Una reflexión sobre los hechos del 1 de mayo

La UPRRP fue uno de los puntos de partida de la marcha. (Archivo)

3 de mayo de 2017 Por Andrea Santiago Puerto Rico Resaltado

Los actos de vandalismo y violencia que se dieron durante el Paro Nacional hicieron que los reclamos en contra de las medidas de austeridad por parte de la Junta de Control Fiscal (JCF) pasaran a un segundo plano. Así lo dejaron saber el sociólogo Emilio Pantojas y el licenciado Osvaldo Burgos.

Para Pantojas, los hechos luego del evento oficial fueron lamentables y desgraciados ya que para él “deslucieron y ayudó al gobierno a desviar los reclamos del pueblo”.

Un ejemplo de esto, según él, fue la conferencia de prensa del gobernador, donde todas sus expresiones fueron sobre los sucesos violentos. “El gobierno ha tomado como excusa un acto que pasó por su negligencia”, dijo el sociólogo ante la postura del Estado luego de lo sucedido.

Burgos, por su parte, habló de los medios como culpables de que los reclamos del Paro se hicieran a un lado dado que lo único que señalaban y hablaban era de los hechos violentos. “Es como si la marcha nunca hubiera pasado”, comentó el abogado.

Sobre aquellos que cometieron vandalismo, el licenciado expresó que eran encapuchados y no se puede saber su identidad, pero que el gobierno se ha encargado de criminalizar y estigmatizar a los estudiantes y para él, el gobierno ha tenido éxito en su intento.

Ante esto, el licenciado expresó que cuando se compara el crimen de romper cristales con el de quitar una buena educación, salud, trabajo y bienestar a un país, el de los cristales no es más importante, por lo que –de acuerdo con él- el Estado falló.

Para los entrevistados, aquellos que hicieron vandalismo no representan a la inmensa mayoría de los grupos que se dieron cita en el evento.

Sobre la cantidad de uniformados presentes, Burgos mencionó que habían hablado con la superintendente de la Policía, Michelle Hernández en una reunión el viernes en la que estuvieron presente los líderes de los sindicatos, portavoces estudiantiles y todos aquellos que habían hecho la convocatoria, donde le dejaron saber “que los ánimos se enaltecen con la presencia de la fuerza de choque”.

También le había mencionado a la superintendente, cuando ella hizo la expresión de movilizar 13,000 policías de cara a la marcha, que era demasiada presencia de uniformados y eso genera violencia y que no era necesario, pero los hechos demostraron que no lo tomaron en cuenta.

“La Policía es un brazo opresor del Estado. Según la Ley Orgánica de la Policía, ellos están para proteger los derechos civiles, pero las personas no los ven así. Están para reprimir y no para proteger”, comentó Burgos.

Al igual que otras voces ciudadanas, Pantojas cuestiona por qué la Policía no permaneció hasta que todo regresara a la normalidad y optaron por irse. El científico social también expresó que las tácticas de la Uniformada no funcionaron, pues era predecible que eso pasaría.

Una demanda en un minuto y 28 segundos

Dentro de todo esto se levanta la interrogante de si hubo la presencia de infiltrados en los actos de vandalismo. Además, otro hecho que ha levantado sospecha ha sido la radicación de una demanda, por parte del Banco Popular, a pocos minutos de haber sucedido los incidentes violentos en la zona.

Las actividades en la tarima concluyeron a las 2:30 p.m., acto seguido los encapuchados comenzaron a lanzar piedras al Banco Popular. En la entrevista con Diálogo el licenciado Burgos tenía en su computadora la demanda presentada. El documento fue radicado a las 2:31 p.m. con 28 segundos y tiene 21 páginas. Burgos, quien estuvo en la marcha, entiende que ni teniendo el bufete más grande de Puerto Rico una demanda puede ser radicada en un minuto con 28 segundos y juramentada. “Esto demuestra que algo se estaba cocinando”, resaltó.

Sobre el porvenir de Puerto Rico a raíz de estos sucesos, a los entrevistados les preocupa la incertidumbre que vive el País al ver un gobierno que ignoró sus reclamos y puso sobre ellos los actos de violencia, al igual que la represión de la expresión pública la cual no es un delito porque se encuentra en la Constitución de Puerto Rico, en la federal y forma parte de los derechos humanos.

Burgos y Pantojas coincidieron en que no hay duda que había disociadores y que los actos de violencia y vandalismo estaban planificados.

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