La administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) incumplió con el mandato de la Junta de Control Fiscal (JCF) de entregar ayer su presupuesto recomendado para el año fiscal 2019, de acuerdo con dos miembros del Comité de Asuntos Financieros de la Junta de Gobierno.
El representante estudiantil graduado, Gilberto Domínguez Escalera, y el representante claustral, Alan Rodríguez Pérez, confirmaron por separado a Diálogo que el ente rector de la institución aún no ha recibido del presidente interino Darrel Hillman el presupuesto operacional recomendado de la institución para el venidero año. En teoría, el documento deberá tomar en cuenta los recortes en asignaciones gubernamentales así como los parámetros del plan fiscal que certificó la JCF para la UPR.
Según Rodríguez Pérez, la idea era solicitar una prórroga a la JCF, que estableció el 21 de mayo como día límite para la entrega del borrador en una misiva con fecha del 3 de mayo. El organismo requirió que, junto con la resolución de gastos, la UPR incluyera la certificación de la Junta de Gobierno autorizando el presupuesto sometido.
Al momento de publicar, la oficial de prensa del presidente de la Junta de Gobierno, Walter Alomar, no había confirmado si, en efecto, la administración se comunicó con la JCF para solicitar tiempo adicional. Un portavoz de la JCF tampoco había informado si este cuerpo recibió una petición de prórroga por parte de las autoridades universitarias.
De acuerdo con el artículo 6 de la Certificación 100 (2005-2006) de la entonces Junta de Síndicos, para la elaboración del presupuesto anual el presidente del sistema debe recibir la asesoría de la Junta Universitaria antes de someterlo para la aprobación de la Junta de Gobierno.
Sin embargo, la representante estudiantil del Recinto de Río Piedras e integrante del Comité de Presupuesto de la Junta Universitaria, Wilmarí De Jesús, notificó a este medio que hasta el momento no han recibido información ni documentación de parte de la directora interina de presupuesto de Administración Central, Brunilda Pereira.
El Comité de Presupuesto tiene una reunión pautada para este viernes. No obstante, aún no se ha establecido una fecha para la próxima reunión del pleno de la Junta Universitaria.
En el caso de la Junta de Gobierno, su próxima reunión ordinaria está calendarizada para el 30 de mayo. El Comité de Asuntos Financieros –que estaría a cargo de discutir y recomendar al pleno el presupuesto– se reunirá mañana miércoles, informó el claustral Rodríguez Pérez.
Según los dos borradores de presupuesto que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentó a la JCF –y que fueron rechazados por incumplir parcialmente con el plan fiscal certificado del gobierno–, la UPR recibirá $628 millones directamente desde el fondo general. Esto representa una reducción de $40 millones respecto al financiamiento asignado para la institución en el presente año fiscal ($668 millones), y de $244 millones al compararse con el año fiscal 2017 ($872 millones).
En el borrador más reciente –publicado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal el 18 de mayo– el presupuesto consolidado de la UPR ascenderá a $1,240 millones, unos $28 millones menos en gastos que los proyectados para el presente año fiscal.
En su carta del 3 de mayo, la JCF indicó que debe aprobar el presupuesto para la UPR en o antes del 8 de junio. En caso de que el presupuesto sometido incumpliera con las disposiciones del organismo a cargo de las finanzas del país, el gobernador debía entonces entregar un documento revisado a más tardar el 18 de junio.
Esta noche, Rosselló Nevares ofrecerá su mensaje de presupuesto ante la Asamblea Legislativa, donde se espera que presente una propuesta que contenga los acuerdos que su equipo de trabajo alcanzó con la JCF. El ente congresional tiene la última palabra en torno a la aprobación del documento que regirá el gasto público entre el 1 de julio de este año y el 30 de junio de 2019.
En pasados días el gobernador anunció que impulsará la derogación de la Ley 80 –que protege a empleados del sector privado ante despidos injustificados– a cambio de preservar el bono de Navidad de los empleados públicos y privados, así como las licencias por vacaciones y enfermedad para los trabajadores del sector privado según se legisló en la reforma laboral de 2017.
Asimismo, se informó que se creará un fondo de becas para estudiantes de la UPR de escasos recursos de al menos $25 millones anuales. Otros $40 millones que podrían sumarse a ese fondo son contingentes a que el gobierno logre ahorros en distintas áreas y al éxito de sus medidas de desarrollo económico.
En el plan fiscal que rechazó la JCF, la UPR proponía un fondo de becas propio que contaría con $38 millones para el año académico entrante y ascendería escalonadamente hasta alcanzar los $50 millones para el 2022-2023. Este fondo se financiaría con los aumentos a los costos de matrícula que a partir del año académico que comienza en agosto duplicarán el precio del crédito de bachillerato e igualmente incrementarán los costos de estudios graduados.
