“Ante los recientes allanamientos del FBI a diversos proveedores educativos, debe ser prioritario para el país que sea la Universidad de Puerto Rico quien asuma la responsabilidad de brindar la asesoría educativa al Departamento de Educación”, con estas expresiones el representante estudiantil graduado ante la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, Aníbal Y. López Correa, reclamó que se detenga la contratación de compañías privadas para brindar el apoyo académico al Departamento de Educación.
El estudiante de la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras expresó que la principal propuesta del movimiento estudiantil durante los pasados dos años ha sido que los servicios educativos que contrata el Departamento de Educación sean brindados por la Universidad de Puerto Rico.
“Esta propuesta permite que quien brinde los servicios sea una entidad educativa probada en Puerto Rico y a la misma vez, que cualquier ganancia se quede en el sector educativo público y que se incentive el empleo de estudiantes universitarios de forma tal que haya un continuo entre la escuela pública y la universidad. Hemos hecho esta propuesta en diversos foros y el Departamento de Educación sigue tomando con pinzas la misma, mientras vemos que cada vez se cuestiona más el uso que se le otorga a estos fondos públicos”, señaló López Correa.
Las expresiones del estudiante surgen en momentos en los que ha salido a la luz pública que la aspirante independiente a la gobernación, Alexandra Lúgaro, el hermano del ex-comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Eder Ortiz, y figuras vinculadas al Partido Nuevo Progresista como Félix Plaud tienen millonarios contratos con el Departamento de Educación por concepto de servicios educativos y servicios de adiestramiento y orientación.
“Es increíble que al día de hoy, casi 15 años después de haberse iniciado la contratación de servicios educativos se insista en mantener los contratos con compañías educativas privadas muchas de las cuales reciben sus contratos por vínculos familiares, afiliación política y otros por las aportaciones a las campañas políticas. Las compañías privadas han demostrado que su único interés es el lucro y no el proyecto educativo público”, recalcó López Correa.
De acuerdo a información publicada por diversos medios del País, el pasado viernes el FBI allanó las oficinas de Lúgaro y de Eder Ortiz. “En una de las notas de prensa surgió el número de $8,218,699 en contratos para brindar servicios a cinco escuelas. Esto equivale a más de $1.6 millones de dólares por cada escuela que se agencian estas compañías privadas, sin que veamos grandes transformaciones educativas en el país”, denunció el líder estudiantil.
El estudiante destacó que este es el momento para que la propuesta se viabilice, debido a la participación del Secretario de Educación en la Junta de Gobierno de la UPR.
“El momento perfecto para hacer una verdadera transformación educativa es ahora. Es ahora que tenemos al Secretario de Educación como parte de la Junta de Gobierno de la UPR, es ahora que él puede supervisar el buen uso de esos fondos públicos, es ahora que hemos visto que una vez más las compañías privadas le han fallado a la niñez de este País, y es ahora que estamos bajo el escrutinio del FBI porque se está en duda del buen uso de esos fondos federales. ¿Qué tenemos que esperar para lograr esa transformación educativa? ¿Qué aparezcan otros inversionistas políticos y se lleven los millonarios contratos?”, cuestionó López Correa.
En el pasado la senadora Maritere González López, presidenta de la Comisión de Educación del Senado, había propuesto el Proyecto del Senado 1050 para que la UPR brindara tutorías en el sistema de enseñanza público, sin embargo, el proyecto recibió el rechazo del Departamento de Educación.
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