximadamente $9,499,054.91”, sostuvo.
Fernández pareció además insinuar que los cineastas que se han beneficiado del fondo son deudores del Gobierno. “Como parte de nuestra obligación de asegurar el buen uso de fondos públicos, el DDEC ha puesto en marcha un proceso para gestionar el cobro de deudas pendientes ante el Programa para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica. La entidad acumula al momento $14.9 millones en financiamientos otorgados que no han sido repagados”, dijo en la carta.
O sea, esto asimila casi una película de ciencia ficción. Luce sobrenatural la forma en la que el Programa para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica operó – quizás sobrevivió sea una palabra más adecuada – durante los pasados dos años, ante tanta apatía del gobierno central.
Y es que, según el director de esta dependencia, aun dentro de este atropellado escenario, entre los proyectos que estrenaron durante su administración figuran los filmes: Fragmentos de amor furtivo, Domirriqueños, Antes que cante el gallo, Hugo Paco y Luis, Las vacas con gafas, 200 Cartas, Riding 79, Cuentas pendientes y Armonía.
Más aún, “entre los proyectos que estrenarán próximamente, gestados en su totalidad por esta administración se encuentran” estas películas: 1950, Accidente feliz, ¿Quién eres tú?, Sol de medianoche, Noli, El Chata, En arroz y habichuela, Prótesis, Nuyorican básquet, Rizq, Todos íbamos a ser Reyes, La Sagrada Familia, La mujer maravilla sobre ruedas, Angélica, Extraterrestres, Fefel Varona y Filiberto. Algunas de estas piezas, empero, comenzaron producción durante el cuatrienio pasado, otras, incluso, durante las administraciones de hace dos cuatrienios.
Ahora, indicó Fernández a los cineastas, recomendará que estos asuntos de la alicaída y misteriosa economía de los pasados dos años del Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica sean atendidos por el Comité de Transición del entrante gobernador Ricardo Rosselló. Claro, que son varios los puntos de la Ley 171 que los cineastas buscan aclarar y, según supo Diálogo, esto no se limita a un mero cuadre numérico.
Crónica de los reclamos de los cineastas
Dice el trillado refrán ese que si la montaña no va dónde Mahoma, pues Mahoma acude a la montaña. En este caso, la montaña se ha hecho de la vista larga y Mahoma ha tenido que llegar dónde ella a pedirle explicaciones por su apatía de los pasados cuatro años.
La montaña, entiéndase, es el DDEC y su Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica. La figura de Mahoma, entonces, aludiría a los cineastas y la clase obrera de la industria del cine del país, representados en este caso por AdocPR.
En la mañana del lunes 14 de noviembre, un grupo de AdocPR volvió a denunciar el incumplimiento de la ley 171 por parte del DDEC y el secretario Bacó, apenas días después de que realizaran una protesta tipo sit-in en las instalaciones de esa dependencia, en Hato Rey.
“Ante la parálisis institucional del DDEC, nos vimos obligados a realizar una protesta pacífica en la entrada del edificio para exigir el cumplimiento de la ley 171 de 2014 y en búsqueda de transparencia en el uso de fondos públicos destinados para la producción cinematográfica”, le dijo a Diálogo durante la mañana de aquel lunes el portavoz de AdocPR, Ismael Cubero.
“Como consecuencia de nuestra protesta pacífica el subsecretario del DDEC, Juan Carlos Suárez y el director del Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica, Demetrio Fernández Manzano, accedieron a reunirse con una delegación de AdocPR para atender nuestros reclamos”, explicó.
Tras aquella reunión, dijo Cubero, el DDEC se comprometió a hacer disponibles los informes y documentos de contabilidad sobre el uso dado al Fondo Especial del Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica los últimos 8 años. El 14 de noviembre, fecha en que le darían ese informe, llegaron a eso de las nueve de la mañana y se toparon con oficiales de seguridad que les impidieron llegar hasta las oficinas. Tan pronto se enteraron del conocimiento de la prensa al respecto, un oficial del DDEC les interpuso que a las 3:00 p.m. les otorgarían los informes y documentos de finanzas prometidos tras la primera reunión del 3 de noviembre. Esto acabó sucediendo a las 7:00 p.m.
“Esta indiferencia y falta de voluntad política demuestra lo que hemos denunciado. El DDEC se encuentra en una injustificada parálisis institucional que afecta la continuidad de la producción cinematográfica, poniendo en riesgo el empleo de miles de trabajadores y trabajadoras de nuestro sector y ni siquiera tienen la decencia de dar cara por su inacción”, destacó Cubero en la comunicación escrita que sostuvo con este medio digital.
“Se comportan como un banco, no como un programa de cine”
“Ellos se comportan como un banco y no como un programa del Estado que fomenta la producción de cine como el producto cultural que es”, expresó además Cubero.
“Cuando él (Demetrio Fernández) dice en el penúltimo párrafo de la carta que el programa de cine se encuentra en una gestión de cobro de más de $14 millones, insinúa que somos deudores, y eso no es correcto”, expuso.
“Nosotros pagamos con nuestras películas. Tal y como dice la ley, los cineastas que recibimos el incentivo del fondo en forma de préstamos tenemos cinco años para pagar. Si en cinco años no pagamos la totalidad o al menos la mitad, la película pasa a ser propiedad del Estado. El estado no pierde, recibe el producto de su inversión. No hay deuda posible. A partir de ese momento tienen los derechos. Las películas son productos culturales, no es una lata de salchichas. Es un producto que sigue generando durante el tiempo”.
“A la fecha de hoy se encuentran paralizados 12 proyectos. Esto representa una pérdida estimada de 480 empleos directos sin contar los indirectos. El cine, por otro lado, es utilizado en un sinnúmero de países como una forma de promover la producción local, el turismo y dar a conocer su cultura. Los países tienen una preocupación constante sobre la imagen que proyectan a nivel internacional. La reputación de un país se construye sobre las ideas, la percepción y las experiencias que tienen tanto visitantes como inversionistas. La parálisis institucional en la que se encuentra el DDEC no abona positivamente a mejorar una imagen ya maltrecha”, puntualizó.
De hecho, Cubero desmintió a Fernández, cuando indicó que “no es cierto eso que él dice que desde el 2013 han sido 26 los proyectos locales respaldados por el programa. Realmente, son al máximo 15 proyectos que han recibido algún incentivo del fondo. Es más, la mayoría de los proyectos que él menciona son películas que vienen de la pasada administración, incluso antes”.
El portavoz de AdocPR reiteró que el DDEC viola descaradamente la ley al no haber dado fecha fecha para la próxima convocatoria del Fondo Especial, establecido por la ley 171 de 2014 en sus artículos 6 y 7, y así darle continuidad al crecimiento de la industria de los pasados dos años.
“Dejamos saber que este hiato que se vislumbra en la producción tiene que acabarse. AdocPR estará organizando las próximas acciones a seguir junto a trabajadores, trabajadoras, productores y productoras del sector cinematográfico y llevaremos a cabo las acciones necesarias para garantizar que la producción se restablezca y le demos continuidad al florecimiento de la industria puertorriqueña del cine”, puntualizó.