En medio de la crisis fiscal, el Departamento de Hacienda ha optado por no pagarle las remesas mensuales a la Universidad de Puerto Rico (UPR). Este impago, de parte del Gobierno de Puerto Rico, pone en riesgo los servicios y la educación que la Universidad le ofrece a más de 60 mil estudiantes y al pueblo de Puerto Rico. La Confederación Estudiantil Nacional (CEN), compuesta por los presidentes de los Consejo General de Estudiantes (CGE) y los representantes Estudiantiles ante la Junta Universitaria, reclamó que el Gobierno le pague a la UPR las remesas que le adeuda.
Según el comunicado de prensa del CGE, el Departamento de Hacienda envía una remesa de $69.49 millones mensualmente a la UPR. Al momento, Hacienda le adeuda $52 millones del mes de diciembre y los $69.49 millones correspondientes al mes de enero.
“Todo Puerto Rico conoce que Hacienda no está enviando las remesas a la UPR y las agencias públicas, para tener fondos disponibles para el pago de la deuda pública. El Gobierno tiene que reconocer de una vez y por todas que la deuda es impagable. La ruta debe ser a reestructurar toda la deuda pública del País. Emplazamos al Gobernador a poner la palabra en la acción. Páguele a la gente y no a los bonistas. La irresponsabilidad de esta política pública pone en riesgo la operación de la UPR y la educación y los servicios que esta le ofrece al País”, destacó Guillermo Guasp Pérez, presidente del CGE del Recinto de Río Piedras.
El pasado 15 de diciembre de 2015, Administración Central de la UPR congeló las cuentas de todos los recintos del Sistema. Esto como medida preventiva para garantizar el pago de la nómina de los docentes, no docentes y estudiantes que prestan servicios a la Universidad. Esta medida se supone que haya terminado el 12 de enero de 2016, pero las cuentas de los recintos del Sistema aún siguen congeladas.
Por su parte, Caleb Ruiz-Jiménez, presidente del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Ciencias Medicas, expresó que “esta determinación ha puesto en riesgo las investigaciones y viajes académicos que gran número de docentes y estudiantes ya tenían programados en las próximas semanas. Los recintos ya han comunicado que no podrán apoyar ninguna de estas iniciativas. Entendemos que el País está pasando por una situación económica detrimental, pero el Gobierno no puede continuar atentando contra la educación y salud del País para cuadrar la caja y pagar la deuda pública. No podemos permitir más recortes a estos dos pilares de la sociedad como lo son la salud y la educación”.
El gobernador anunció en conferencia de prensa la semana pasada que se le retiró a la UPR $3.5 millones de las Becas Legislativas. Estas becas eran dirigidas a ayudas educativas a estudiantes de la UPR, esto incluye a jóvenes de escasos recursos. En menos de un año, la UPR le han reducido en $8.5 millones el fondo de Becas Legislativas. Además, esta inestabilidad financiera en la UPR surge en momentos en que la institución se encuentra bajo monitoreo denominado “heightened cash monitoring 1”, en la categoría de “financial responsibility”, por parte del Departamento de Educación federal.
En la eventualidad de que las finanzas del sistema universitario público continúen deteriorándose, el monitoreo podría incrementar al nivel 2, lo que afectaría adversamente el acceso a las asistencias económicas por parte de los estudiantes más necesitados.
