La acreditación de los programas académicos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), ha producido dos universidades, una de pico y pala, adoptando la frase del querido y ya fenecido profesor de ciencia política, el doctor Milton Pabón, y la otra de los gremios privilegiados. Si es repugnante a nuestro estado de derecho que no se pague igual a la persona que trabaja por realizar el mismo trabajo, cuánto más despreciable es que cobren más los menos productivos. Veamos.
El movimiento estudiantil ha cerrado la universidad de los gremios privilegiados, aquellos que se lucran de la Universidad y la usan como vehículo para mantener sus no muy pocos privilegios y concertaciones políticas ventajosas fundamentadas por las exigencias de las agencias privadas que convenientemente los acreditan desde la lógica del mercado y la demanda laboral. Aquellos a los que les da igual lo que le suceda a la institución, siempre y cuando no se toquen sus lucrativas dispensas.
La otra UPR sigue productiva a pesar de lo que se diga y la impresión que se quiera dar. A esa, la de “pico y pala”, la enormemente creativa, la que sirve al pueblo por vocación e incluso es subsidiada por el compromiso de un cuerpo docente que continúa trabajando en múltiples dimensiones no asociadas al salón de clases. Es decir, que a pesar de continuar ejerciendo las otras tareas de su quehacer académico durante la huelga, los docentes no recibirán paga extra cuando automáticamente se extienda el semestre y se reanuden sus labores en el salón de clases. Como es virtualmente imposible separar todas las tareas, continuarán realizando las mismas, lo que para el buen entendedor significa que los docentes habrán trabajado más durante el conflicto, sin solicitar que se les aumente su compensación. Ya hemos dicho que a esa Universidad promotora de derechos sociales, viva, comprensiva y dinámica no se le puede cerrar.
Sin duda, los medios electrónicos hacen posible que la transmisión de conocimiento y la divulgación del mismo continúe adelante irrespectivo al cierre de los accesos físicos o de la normativa insensata que prohíbe parcialmente a los docentes realizar su labor durante los conflictos universitarios. Los portones cerrados son un síntoma, la enfermedad es lo que sucede alrededor, son las políticas de ajuste, el aumento de matrícula, es la austeridad, son los recortes, es la amenaza contra el pago de las pensiones, es la injusta sociedad de clases que se hace más indiferente e intolerable a las mayorías y de la que damos cuenta como atentos e inconformes estudiosos.
La respuesta estudiantil es, más que nunca antes, pertinente y necesaria ante los acontecimientos de ajuste fiscal selectivo que sufre Puerto Rico en el contexto de esa injusta ley federal y colonial llamada Promesa. Acaso, esperaban los saqueadores del país y de su Universidad que los estudiantes del Recinto de Río Piedras bajarían la cabeza obedientemente. Eso sería equivalente a negar la Universidad del pueblo de Puerto Rico que bien representan esos estudiantes. Estos y con mucha razón, insisten en que la verdadera democracia no es posible si se tolera la exclusión social que se impone con gran celeridad e insensibilidad de parte de nuestro bicéfalo gobierno.
La Universidad verdadera está activa, trabajando arduamente por responder a la demanda social de conocimiento y desarrollo sustentable, por ser una mejor institución donde el debate público informado sea bienvenido, donde se devela la mentira e insidia de los políticos de turno y se sacude la consciencia del país ante las perversidades de nuestro presente con el solo fin de prepararnos para enfrentar el porvenir. Los docentes no estuvieron de vacaciones durante el primer paro de seis días y tampoco lo están durante la huelga indefinida actual. En general, los docentes de “pico y pala” siguen trabajando y cuando todo regrese a la normalidad repondrán, aunque en el derecho que asiste su contrato de trabajo no les corresponde, los días perdidos sin recibir remuneración y todo para que no se afecten ni los estudiantes, ni la institución en sus planes de estudio. Ese es el claustro de Río Piedras del que me siento orgullo y formo parte hace 31 años.
Los privilegios gremiales y la acreditación
¿Por qué decimos que existen unos gremios profesionales privilegiados y quiénes son? En el Recinto de Río Piedras está el gremio de los abogados con privilegios que disfrutan de una escandalosa escala salarial y no solo eso, sino que para la mayoría de estos docentes su grado de maestría profesional se le considera equivalente y se le remunera como si fuera un grado doctoral en una disciplina académica tradicional, que como todos sabemos requiere una tesis doctoral y su defensa pública. Ese grupo está exento de esa exigencia, lo que no tiene razón de ser hoy día porque existen los grados doctorales académicos en derecho, y a diferencia del resto de los docentes del sistema reciben una consideración especial cuando se destinan a las facultades los fondos relacionados a los salarios. Por esa misma razón, tampoco se publica hace años su asimétrica escala salarial. A estos se le unen, en el recinto las escalas especiales que reciben los docentes de la Escuela de Planificación y los de Arquitectura sin ninguna razón válida basada en méritos y productividad comparativa.
En el sistema universitario, además, disfrutan de escalas especiales, los médicos, los dentistas y los ingenieros del Recinto de Mayagüez. Todos estos disponen de escalas salariales que son entre un 25 y 40% más altas que las del resto de las facultades, las que he llamado del “pico y pala”. Estos privilegios se han obtenido utilizando las acreditaciones a su favor, manteniendo rehén a la Universidad y en detrimento de una institución con limitados recursos que, en realidad, no tiene capacidad para sufragar tan altas escalas sin afectar a otros programas. Lo escandaloso de todo esto es que esas escuelas profesionales no son las más productivas del sistema. Más escandaloso aún, es que en todos los proyectos de ajuste fiscal de la Universidad para confeccionar el plan fiscal no se corrigen esas anormalidades y se prefiere reducir el dinero a los más pobres del sistema, incluyendo y sin limitarse a los retirados.
