La Universidad de Puerto Rico en Bayamón notificó la reinstalación al acceso de fondos federales por medio del Título IV de la Ley Federal de Educación Superior. Con este campus, suman seis de las ocho unidades y recintos de la UPR que han recibido la autorización para la elegibilidad a los programas de beca Pell, estudio y trabajo, préstamos estudiantiles, entre otros beneficios para la comunidad estudiantil, luego de que en mayo fueran puestas en probatoria.
De acuerdo con un comunicado de la unidad, el Departamento de Educación Federal “ha determinado que el recinto satisface la definición de una institución elegible bajo el Higher Education Act de 1965, según enmendado. Esta decisión le permite administrar los fondos de becas y programas de asistencia económica bajo el programa de Título IV de la Ley Federal de Educación Superior”.
“Hemos logrado los accesos necesarios para poder apoyar a nuestros estudiantes con sus becas y seguir adelante con un comienzo ordenado de semestre”, expresó Miguel Vélez Rubio, rector interino de la UPR en Bayamón.
Hasta el momento, el Recinto de Río Piedras y los campus de Arecibo, Bayamón, Carolina, Cayey y Ponce, han recibido notificación de acceso de reinstalación del acceso a estos fondos. Aún faltan las unidades de Humacao y Utuado en restaurar estos fondos.
Ocho de las unidades de la UPR perdieron su elegibilidad a las ayudas económicas federales del Higher Education Act of 1965 (HEA) luego de diversas paralizaciones en los servicios académicos durante la huelga estudiantil que se llevó a cabo entre abril y junio de este año. Esta pérdida de elegibilidad se basa en las disposiciones del código federal, 34 C.F.R. § 668.26 (a)(1)(iii).
La reinstalación de beneficios estaba en proceso de recuperación luego de que se reanudaran las labores académicas paralizadas por la pasada huelga estudiantil. Las unidades afectadas fueron Arecibo, Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao, Ponce, Río Piedras y Utuado.
De hecho, el pasado 31 de julio el presidente interino de la UPR, Darrel Hillman, alertó a la comunidad universitaria a evitar que el incumplimiento de los ofrecimientos académicos en la institución tenga efectos “adversos” sobre el acceso a fondos federales.
Hillman acotó que “es importante recalcar que cualquier interrupción en los ofrecimientos académicos y/o el incumplimiento con los calendarios académicos establecidos puede traer como consecuencia la pérdida indefinida del acceso a fondos federales. Esto tendría un efecto adverso en nuestra comunidad estudiantil y los beneficios provenientes del Gobierno Federal que estos reciben”.
La Middle States Commission on Higher Eduaction (Msche) concedió a la UPR hasta el 1 de septiembre para entregar informes que evidencien las medidas tomadas para cumplir con los requisitos de acreditación. Esto incluirá visitas de comisionados del organismo regulador a los campus.
