Aunque para el presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, la Universidad de Puerto Rico (UPR) es un servicio esencial, eso no impedirá que su presupuesto sufra recortes, como el propuesto de $162 millones que entrará en vigor mañana.
El pueblo, además, debe preparase para la posibilidad de una reducción en la jornada laboral en septiembre, a pesar de que el gobierno rechace esa opción.
Las expresiones de Carrión –una reiteración de lo que ya ha dicho en las últimas semanas– se dieron en la octava audiencia pública de la JCF, que certificó hoy –en el último día que tenía para hacerlo y a un año de la legislación de Promesa– el presupuesto gubernamental de $9.5 mil millones, condicionado a un recorte adicional de $13 millones en gastos operacionales de la Asamblea Legislativa. Estos se suman a $11 millones menos previos para esa rama de gobierno, lo que una disminución final de $24 millones.
Pero la contienda principal de la reunión constó en la interpretación, que por un lado da la JCF y por el otro el gobierno, sobre cómo es que exactamente entrarían en vigor la reducción de la jornada laboral y la eliminación al bono de Navidad de los empleados públicos.
El ente federal entiende que ambas medidas son parte integral del plan fiscal del gobierno certificado en marzo, explicó Ana Matosantos, una de las integrantes del organismo federal.
El gobierno, a su vez, considera que son simplemente recomendaciones, rebatió Elías Sánchez, representante de la actual administración ante la JCF, aludiendo que si bien la sección 205 de Promesa dispone que la junta haga recomendaciones para cumplir con el plan fiscal, el gobierno puede decidir si las acoge o no.
En síntesis, expuso Matosantos, el gobierno cumplió con la primera condición de la enmienda al plan fiscal, que era lograr $200 millones en liquidez para el 30 de junio. En consecuencia, la reducción de la jornada laboral se movió para septiembre.
Sin embargo, todavía falta que el gobierno presente los planes de reducción del gasto gubernamental contemplados en el plan fiscal, que para el año fiscal que comienza mañana deberán totalizar $440 millones. De esos, hay duda sobre $200 millones, pues los planes de implementación fallan en demostrar cómo la administración los completará.
Si no se logra convencer a la JCF de que lograrán los $440 millones, entraría en vigor la reducción de la jornada laboral, aún con la oposición del gobierno, que ha adelantado que acudiría a los tribunales para litigar el asunto.
En la reunión también se aprobaron los presupuestos de la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y del Banco Gubernamental de Fomento. En el caso de las primeras tres corporaciones públicas, el gobierno tiene 45 días para entregar los planes fiscales revisados, cuyos cambios deben reflejarse en los presupuestos.
Optimismo con deuda de la UPR
Mientras, Gerardo Portela, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), aclaró que la UPR se encuentra en un proceso de negociación voluntaria con sus acreedores bajo el Título VI.
Agregó que la institución consignó $40 millones –$20 millones hoy y otros $20 millones en agosto– para el servicio de su deuda, que este año fiscal rondó los $62 millones. La UPR pagará a sus bonistas en junio y en diciembre.
“Todo esto es para seguir negociando de buena fe con los diferentes acreedores. Estamos cómodos” en las conversaciones, sostuvo Portela.
La deuda de la UPR es de $496 millones, menos de 1% de los $74 mil millones de la deuda pública. El repago de esta se garantiza con los ingresos propios de la institución –entre estos, la matrícula, que solo este año fiscal rondó los $84 millones–.
Por otro lado, a preguntas de Diálogo sobre cómo se conciliaba la asignación presupuestaria de $771 millones a la UPR para el próximo año fiscal con la Ley 3 del 2017 –que congeló en $833.9 millones lo que recibe el centro docente por concepto del Fondo General hasta el 2021–, Sánchez explicó que se interpone la supremacía de Promesa.
“Todo lo que tenga que ver el con el proceso presupuestario cambia con Promesa. Aquí lo que impera es la cláusula de supremacía. Tienes una ley federal que dice que los presupuestos [de entidades del gobierno] de Puerto Rico ahora tienen que ser consistentes con el plan fiscal, y por la cláusula de supremacía, ceden ante este todos los aspectos de las leyes locales”, incluyendo las asignaciones presupuestarias previamente establecidas, explicó.
Antes de Sánchez, Carrión evadió contestarla porque “la UPR no cuenta con un plan fiscal”.
Disponible el Título III para AEE, pero continuarán negociaciones
Por otro lado, el presidente del organismo federal aclaró que si bien acogían la petición de Título III para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que peticionó hoy en la mañana el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, por el momento se abstendrán de ir a la Corte de Distrito federal ya que mantienen conversaciones con los acreedores.
El corredor de seguros dijo que entre las razones para no certificar el acuerdo consensual entre los bonistas de la AEE y la agencia bajo el Título IV de Promesa, estaban que este no parecía uno “completo” porque dejaba muchas cuestiones significativas “abiertas”.
Entre estas, que ni el gobierno ni la corporación pública lograron demostrar de dónde saldrían $500 millones necesarios para, entre otros asuntos, financiar una estación de gas natural en cumplimiento con requisitos ambientales.
Además, la AEE tiene unos convenios laborales “insuficientes”, puntos que no se pueden atender bajo un acuerdo voluntario de reestructuración de deuda dispuesto en el Título VI, planteó Carrión.
“El acuerdo representaba el riesgo de aumentar los costos de electricidad y poner en peligro toda la misión de Promesa de eliminar las cargas fiscales al hacer más caro vivir en la isla y hacer negocio”, sumó.
La decisión de la JCF de no acoger la reestructuración voluntaria es la primera determinación del organismo que no es unánime, indicó Carrión.
La deuda de la AEE ronda los $9 mil millones. Las conversaciones con los acreedores datan desde el 2015, y de frustrarse en los próximos días, se pasaría al proceso judicial de reestructuración de deuda provisto bajo el Título III.
