Ante la amenaza que supone un impacto presupuestario producto de una reducción de $300 millones a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y en respuesta a la incertidumbre que prolifera en el alto mando de la UPR tras las presiones del gobierno y la Junta de Control Fiscal (JCF), la comunidad estudiantil de UPR en Ponce decretó un paro efectivo desde hoy, hasta el 23 de febrero a las 11:59 p.m.
Igualmente, el estudiantado de la institución sureña acordó sumarse a una manifestación frente al Capitolio, que fue acordada para el jueves de la semana próxima y aprobada, inicialmente, en la asamblea general del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), donde se aprobó un paro de 24 horas efectivo el 22 de febrero.
La movilización estudiantil a San Juan este próximo miércoles, según aprobada hoy, no solo incluirá manifestaciones en la Casa de las Leyes , sino que también se espera se extienda a La Fortaleza y a las oficinas de Administración Central.
Inicialmente, entre las primeras mociones presentadas durante la asamblea en UPR en Ponce se tenía como objetivo organizar una paralización indefinida del recinto, pues, según algunos estudiantes, el Gobierno de Puerto Rico y las políticas austeras impuestas a raíz del establecimiento de la JCF “han ignorado las propuestas estudiantiles e insisten en pisotear a la UPR”.
Asimismo, ante la preocupación de que la presente administración universitaria -a nivel central- no ha presentado un documento oficial en el que al menos se ofrezca un repaso del panorama de la situación fiscal de la UPR, se presentaron mociones para exigir la renuncia de la presidenta interina, Celeste Freytes, si de aquí al lunes de la semana que viene no se hace público ningún documento u información.
“En tiempos como estos es momento de reforzar la universidad, no de debilitarla […] Los estudiantes merecemos transparencia [porque] la UPR es de nosotros”, afirmaron algunos, al tiempo que otros reafirmaron su postura en contra de la JCFl y la imposición de la ley PROMESA.
El Consejo General de Estudiantes (CGE) de la institución aprovechó, además, para ofrecer un recuento detallado de lo que ha acontecido en la Junta de Gobierno de la UPR, así como en las reuniones de la Junta Universitaria. Entre los temas que abundaron con precisión, resaltó el posible golpe que sufriría la UPR en Ponce y la región a la que responden si se decide eliminar programas. Del mismo modo, dieron a conocer que su presupuesto, de aproximadamente $26 millones, de los que poco más de $12 millones corresponden a sus programas académicos, no aguantaría los recortes que recomienda el aparato gubernamental de turno.
Por otro lado, el estudiantado ponceño hizo un llamado a tomar conciencia de la coyuntura histórica que enfrenta la UPR e hicieron un llamado de unidad, pues “la lucha lo requiere y, si se quiere lograr algo, es importante que todos estemos unidos como en la huelga del 2010”.
“Gracias a las personas que en el 2010 estuvieron en los portones, en el capitolio y en todos los escenarios de lucha, hoy no pagas $800 de cuota. Gracias a la lucha se logró eso y ahora podemos lograr más”, aseguró un estudiante en su intervención.
Además, del llamado a la unidad sistemática de todos los sectores y unidades de la UPR, en la asamblea, a la que asistió un 32% de la matrícula institucional, se discutieron las preocupaciones particulares de cada una de sus facultades y departamentos.
El próximo miércoles los estudiantes del Recinto de Río Piedras (UPRRP) celebrarán su asamblea general, en la que se espera una determinación respecto a la posibilidad de decretar un paro. Ayer en la tarde tres facultades de la institución riopedrense aprobaron paros condicionados [Ciencias Sociales, Educación y Humanidades] a los resultados de la venidera asamblea. Previamente, la Escuela de Derecho había aprobado un voto de huelga igualmente condicionado.
En su página oficial de Facebook, el CGE del Recinto de Río Piedras invitó a su comunidad estudiantil a reflexionar sobre quiénes realmente se ven afectados por un recorte de $300 millones al presupuesto de la institución, así como el posible aumento de matrícula y trastoque de exenciones. “No podemos permitir que se pretenda solventar la crisis afectando a los sectores más vulnerables”, sentenciaron.