En el Recinto de Río Piedras hay varias docenas de programas productivos y acreditados por sus agencias especializadas. De hecho, casi todos los programas que son acreditables lo han logrado, dígase, entre muchos otros: trabajo social, rehabilitación, administración de empresas, administración pública, varios de educación, tecnología e infraestructura, música, ciencias de cómputos y química. Más aún, en nuestra universidad está acreditado el teatro y hasta la biblioteca general, cosa no muy común en la mayoría de las universidades públicas de los Estados Unidos.
Ahora bien, ninguno de los docentes que trabajan en esos programas reciben escalas salariales especiales como los miembros de los gremios privilegiados. Tampoco, han tenido que ser objeto de certificaciones de las autoridades universitarias por incumplimiento de la tarea docente y abuso de confianza, como solían ser el uso de sus oficinas para atender sus clientes privados, la dedicación a los casos de sus bufetes en horario universitario y atrocidades similares.
El proceso de acreditación
La Universidad de Puerto Rico es acreditada de manera institucional por la “Middle State Association” que acredita a las universidades de la región central de los Estados Unidos. El porqué Puerto Rico está ubicado en esa región y qué sentido tiene esa ubicación sobrepasa el alcance de este artículo y será analizado posteriormente. Anotemos, sin embargo, que esta es una entidad privada que viene por invitación y ofrece unos servicios que por cierto son carísimos, digamos millonarios. Esta, además, es la más conservadora de las cinco acreditadoras regionales existentes en los Estados Unidos.
Por años, la UPR ha recibido la acreditación institucional sin mayores señalamientos. Eso ocurrió por última vez el año pasado. Ahora bien, el reconocimiento académico que recibe la Universidad es porque su programa académico es pertinente en todas las áreas necesarias a la sociedad, lo que convierte la calidad en excelencia y promueve el mejoramiento continuo. Lo mismo no se puede decir de la inmensa mayoría de las universidades privadas en nuestro país. Por el contrario, la mayoría de las 42 entidades educativas privadas no están debidamente acreditadas y cumplen con estándares mínimos para realizar sus propósitos, que mayormente son comerciales. En general, estas ajustan reduciendo sus requisitos académicos para garantizar la obtención de fondos federales. A ellos que se regulan estrictamente por el mercado, que son un negocio oculto tras la educación, nadie los ataca. En cambio, se critica a la UPR por tratar con seriedad su programa académico y de manera civilizada atiende el complejo conflicto estudiantil.
Precisamente porque la UPR no es un negocio lucrativo, ni una “rin quincalla” para acceder a fondos federales, atiende la responsabilidad social de promover a todos los sectores y todas las disciplinas. Por eso, la gran cantidad de programas facultativos acreditados y que complementan la acreditación institucional. Eso es lo que precisamente hace nuestra universidad grande. De igual forma, y como buena universidad, la UPR defiende, entre otras cosas, su componente de conocimiento creativo que se basa en las artes. Los neoliberales miran a las artes con recelo, como un gasto innecesario que se debe reducir, porque desconfían de una sociedad de ciudadanos incentivados en el desarrollo de su creatividad, cosa que ciertamente garantizan, la música, el drama, el teatro, la literatura y las humanidades en general.
La huelga de los estudiantes nos confronta con el tipo de universidad que somos y el que debemos ser. También devela la universidad del modelo liberal que nos quieren imponer y que está limitada irracionalmente a la promoción de un selecto grupo de ciencias aplicadas y profesiones. En tal sentido, a pesar que fue acreditada el año pasado sin problemas, la filosofía educativa de la UPR está reñida con la de su acreditadora, que basa su acreditación en demanda laboral, sin importar que esté saturada, mientras la Universidad promueve, como debe ser, un enfoque holístico o social en el desarrollo de sus programas académicos.
Las acreditadoras premian el pragmatismo administrativo y por eso, cada vez más, los que tenemos la sublime tarea de la creación de conocimiento, tenemos que aguantar y estamos sometidos al arbitrio de gerentes universitarios neoliberales y tecnócratas que son dóciles a los caprichos de las élites políticas y en general unos tontuelos que no pueden distinguir entre lo que es un bien público y uno privado. Una cosa es que el bien público de la educación se haya individualizado en los Estados Unidos al privatizar el acceso a una profesión y otra muy distinta el que se responda ciega y acríticamente a una demanda laboral en un mercado de trabajo ya saturado por algunas profesiones, pensando erróneamente que allí están los trabajos cuando no es cierto.
La acreditación responsable se basa en méritos y no en prebendas políticas. En esta, se consideran las horas contacto entre el profesor y el estudiante y no el momento cuando ocurra. Si las horas contacto se respetan no se pierde ni la acreditación, ni el semestre, ni el derecho a recibir la beca tan pronto se normalice la situación. Por esa razón, los conflictos universitarios no pueden ser una excusa para la desacreditación de la Universidad que ha sido acreditada institucionalmente y facultativamente por sus méritos. Entonces, la argumentación sobre la responsabilidad de los estudiantes y la huelga por una posible desacreditación de la UPR es falaz y no se atiene a la realidad del funcionamiento de la Universidad. El núcleo de la argumentación contiene una gran dosis de mendacidad. Ciertamente, no merece nuestra atención.
