Como antesala a la marcha del Día Nacional de Estudiantes en Lucha, la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), el gremio magisterial Educamos y el movimiento estudiantil de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ofrecieron hoy una conferencia de prensa conjunta donde denunciaron los millonarios ajustes que propone el gobierno al sistema de educación pública escolar y universitario.
Además del recorte presupuestario de $450 millones al 2021 para la UPR planteado por la Junta de Control Fiscal (JCF) a la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares en marzo, el colectivo calculó que el cierre de 179 planteles escolares anunciado a principios de mes por la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, totaliza $100 millones menos en la operación de la agencia. También significaría el traslado y reubicación de más de 27,000 estudiantes entre kínder y duodécimo grado.
En el caso de la UPR, estimados de la Autoridad de Agencia Fiscal y Asesoría Financiera elevan la cifra de recorte a $512 millones para el 2026.
“Es evidente que el Estado está implementando políticas de austeridad que únicamente afectan a la clase pobre y trabajadora del País. Tanto la JCF como la administración de Rosselló Nevares pretenden facturarnos una deuda odiosa cuyo pago solo favorece a la banca privada y la clase rica de la Isla”, sostuvo Sofía Feliciano, estudiante del Recinto de Río Piedras de la UPR.
“No podemos permitir que sea a través de la educación que se pague la deuda”, agregó Feliciano, quien emplazó al primer ejecutivo a reunirse con los estudiantes. El miércoles el Comité Negociador Nacional del movimiento estudiantil de la UPR logró una reunión con la JCF, donde sus miembros Natalie Jaresko, José Carrión III, Ana Matosantos y David Skeel insistieron en la inevitabilidad de los $450 millones menos en la aportación del Estado –que desde el 2014 ronda los $833 millones– a las arcas universitarias, un 54% de reducción.
La presidenta de Educamos, Eva Ayala, criticó por su parte que la secretaria de Educación, Julia Keleher, “no conoce la idiosincrasia” de las comunidades escolares que se pretenden cerrar, y catalogó de “bochornoso” su sueldo de $250,000 al año.
Mientras, Mercedes Martínez, presidenta de la FMPR, suscribió la denuncia de otros sectores de la sociedad civil en torno al carácter antidemocrático del ente federal, “cuyos miembros no fueron electos por el pueblo”.
Aparte de la conferencia de prensa, el movimiento estudiantil de la UPR convocó a una marcha desde el Capitolio hasta La Fortaleza para coordinar una reunión con Rosselló Nevares con el propósito de conocer su postura en torno al recorte presupuestario del primer centro docente del País, y exhortarlo a que declare la educación pública en todos los niveles como un servicio esencial.
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