Los líderes estudiantiles de las toritas y toritos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey no vislumbran paralizaciones ante la posible aprobación hoy del plan fiscal revisado de la institución.
Aunque el documento no ha sido divulgado a la comunidad universitaria, la Junta de Gobierno de la UPR se apresta a aprobarlo esta tarde para mañana entregarlo a la Junta de Control Fiscal (JCF).
“El movimiento estudiantil decidió no paralizar, por el momento. No lo vemos estratégico. No tenemos las fuerzas luego de la huelga del año pasado”, sentenció Wilmar Santos Padilla, portavoz del movimiento estudiantil de Cayey, mientras cargaba con otros alumnos una pancarta que detallaba algunos de los aumentos propuestos en uno de los borradores del plan fiscal que fue publicado anoche por el Caucus Estudiantil de la Junta Universitaria.
Manifestación silente de miembros del movimiento estudiantil de la UPR en Cayey. (Víctor Rodríguez-Velázquez / Diálogo)
No obstante, Santos Padilla mostró preocupación sobre el impacto que tendrían algunas de las medidas evaluadas por la Junta de Gobierno, como la consolidación de las unidades de la UPR en tres conglomerados regionales en los que se agruparían trabajos administrativos. La propuesta –Aguadilla, Mayagüez y Utuado bajo un conglomerado; Cayey, Humacao y Ponce en otro; y Arecibo, Bayamón y Carolina como el tercero– conllevaría la especialización académica de las todas las unidades de la UPR, excepto los recintos de Río Piedras y Ciencias Médicas. Con los conglomerados, la UPR pasaría a tener cinco recintos, de las 11 unidades que componen el sistema actualmente.
Las medidas de consolidación –una de las exigencias de la JCF– evitarían un incremento abrupto en el costo de matrícula que se ha discutido en las pasadas semanas. Según el documento publicado ayer por el Caucus Estudiantil de la Junta Universitaria, el modelo de conglomerado permitiría consolidar oficinas administrativas en áreas como finanzas, presupuesto, recursos humanos, compras, sistemas de información, comunicaciones, registraduría y asistencia económica.
“La palabra universidad abarca diversidad. Si tu sesgas, le quitas diversidad misma a la universidad. Tal vez alguien no tenga la accesibilidad de moverse a Ponce o a Humacao”, comentó Santos Padilla.
Según miembros del movimiento estudiantil de Cayey, en el campus no hay ambiente para una paralización. (Víctor Rodríguez-Velázquez / Diálogo)
Por esa razón, la asamblea que realiza hoy el Consejo General de Estudiantes de Cayey, busca, entre otras cosas, conocer más detalles de este borrador que se estima sea aprobada hoy por la Junta de Gobierno.
“El documento toma unas medidas bastante complejas que realmente nos preocupa en la operación y la aplicación de estas medidas. Por eso es importante que el estudiante tenga esta información y tome determinaciones conociendo las complicaciones que va a conllevar si es aprobado”, dijo a Diálogo el presidente del CGE de Cayey, Héctor Barreto.
De ahí que el CGE invitara al cónclave al representante graduado en la Junta de Gobierno, Gilberto Domínguez, para discutir, por ejemplo, “el sistema de trimestres y cuatrimestres que es un punto de interés de los estudiantes”. Esta propuesta fue presentada por el presidente interino Darrel Hillman un mes atrás, como parte del borrador de plan fiscal que el centro docente debe entregar a la JCF.
“Lo que vemos es que se han traído medidas en diversas reuniones de la Junta Universitaria, pero nunca se trajo un documento completo. Ha sido muy, muy aparatosa [la elaboración del plan fiscal]. Sencillamente, se recibe un insumo de la comunidad, que al final puede o no ser tomado. En los últimos caso, no ha sido recopilado ese insumo, ni se ha tomado en consideración las recomendaciones y se lleva a discusión con la Junta de Control”, sentenció el alumno.
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Recientemente, la JCF envió una carta firmada por su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, donde advierte que la universidad únicamente podrá contar con el financiamiento gubernamental que se contempla en el plan fiscal del gobierno central, al momento bajo evaluación por ese organismo. Este documento proyecta que, para el año fiscal 2022, la UPR solo recibiría $410 millones del gobierno, una reducción de $221 millones respecto al presente año fiscal y de $423 millones al compararse con lo que la institución recibió entre 2015 y 2017.
Además, la JCF hizo referencia a la posible consolidación de las 11 unidades académicas del sistema universitario, al programa de congelación y eliminación de plazas –o attrition, en el argot contable– que ha venido utilizando la UPR desde hace unos años y a su sistema de retiro, cuyo financiamiento a junio de 2016 se encontraba en 47.8%.
La UPR en Mayagüez celebró su asamblea el pasado 6 de marzo. Los estudiantes de la UPR en Arecibo hicieron lo propio el 8 de marzo.
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