Luego de ganar una lucha de más de diez años, airosa, rebosante y enérgica, Carmen Vélez Vega no deja de agradecer a la Universidad de Puerto Rico (UPR). Y es que el primer centro docente del país fue trascendental para que a su esposa, Ángeles Acosta Rodríguez, se le concediera la adopción de la hija que ambas han criado.
El pasado 9 de diciembre, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan falló a favor de que Acosta Rodríguez pudiera ser la madre legal de Juliana, hija biológica de Vélez Vega. Este pleito comenzó en el año 2005 y estableció un precedente jurídico que beneficiará a muchas parejas homosexuales que tienen el interés de adoptar.
“La UPR para nosotros ha sido central para todo lo que es nuestras vidas”, comentó Vélez Vega, doctora en trabajo social, graduada del Recinto de Río Piedras y quien funge como profesora de salud pública en el Recinto de Ciencias Médicas, al igual que su cónyuge.
En la UPR encontraron el apoyo de sus pares académicos, quienes intervinieron en el proceso judicial como “amigos de la corte”. En agradecimiento, Vélez Vega nombró a varios facultativos como Carmen Albizu, Madeline Román y América Facundo, entre otros.
También, reconoció a sus compañeros de trabajo por acudir al Senado del país y deponer a favor del proyecto 437. Este fue propuesto por la legisladora Mari Tere González con la intención de aprobar la adopción homoparental por vía legislativa.
Su familia se siente acogida por la comunidad universitaria, pues relató que “yo tuve a Juliana allí, mis compañeros y compañeras de facultad me vieron con la barriga, ella ha crecido allí”.
Vélez Vega indicó que ha visto un cambio de paradigma a través de los años tanto en la sociedad como en el sistema judicial y la universidad. Esto a razón de que la UPR ha sentado bases en el adiestramiento de abogados sensibles hacia la diferencia y que muchos profesores de la institución – tal y como lo hace ella en sus cursos – buscan que el estudiantado se enfrente a situaciones diversas en los salones de clase, presentándole ejemplos sobre personas homosexuales u otras minorías sociales de forma que “la mayor aportación de la UPR ha sido un cambio en la cultura”.
Clínica de Asistencia Legal, una pieza clave
La representación legal de esta familia fue responsabilidad de la sección de Discrimen de Género y Orientación Sexual de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la UPR. De acuerdo con la trabajadora social, nunca hubiesen tenido el dinero para contratar alguna representación legal privada, debido al costo que representa un litigio tan largo.
Licenciada Nora Vargas. (Adriana De Jesús Salamán/Diálogo)
La licenciada Nora Vargas, quien desde hace siete años es directora de dicha sección de la Clínica de Asistencia Legal, dijo a Diálogo que el propósito del programa fue dual: representar a una comunidad (LGBTT) “invisible” y brindar una experiencia de práctica en temas diversos a estudiantes de Derecho.
“La Clínica es un requisito. Es un año completo para los estudiantes que están en su último año de Derecho, tienen que hacer tres clínicas”, agregó Vargas.
Cada una de las secciones de la Clínica de Asistencia Legal atiende un tema distinto, todas dirigidas por un abogado experto. Para seleccionar los casos que representarán se realizan entrevistas con los posibles clientes y se determina si necesitan los servicios. Los estudiantes están presentes desde que inicia el proceso. Todos los servicios son libre de costo.
El caso de adopción de Vélez Vega y Acosta Rodríguez llegó a la Clínica de Asistencia Legal en el año 2005, siendo estos su representación durante los últimos 10 años. Junto a los alumnos del programa, los abogados a cargo elaboraron varias teorías de derecho para sustentar la petición de adopción de Acosta Rodríguez.
De acuerdo a Vargas, para negar el proceso de adopción, el Tribunal Supremo recalcó que el artículo 138 del Código Civil de Puerto Rico establece que una persona puede adoptar el hijo de su cónyuge, siempre y cuando sean una pareja de sexos opuestos. La sección de Discrimen de Género y Orientación Sexual de la Clínica de Asistencia Legal propuso la teoría de que esto era inconstitucional dado a que discriminaba contra su cliente por razón de género, o sea, se le estaba negando adoptar a la niña a Acosta Rodríguez porque no seguía los parámetros sociales que la sociedad espera de una fémina.
Luego de la denegación del Tribunal, los estudiantes de la clínica se movilizaron a las oficinas del Capitolio para cabildear a favor del proyecto 437, que facilitaría la adopción homoparental a través de legislación. De la misma forma, depusieron en las vistas públicas para adelantar dicha medida y prepararon un informe titulado Las violaciones de los derechos civiles de las personas LGBTT en Puerto Rico, en el que incluyeron el caso de esta pareja y que posteriormente presentaron en la Comisión Interamericana de Derechos Civiles en Washington.
Vargas mencionó que más allá de ayudar a una familia, este caso fue un “catalítico” ya que sirvió para promulgar los derechos humanos. Finalmente, la letrada estableció una relación simbiótica entre la Clínica de Asistencia Legal y el caso, pues funcionó como un taller para estudiantes, quienes al apoyar al matrimonio Acosta-Vélez nutrieron su experiencia profesional.
