UPR podría sobrevivir como “acreedor social” en proceso de quiebra

Aunque todavía en pañales, la posibilidad de que sectores universitarios aboguen por la formación de un comité que proteja sus intereses y los de la institución en la corte federal está latente. (Archivo)

13 de junio de 2017 Por Emmanuel Estrada López UPR

Existe la posibilidad de que sectores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) –profesores, empleados y estudiantes– formen parte de un comité que les permita participar en el proceso de quiebra del gobierno instado bajo el Título III de Promesa, y así, abogar por la vitalidad de la institución, argumentando que los recortes contemplados en el plan fiscal y el presupuesto afectarían el rol del primer centro docente en impulsar el desarrollo económico y ofrecer servicios al país.

La estrategia, no obstante, sería una entre mediano y largo plazo, que públicamente apenas se discute y que depende del aval tanto de la jueza federal Laura Taylor Swain como del Síndico de Estados Unidos, una figura adscrita al Departamento de Justicia federal para atender los casos de quiebra.

“Lo primero que tendría que haber es una comparecencia para que se pueda llamar la atención a la corte de que hace falta un comité que represente estos intereses [de la UPR]. Pero está en la discreción de la corte aceptar eso, y quien nombraría el grupo sería el Síndico de Estados Unidos”, explicó el abogado Rolando Emmanuelli, estudioso de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica (Promesa, por su acrónimo).

El licenciado aclaró que no es del todo necesario que la UPR esté directamente en un proceso de Título III para que la comunidad universitaria pueda intervenir. Aunque la universidad estatal no está bajo dicho título, sí es una de las entidades del gobierno –que sí está en quiebra– cubiertas por Promesa y bajo jurisdicción de la Junta de Control Fiscal (JCF).

“A mi juicio, los recortes del plan fiscal y del presupuesto ya perjudican directamente a la universidad, y por consiguiente a los profesores, empleados y estudiantes. A partir del 1 de julio vienen unos recortes dramáticos que van a representar pérdidas de plaza, pérdidas de servicios, pérdidas de acreditaciones, cierre de programas. El daño a la UPR y a todos sus componentes es inminente”, agregó.

Las ventajas

La creación de comités de acreedores es una de las dinámicas que se dan en los casos de reestructuración de deuda bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebra federal.

Estos comités tienen la capacidad de consultar la administración del caso de quiebra con el deudor –el gobierno, en esta ocasión–, y participar en la elaboración del plan de ajuste de deuda. También podrían contratar abogados u otros peritos para las labores del comité, cuyos honorarios pagaría el deudor.

Al momento, dentro del proceso de Título III que se ventila en el foro federal hay tres comités: el Comité de Retirados del ELA, el Comité de Acreedores No Asegurados del ELA, y el Comité de Acreedores No Asegurados de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

En el caso de la UPR, “el detalle es que se le podría llamar el comité de acreedores sociales, porque no tiene la misma categoría de un acreedor al que se le debe directamente, sino que la acciones de la JCF y la reducción de presupuesto le perjudica”, planteó Emmanuelli.

El abogado señaló que, por el momento, ningún sector de los que se verían afectados por los recortes a la institución ha comparecido. Sin embargo, aclaró que la comparecencia per se no es garantía de que se nombrará un comité con representación multisectorial, ni comités individuales por sector, ni que se nombre como representante del comité al mismo sector que comparece a la corte.

El caso de los estudiantes se complica porque un cuerpo oficial, como lo son los consejos generales, no tiene personalidad jurídica. Dicho de otro modo, como sector, el alumnado puede ser parte de un comité, pero no puede ir a la corte a pedir la creación de un comité.

“Por ejemplo, los estudiantes pueden tener dificultad en sufragar honorarios de abogado. En un caso hipotético donde estos tengan personalidad jurídica, podrían comparecer y plantear ‘mira, nosotros somos un interés que amerita protección. La UPR también tiene profesores y empleados. Creemos que se podrían tramitar mejor los reclamos de estos grupos si se nombra un comité’. Convencer a la jueza y al síndico es cuesta arriba, pero es una opción que hay”, adujo Emmanuelli.

Contemplan la movida

Entre la comunidad universitaria, la posibilidad de que sectores comparezcan ante la corte federal para pedir la formación de un comité en pro de los intereses de la UPR que participe en la negociación de los planes de ajuste de deuda del gobierno se ha discutido.

“No lo descartamos”, sostuvo José Torres Rosario, presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes. “Hemos estado buscando alternativas y las personas que mejor puedan representarnos. Pero tenemos que estar claros que una vez se entra en estos procesos, hay que ponerlo todo sobre la mesa”, sumó.

Por su parte, Mikael Rosa, líder estudiantil del Recinto de Río Piedras, señaló que entre los elementos a tomar en cuenta está qué colectivo irá en representación del alumnado: si los consejos generales u otro organismo.

“En el movimiento estudiantil se ha planteado crear una federación estudiantil nacional desde la UPR. Eso está en pañales, se está iniciando. Pero si debe haber un cuerpo del estudiantado con personalidad jurídica formal, esa discusión no se ha tenido”, detalló.

Para Orlando Santiago, miembro del Comité de Trabajo de Derecho, la oportunidad de comparecer como parte de un comité permitiría contender que la UPR es un servicio esencial y, por lo tanto, quedar exenta de recortes.

Serviría, añadió, para abonar a los argumentos que ya han presentado distintos acreedores con respecto a la inconstitucionalidad de varias emisiones de bonos recientes.

“Nuestra pregunta es qué significa ser parte interesada en el caso de los estudiantes, si es un estándar de legitimación activa diferente”, planteó Santiago. Pero “el argumento que como comunidad universitaria organizada en un comité podría traerse sería considerar la educación como servicio esencial y el efecto que eso tiene, que es no imponer recortes”, expuso Santiago.

“Es importante entender que no existe experto en este tema. Promesa es un animal extraño, y hay cosas que no están del todo claras. Eso invita a que los juristas tomen la iniciativa y sean creativos con los argumentos”, puntualizó el estudiante de cuarto año de la Escuela de Derecho de la UPR.

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